La vigente legislatura, la que resultó de las elecciones de julio del 2023, se rige por dos características específicas que, combinadas, la diferencian de todas las anteriores. La primera es que la soberanía parlamentaria, emanada del voto ciudadano, quedó laminada por el Tribunal Supremo con su negativa a aplicar la ley de amnistía aprobada hace ahora poco más de dos años. El Congreso quedó sometido a la tutela de la sala segunda del alto tribunal.
La vigente legislatura, la que resultó de las elecciones de julio del 2023, se rige por dos características específicas que, combinadas, la diferencian de todas las anteriores. La primera es que la soberanía parlamentaria, emanada del voto ciudadano, quedó laminada por el Tribunal Supremo con su negativa a aplicar la ley de amnistía aprobada hace ahora poco más de dos años. El Congreso quedó sometido a la tutela de la sala segunda del alto tribunal.Seguir leyendo…
La vigente legislatura, la que resultó de las elecciones de julio del 2023, se rige por dos características específicas que, combinadas, la diferencian de todas las anteriores. La primera es que la soberanía parlamentaria, emanada del voto ciudadano, quedó laminada por el Tribunal Supremo con su negativa a aplicar la ley de amnistía aprobada hace ahora poco más de dos años. El Congreso quedó sometido a la tutela de la sala segunda del alto tribunal.
Los diputados invistieron a Pedro Sánchez porque, entre otras cosas, este se comprometió a impulsar desde su futuro gobierno esa ley de gracia. Norma que, efectivamente, se votó en mayo del 2024. Dos meses después, en julio, el Supremo rechazó aplicarla y el Parlamento descubrió que su soberanía fue suspendida. Y no por el Constitucional.
La otra característica especial es que el voto ciudadano había arrojado una mayoría parlamentaria conservadora, de derechas, en términos socioeconómicos. Pero, precisamente por la herida abierta de la crisis catalana, esa mayoría no podía cuajar en un acuerdo de investidura. La amnistía coaguló una ajustada mayoría alternativa encabezada por Sánchez.
En esa situación de mínima suma del bloque de apoyo al nuevo Gobierno, un elemento claro de debilidad, la oposición de PP y Vox, contó con el pulgar del poder judicial para bloquearlo y enturbiar la dinámica política.
Desde entonces, la actividad parlamentaria ha sido crecientemente sustituida por una agenda judicial y policial. Informes y autos han ido ampliando su onda expansiva hasta apenas dejar espacio para nada más. Bien por la vía de complicarle los pactos al Gobierno, es el caso manifiesto de Junts, el partido de Carles Puigdemont, cansado de sostener a un presidente impopular para sus votantes, sin gozar de los prometidos beneficios de la ley de gracia. Bien por la de introducir un nivel de ruido tal que bloquea la actividad del ejecutivo, sin aire para respirar.
Se ha alzado una tutela sobre el Congreso y el Gobierno aplicada por una cadena que arranca en la mencionada sala segunda, pasa por los juzgados especiales de la Audiencia Nacional y algunos magistrados muy selectivos, y engarza con varias unidades policiales especiales.
En algunos casos podría parecer que para bien, como en los de corrupción. Aunque no así en la sentencia del caso Ábalos-Koldo, a la vista de la práctica absolución penal y económica de Víctor Aldama; un veneno jurídico con objetivo directamente político. En otros, abiertamente para mal. Como en el de la mentada amnistía o los de los extravagantes jueces que escriben autos sin sentido y dirigen instrucciones caprichosas.
Sectores económicos coquetean con la idea de un jefe de gobierno ajeno a los dos grandes partidos
Aunque no lo necesitaban, los magistrados del Supremo contaron en su rechazo a la ley básica de esta legislatura, la de amnistía, con el aliento y el estímulo previo y paralelo del PP de Alberto Núñez Feijóo. A este todo parece irle de cara, en lo que se refiere a los asuntos judiciales.
Pero el dirigente popular debería prestar más atención a las fuerzas que esa dinámica puede estar desatando. El impulso que puede estar dando al excesivo protagonismo y preeminencia de poderes que no deberían sentirse por encima del resto. Ahora el PP tiene que sufrir, con una mezcla de impotencia e impaciencia, los efectos del aplazamiento estéril de una aministía, en buena medida por su propia acción política, sobre su estrategia de derribo del Gobierno y su delirio de pedirle a Junts el voto a su moción de censura.
Del lado del Gobierno y sus socios, penan no haber acometido con decisión la reforma de la justicia. Ni de la policía. Los abusos de algunas unidades de esta última, que viene de décadas pero que llegaron a su máxima expresión durante el Gobierno de Mariano Rajoy, siguen sin haber sido expurgados. Ninguna limpieza interna, ni reforma de su funcionamiento, ni nuevo programa de selección de sus miembros.
Al final, los apoyos que hasta ahora han permitido gobernar a Sánchez se han ido licuando, perdiendo solidez. Se mantienen a regañadientes, como es sobradamente visible en el caso de Junts y menos ruidoso pero igualmente palpable en el del PNV de Aitor Esteban.
En este cuadro, desde sectores económicos se han vuelto a ensayar vías de reconducción sugiriendo soluciones externas a los grandes partidos. Ya le pasó a Rajoy, cuando a las puertas del rescate bancario europeo, algunos banqueros, ejecutivos y empresarios de relumbrón comenzaron a hacer circular nombres de posibles relevos técnicos. El llamado caballero blanco. Se trataba de aplicar el programa de ajuste exigido por la troika, los hombres de negro: el BCE, el FMI y la Comisión Europea. La cosa quedó en nada.
Ahora, los promotores de la idea piensan en una solución parecida: salida de Sánchez y nombramiento de un nuevo presidente que se encargaría de aplicar la amnistía y convocar elecciones. La última formulación la realizó la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, esta misma semana. Aunque habló de una solución a lo Keir Starmer, en referencia al premier británico, quien ha dimitido tras su mediocre gestión y será sustituido por un diputado de su partido. Pero la diputada independentista deslizó un matiz que abría puertas a otras soluciones: el sustituto de Sánchez “no necesariamente tiene que ser del PSOE”. De nuevo el caballero blanco.
Ya se ha mencionado la causa del alejamiento de Junts del presidente del Gobierno. En el caso de los promotores económicos de esa aventura, su interés reside en acelerar al máximo la salida de Sánchez de Moncloa y evitar posibles medidas contrarias a sus intereses y en anticiparse a una futura tensión descontrolada. Rebajar la presión y poner el contador a cero.
El Congreso ha visto limitada su capacidad soberana, con efectos sobre la vida política
El problema para los defensores de esa vía, que también implica una hibernación parlamentaria, es que el PP no ve más salida que las elecciones y por lo tanto solo piensa en Feijóo como posible presidente y la gran mayoría del PSOE defiende la continuidad en el Gobierno de su actual líder y secretario general. Es decir, que no hay espacio.
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