Las sillas de plata de la Cambra de Barcelona siguen generando polémica, incluso después que el pleno del ente aprobara el jueves esta controvertida medida. Los grupos parlamentarios de los Comuns y la CUP registraron ayer de manera conjunta una solicitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre diversos artículos de la futura ley de Cambres, un texto que lleva más de una década encallado sin llegar al Parlament. La norma, una propuesta elaborada por las mismas cámaras, se tenía que votar en el hemiciclo el próximo miércoles, pero a todas luces esta petición retrasará el trámite de nuevo hasta septiembre.
Los Comuns y la CUP recurren al Consell de Garanties Estatutàries para protestar por la medida
Las sillas de plata de la Cambra de Barcelona siguen generando polémica, incluso después que el pleno del ente aprobara el jueves esta controvertida medida. Los grupos parlamentarios de los Comuns y la CUP registraron ayer de manera conjunta una solicitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre diversos artículos de la futura ley de Cambres, un texto que lleva más de una década encallado sin llegar al Parlament. La norma, una propuesta elaborada por las mismas cámaras, se tenía que votar en el hemiciclo el próximo miércoles, pero a todas luces esta petición retrasará el trámite de nuevo hasta septiembre.
Los Comuns y la CUP piden al Consell que determine la constitucionalidad de las sillas de plata, con las que grandes empresas pueden obtener una vocalía en el pleno de la Cambra a cambio de una aportación económica. Hasta ahora había solo dos de estos asientos, después de que la candidatura independentista Eines de País redujera su peso.
La ley de Cambres, que se debía aprobar el próximo miércoles en el Parlament, lleva más de una década encallada
La reforma aprobada por la mínima el jueves –se desempató con el voto de calidad del presidente de la Cambra, Josep Santacreu– las amplía a diez. Aun así, quien fija el máximo y mínimos de sillas de plata que pueden tener las cámaras no es la ley catalana, sino la estatal. Según esta norma, dos terceras partes de las vocalías del pleno se tienen que escoger por sufragio, por lo cual la Cambra tendría margen para llegar hasta 14 sillas de pago.
Para los Comuns y la CUP, la ley de Cambres catalana “cuestiona las bases del diálogo social y lo desequilibra hacia la parte empresarial”. Además, ambos partidos denuncian que la norma no incorpora las principales recomendaciones del CTESC para proteger el papel de sindicatos y patronales. En el pasado, esta levantó ampollas entre las organizaciones empresariales, que rechazaban que las cámaras también tuvieran representatividad en las mesas de diálogo social.
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