Catalunya ha dado un paso decisivo al reconocer el tercer sector social como actor esencial de las políticas públicas. Hay que completarlo.
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Catalunya ha dado un paso decisivo al reconocer el tercer sector social como actor esencial de las políticas públicas. Hay que completarlo.
Las movilizaciones recientes han situado la vivienda en el centro de las preocupaciones ciudadanas. Es inseparable de la dignidad humana. Sin un hogar digno y estable, los derechos sociales se convierten en una quimera.
Pero tener una vivienda es más que disponer de un techo. Para las personas vulnerables, un hogar estable con apoyo social permite reconstruir un proyecto de vida, recuperar la autonomía y superar la exclusión. La aprobación de la Ley 6/2026, del tercer sector, y de la Ley 11/2026, de medidas fiscales, representa un avance relevante. La primera reconoce las entidades sociales como agentes estructurales e incluye la vivienda entre sus ámbitos. La segunda permite concertar o delegar en entidades de iniciativa social la gestión de viviendas sociales y el acompañamiento de los residentes.
Es un cambio de paradigma: la vivienda se reconoce también como instrumento de inclusión social. Para desplegar el potencial, hay que incorporar cuatro enmiendas de la Coordinadora de Fundaciones de Vivienda Social ( COHABITAC) al Proyecto de ley de los instrumentos de provisión del Sistema Público de Servicios Sociales, en tramitación.
El hogar permite reconstruir proyectos de vida, recuperar autonomía y superar la exclusión
La primera reconoce como entidades de servicios sociales las organizaciones de iniciativa social que gestionan viviendas para personas vulnerables y ofrecen acompañamiento, también en cooperación con otras entidades. Aportaría seguridad jurídica y evitaría separar gestión residencial e intervención social. La segunda permite que estos servicios integrados sean objeto de acción concertada. Así se consolidaría una colaboración publicosocial estable, centrada en la calidad y la continuidad de los procesos de inclusión, sin recurrir necesariamente a la contratación pública ordinaria.
La tercera establece que estos servicios se incorporen a la Cartera de Servicios Sociales en seis meses, con estándares de calidad y costes reales que incluyan vivienda y acompañamiento profesional. La cuarta posibilita el cofinanciamiento entre la Generalitat y otras administraciones, imprescindible cuando las actuaciones combinan vivienda, servicios sociales, salud e inserción laboral. Las personas no viven las necesidades por compartimentos; las políticas tampoco tendrían que financiarlas separadamente. Estas propuestas no buscan privilegios. Quieren dar coherencia, seguridad jurídica y financiación adecuada.
El Parlamento puede completar la reforma: convertir el reconocimiento jurídico en capacidad real de actuación y pasar de la fragmentación a la integración y de la precariedad financiera a la estabilidad de los servicios.
Garantizar una vivienda digna es imprescindible. Hacerlo con el acompañamiento necesario para construir una vida autónoma e inclusiva es hacer efectiva la función social de la vivienda.
Economía
