Vuelven a retumbar los tambores de guerra comercial.
Washington apoya su base legal basada en el trabajo forzoso y en una ley de 1930
Vuelven a retumbar los tambores de guerra comercial.
Donald Trump está preparando una nueva ola de aranceles sobre hasta 60 países. La fecha clave es el próximo viernes, cuando caducan los derechos de aduana globales del 10% actualmente en vigor que impuso el presidente de EE. UU., después de que el Tribunal Supremo anulara el pasado mes de febrero sus anteriores barreras tarifarias “recíprocas” al considerar que el magnate excedió sus competencias.
Esa medida provisional a punto de expirar tiene su amparo legal en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al inquilino de la Casa Blanca imponer restricciones comerciales en caso de problemas graves de la balanza de pagos o depreciación del dólar durante 150 días, que acaban a finales de esta semana. Más allá de este plazo, el Congreso debería aprobar una prórroga, algo muy improbable en las actuales condiciones políticas.
Los derechos de aduana actuales caducan este viernes y la Casa Blanca busca alternativas
De allí que, tal como adelantaban ayer varios medios financieros, Donald Trump piensa encontrar una nueva base legal para seguir adelante con su política proteccionista. Esta vez pretende invocar otra sección de la mencionada Ley de Comercio de 1974: en concreto, la 301. ¿Qué es lo que dice la norma? Permite al presidente tomar represalias contra países que incumplen acuerdos comerciales internacionales o actúan de forma injustificada, discriminatoria o irrazonable contra el comercio estadounidense. ¿Y cuáles serían estas supuestas violaciones?
La ley prevé que primero tenga que abrirse una investigación formal por parte de la Oficina del Representante Comercial (USTR), la cual lleva tiempo en marcha. La administración norteamericana acusa a estos países de promover o permitir el trabajo forzoso y, por ello, quiere aplicar un gravamen a las mercancías vinculadas a estas prácticas laborales abusivas.
Una maniobra que incluye a unos cuantos países asiáticos donde —en el pasado— hubo casos demostrados (en China, Tailandia o Malasia) de trata, transferencia de mano de obra o servidumbre por deudas. Pero también golpea a 14 países de la UE, donde las normas sobre tutela del trabajo son muy estrictas. No obstante, EE. UU. acusa a la UE de laxitud o inacción y argumenta que Bruselas no prohíbe de forma efectiva o estricta la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso en sus propias fronteras. A los europeos se les aplicaría un recargo del 10% y al resto, unos 12,5%.
La administración estrena una tarifa del 50% sobre la mayoría de productos canadienses
A diferencia de la Sección 122 (la base legal de los aranceles en vigor desde el pasado mes de febrero), estas nuevas tarifas que Donald Trump se ha sacado de la chistera son potencialmente más letales: tienen plazos de aplicación más duraderos (cuatro años renovables de forma indefinida) y no tienen ningún tope máximo. El representante de Comercio, Jamieson Greer, dijo ayer al respecto que “esperamos que haya novedades pronto”.
Los estados cuyas exportaciones se verán afectadas por esta medida no tienen muchas opciones para reaccionar. No pueden recurrir las medidas de la Sección 301 directamente ante los tribunales internos de Estados Unidos ni exigir la anulación de los aranceles en el sistema judicial estadounidense. Como mucho, tienen derecho a presentar alegaciones en la investigación de la USTR. Podrían recurrir ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero EE. UU. ya hace tiempo sostiene que los fallos de este organismo no tienen efecto en su sistema legal; además, el órgano de apelación de la OMC está bloqueado porque los norteamericanos se oponen a su renovación. Por lo tanto, solo quedan dos alternativas: o que haya un recurso por parte de una empresa importadora estadounidense —por ejemplo, al considerar que sus negocios están perdiendo competitividad o viéndose perjudicados por la medida proteccionista— o bien responder con medidas de retorsión comercial, lo que daría lugar a un conflicto a gran escala.
Por cierto: la UE acaba de aprobar, tras un largo proceso, el acuerdo comercial con EE. UU., que prevé un techo arancelario del 15%. Habría que ver cómo quedaría el pacto si entrara en vigor este nuevo arancel por no luchar de forma efectiva contra el trabajo forzoso: si este porcentaje del 10% se añadiría al preexistente 15% o no.
El plan prevé una recarga del 10% para la UE y del 12,5% para otro bloque de países, como asiáticos y China
El recrudecimiento de la política comercial estadounidense se produce a pocas semanas de las elecciones de medio mandato después del verano. Trump anunció justo ayer un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá por un valor de casi 20.000 millones de dólares. Estos nuevos gravámenes entrarán en vigor dentro de treinta días y excluyen, entre otros, la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.
Una vez más, Trump recurre a otra artimaña legal: la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una norma de lea Gran Depresión de casi 100 años que había caído en desuso. Washington alega discriminación persistente por parte de Canadá hacia productos estadounidenses, destacando las cuotas al sector lácteo y las restricciones y cargas fiscales a las bebidas alcohólicas de EE. UU.
Carta de los legisladores de EE.UU.
Un grupo de 25 legisladores de Estados Unidos ha escrito al presidente Donald Trump para instarle a actuar contra las normas tecnológicas europeas, incluso lanzando investigaciones comerciales, al considerar que las políticas digitales de la UE apuntan injustamente a las grandes tecnológicas estadounidenses.
En una carta vista por Reuters, los legisladores se centraron en la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, destinada a limitar el poder de Amazon, Apple, Booking, ByteDance —propietaria de TikTok—, Google, Meta Platforms y Microsoft.“Escribimos para llamar su atención sobre las múltiples formas en que la UE sigue recurriendo a actos, políticas y prácticas anticompetitivas como herramienta de extracción económica y coerción regulatoria contra las empresas estadounidenses, y para animar a su Administración a adoptar medidas decisivas antes de que la UE afiance aún más este régimen antiestadounidense”, escribieron los legisladores en la carta. La Comisión Europea afirma que sus normas no están dirigidas contra ningún país y que buscan garantizar unas condiciones de competencia equitativas.
Estos legisladores son todos republicanos y siete de ellos miembros de la subcomisión de comercio de la Cámara de Representantes.
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