El sueldo de 3.400 profesores ayudante doctor contratados por las comunidades con una partida del Estado bajo el programa María Goyri pende de un hilo desde esta mañana. Los 11 gobiernos regionales gobernados por el PP han decidido no acudir a la Conferencia General de Política Universitaria convocada para aprobar la transferencia urgente de los 149,6 millones de euros a las autonomías. El martes, cuatro comunidades (Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares) argumentaron que no asistirían ni siquiera de forma remota, porque la prioridad debía de ser la coordinación institucional frente al fuego. Este miércoles otras siete se han sumado al desplante.
Aunque la reunión se celebraba en remoto, las 11 autonomías no han acudido a la Conferencia General de Política Universitaria por los fuegos, bloqueando la aprobación de 150 millones para sueldos del programa María Goyri
El sueldo de 3.400 profesores ayudante doctor contratados por las comunidades con una partida del Estado bajo el programa María Goyri, el escalón más bajo de la pirámide académica, pende de un hilo desde esta mañana. Los 11 gobiernos regionales gobernados por el PP han decidido no acudir a la Conferencia General de Política Universitaria convocada para aprobar la transferencia urgente de los 149,6 millones de euros a las autonomías. El martes, cuatro comunidades (Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares) argumentaron que no asistirían ni siquiera de forma remota, porque la prioridad debía de ser la coordinación institucional frente al fuego. Este miércoles otras siete se han sumado al desplante. Tampoco han acudido a la Sectorial de Educación que iba a abordar temas sin la urgencia del programa.
El secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, recordó ayer a las cuatro comunidades que anunciaron que no acudirían que la reunión era telemática, lo que facilitaba su participación. Además, la duración prevista no superaba los treinta minutos, el orden del día constaba únicamente de dos puntos, el reparto ya había sido acordado por unanimidad y el Reglamento permite expresamente que la consejera o consejero sea sustituido por otro alto cargo de su departamento cuando no pueda asistir.
“Para llevar a cabo este reparto no había ninguna negociación pendiente, no había ningún desacuerdo sobre el reparto y no había ninguna votación política pendiente”, explican fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. “El Pleno debía ratificar un acuerdo que ya había sido aprobado por unanimidad en la Comisión Delegada e iniciar de esta forma un procedimiento administrativo imprescindible para transferir los fondos a las comunidades autónomas. Quienes han decidido no asistir sabían perfectamente que estaban bloqueando el inicio de ese procedimiento”, prosiguen estas fuentes.
“Las consecuencias recaen sobre las propias comunidades autónomas y, en última instancia, sobre las universidades públicas y el profesorado beneficiario del programa”, recuerdan desde el ministerio. El reglamento de la Conferencia establece que, para constituir de forma válida el pleno, se necesita la presencia de la mitad más uno de las CCAA.
La conferencia coincidía este miércoles con la reunión sectorial de Educación y a este hecho se ha agarrado la Consejería de Educación de Andalucía, que ha publicado una nota en la que explica su renuncia a las dos reuniones. “El Ministerio de Educación no ha aceptado las reiteradas peticiones de aplazamiento de la reunión por parte de varias comunidades autónomas debido tanto a las situaciones de crisis que sufren en sus territorios por los incendios como por el hecho de que los ministerios han hecho coincidir las convocatorias en el mismo día de las Sectoriales de Educación y Universidades, competencias que asume en muchos casos un mismo consejero o consejera, y por tanto se da la imposibilidad de que puedan acudir a ambas”.
“Esta circunstancia pone de manifiesto una clara descoordinación, falta de diálogo y de sensibilidad con las comunidades afectadas, por lo que Andalucía espera que el Ministerio de Educación convoque de nuevo la Conferencia Sectorial”, critica la consejería andaluza.
Nueve comunidades han pedido entre el martes y el miércoles al ministerio que se retrasase la conferencia: Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia y Baleares. Murcia, que había confirmado su asistencia, no se ha conectado y Aragón ni ha asistido ni había comunicado su ausencia, según detallan fuentes del ministerio.
Por tanto, solo han asistido a la conferencia representantes de comunidades gobernadas o cogobernadas por el PSOE (Cataluña, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco y Navarra) y Canarias, donde Coalición Canaria gobierna con el PP.
“La decisión de impedir la celebración del Pleno altera completamente esa planificación. Por ello, el ministerio ya no puede garantizar que los recursos lleguen a las comunidades autónomas en los plazos inicialmente previstos, una circunstancia que las comunidades ausentes conocían perfectamente cuando decidieron no asistir”, señalan las fuentes del departamento.
Las competencias de universidades están transferidas a las comunidades, pero el Estado decidió en 2024 inyectar dinero a unos campus empobrecidos y con necesidad de reemplazar a la plantilla que se va jubilando a través del programa María Goyri. El Estado va a destinar cerca de 900 millones en seis años a sufragar el sueldo de 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en toda España. Y las comunidades autónomas, por su parte, van a invertir más de 600 millones en pagar el sueldo de otros 2.236 investigadores. Pasado ese plazo, los gobiernos autonómicos se han comprometido a hacer fijos a los 5.636. El pasado mayo ya se había cubierto el 100% de las plazas sufragadas por el Estado y el 14,5% de las autonómicas.
El acuerdo es claramente beneficioso para los gobiernos autonómicos obligados por ley a bajar la temporalidad de las plantillas y reemplazar a los jubilados. Pero el PP intentó que el ministerio asumiese todo el gasto sin éxito. Argumentaron que les causaba un gasto estructural e incluso Madrid firmó fuera de plazo después de haber acusado de “chantaje” al Gobierno. Las comunidades que más fondos dejan de recibir son Cataluña (34,8 millones), Madrid (28,3) y Comunidad Valenciana (17,8).
La ministra Diana Morant repitió más de una vez que quería hacer corresponsables a los gobiernos autonómicos: era una partida excepcional, pues las competencias están transferidas a las comunidades desde los años noventa. Finalmente aceptaron, conscientes de que se espera la jubilación de decenas de miles de profesores. De hecho, los ejecutivos regionales iban a financiar 800 plazas, pero finalmente serán 2.236.
Un portavoz de Educación explica que la no celebración de la Sectorial de Educación va a demorar la entrega a las comunidades de 31 millones que se van a dedicar a proyectos de innovación de FP, formación del profesorado, los ‘campeonatos skills’ y la movilidad del alumnado.
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