El pasado 27 de abril se inició en un grupo de centros educativos de Cataluña (inicialmente eran 14, pero el número se fue reduciendo), la mayoría institutos de Educación Secundaria, un plan piloto que incorpora a mossos d´esquadra como colaboradores de los equipos directivos. Concretamente, en tareas de detección y prevención de conflictos, de mediación y acompañamiento a estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa afectados por situaciones de inseguridad y violencia.
Meter agentes en ciertos centros quizá exacerba problemas y provoca estigmatización: ¿pero no están ya estigmatizados? ¿No sería pertinente reconocer eso y que está torpedeando principalmente a la escuela pública?
El pasado 27 de abril se inició en un grupo de centros educativos de Cataluña (inicialmente eran 14, pero el número se fue reduciendo), la mayoría institutos de Educación Secundaria, un plan piloto que incorpora a mossos d´esquadra como colaboradores de los equipos directivos. Concretamente, en tareas de detección y prevención de conflictos, de mediación y acompañamiento a estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa afectados por situaciones de inseguridad y violencia.
Aunque el proyecto afecta a muy pocos centros, da a entender que tienen serios problemas y, además, que se necesita a la policía para resolverlos. Así se escenifica y hace público uno de los asuntos más sensible y alarmante de la escolarización: la seguridad, la atención y el cuidado de la niñez y juventud en apuros. Si no se está acertando en proteger y garantizar eso tan sagrado, que viene a ser una condición para todo lo demás, salta por los aires la razón de ser, los propósitos, las experiencias cognitivas, emocionales y sociales saludables, los procesos y logros comprometidos y esperados de nuestras instituciones educativas. ¡Casi nada!
El plan, nada más nacer, fue objeto de intensos reflejos mediáticos. Se ha abierto una caja de truenos: análisis críticos por doquier, juicios diversos, razonables la mayoría, estrambótico alguno, una lista de propuestas alternativas. Una vez pasado el fragor de la contienda, añadamos algunas otras consideraciones.
Aunque la escala del proyecto es muy reducida y no pasa de representar un episodio aislado, ha terminado operando como un test; desde luego, para los agentes del plan, y seguramente también para los críticos y sus propuestas.
Nos atrevemos a suponer que los responsables de la iniciativa en el Govern estarán, dicho lo dicho y visto lo visto sacando sus propias conclusiones. En defensa del proyecto, la administración declaró que había sido solicitado por los centros; que era voluntario y flexible y será sometido a seguimiento y evaluación; que, además, se ha inspirado en otras experiencias similares llevadas a cabo con un cierto éxito.
Decimos en el título de este artículo: “no, no es así”. Y no lo es a nuestro entender. Por lo conflictiva que es una solución (policial), el modo de comunicar el plan, los indicios de no haberlo deliberado y concertado con todas las partes, la ausencia de formación y ajuste del proyecto en cada centro. También, por no tener en cuenta que cualquier innovación o cambio en educación ha de ser cuidadoso en extremo con lo que se cambia, por qué, cómo, para qué y con quiénes. Cuando ello se incumple, puede suceder que, en vez de mejoras, se provoquen, sin quererlo, más problemas y destrozos que logros. Lo que nos infunde más desasosiego, si todavía cabe, es que, simbólicamente, un plan así certifica que nuestras instituciones educativas (aceptemos que solo algunas de ellas) se encuentran tan sobrepasadas por determinadas circunstancias, que está descosiéndose la mayoría de sus costuras, por no decir todas. Certificación de impotencia, y cancelación de capacidades institucionales, de mejoras educativas con sentido de esperanza y fundamento, encarando como es menester retos sin duda complejos. Ojalá que, con los centros que quedan en el plan, los promotores aprendan para bien; con ellos aprenderíamos todos.
También en el título escribimos: “ni tampoco lo otro”. Nos estamos refiriendo a cuestionamientos, críticas y juicios severos desde muchos frentes, en no importa qué medios y audiencias. Decíamos antes que compartimos la mayoría: nos parecen razonables. En esencia, subscriben la complejidad del tema; que los conflictos escolares hunden sus raíces en entornos sociales, culturales, familiares, laborales, habitacionales, repletos de indignidades y condiciones de vida inhumanas. Sin esos y otros conflictos, sin las dinámicas que los provocan y van dejando malestar e incertidumbre existencial, inequidad y exclusiones privadoras de derechos esenciales y comunes, las mochilas de nuestra niñez y juventud no irían cada mañana tan sobrecargadas. Entrarían de otro modo en las escuelas, sus trayectos por ellas serían bien distintos.
Podemos compartir que, al meter policías en ciertos centros, quizás se exacerben los problemas y se provoque estigmatización: ¿pero no están ya estigmatizados? ¿No sería pertinente reconocerlo y, asimismo, que ello está torpedeando principalmente a la escuela y educación pública? Sí, la imagen de policías llamados a resolver conflictos en centros públicos supone uno de los mensajes más corrosivo en contra del proyecto social, político y educativo de escuela y educación pública. Pero no nos hagamos trampas en solitario al proponer y formular demandas: ¿más profesores, más psicólogos, más trabajadores sociales, más enfermeras, más recursos, mejores horarios y ratios por aula, y pelota hacia delante?
No es que no se necesite más profesionales y recursos, pero puede que eso no sea ya suficiente. Llegados al punto en que estamos, a cada paso otra vía más de agua en el sistema, ¿es un enfoque incremental lo que realmente se necesita para sostener, reforzar y revitalizar la escuela y educación pública? Si una parte importante de sus problemas viene de fuera, ¿no es incoherente proponer que sea ella sola la que resuelva dentro los desaguisados generados más allá y por otros? No más de lo mismo, sino una reconstrucción a fondo, un cambio de paradigma. Por complicado, complejo y difícil sea, no es una opción.
Hace poco la UNESCO reclamó con urgencia un nuevo pacto social por la educación. Desde dentro, las escuelas podrían aprovechar el conocimiento y las prácticas disponibles y contrastadas: en resolución de conflictos y justicia restaurativa; en currículo, enseñanza y evaluación con criterios de justicia, acogida y equidad; en la profesión docente, su malestar y bienestar; en gobierno de los centros y sus vínculos con la comunidad y atendiendo al malestar de los más desheredados también por la escolarización, con servicios sociosanitarios y también policiales, con el mundo del trabajo y del ocio. Movilización de sinergias dentro y fuera de los centros. No solo por algo tan inexcusable como la protección y seguridad escolar, sino también por lo más decisivo: que nadie quede privado ni atrás, aunque para ello haya que convocar e implicar a toda la tribu.
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