Cuando Lourdes Monterrubio terminó su contrato Marie Curie en París y solicitó un contrato Ramón y Cajal con la Universitat Pompeu Fabra, no imaginaba lo que acabaría sucediendo. Esta investigadora en estudios de cine ya tenía relación con la UPF y había colaborado con ella en dos proyectos. Acordaron que se incorporaría con un contrato de la convocatoria de 2022, uno de los más prestigiosos del sistema universitario español: dura cinco años y obliga por ley a la universidad de acogida a crear una plaza permanente tras su finalización. Pero su universidad, como otras, no quiere cumplir ese requisito.
El Ministerio de Ciencia sostiene que solo un 6% de las ayudas ya finalizadas incumple la obligación de estabilizar, pero una treintena de investigadores denuncia su indefensión ante las universidades que desacatan la ley
Cuando Lourdes Monterrubio terminó su contrato Marie Curie en París y solicitó un contrato Ramón y Cajal con la Universitat Pompeu Fabra, no imaginaba lo que acabaría sucediendo. Esta investigadora en estudios de cine ya tenía relación con la UPF y había colaborado con ella en dos proyectos. Acordaron que se incorporaría con un contrato de la convocatoria de 2022, uno de los más prestigiosos del sistema universitario español: dura cinco años y obliga por ley a la universidad de acogida a crear una plaza permanente tras su finalización. Pero su universidad, como otras, no quiere cumplir ese requisito.
El contrato empezó el 1 de abril de 2024. Antes de su incorporación, la UPF le había entregado un compromiso de estabilización —firmado por el vicerrector de Personal Docente e Investigador y por el director del departamento, al que ha accedido EL PAÍS— con un itinerario en dos fases: primero una plaza intermedia, de tenure-track, que debía convocarse como muy tarde a finales de 2025; y, al terminar el contrato en 2029, de profesora agregada. El primer paso no era una promesa a cinco años vista, sino una obligación con fecha y firma que la universidad no cumplió. En marzo de 2025, tras quejarse de un agravio comparativo respecto a la otra Ramón y Cajal del departamento, la dirección le ofreció ayuda para trasladar su contrato a otra entidad y le advirtió de que, de lo contrario, la plaza podría no convocarse. “O traslado mi contrato o no me estabilizan”, relata. La decisión formal llegó en enero de 2026: la Comisión de Profesorado había decidido no convocar la plaza alegando que no existía necesidad docente para su perfil, el mismo que la universidad había firmado en 2023.
La UPF sostiene que su actividad lectiva “solo cubre un 16% de la jornada ordinaria exigible”, porque fija un mínimo de 180 horas anuales para el profesorado permanente; pero ese es el rasero de un permanente: la ley limita a un Ramón y Cajal a un máximo de 100 horas y ni siquiera le obliga a dar clase. “Me responden al recurso de alzada obviando mi contrato Ramón y Cajal, que es por el que se rige mi actividad”, destaca. La AEI, por su parte, le respondió que el compromiso solo es exigible al terminar el contrato, es decir, en 2029.
Consultada por este periódico, la UPF niega que este caso tuviera la estabilización garantizada. “El compromiso del vicerrector era poner a disposición del departamento una plaza tenure-track no más tarde de diciembre de 2025 para que, si la comisión de profesorado lo consideraba oportuno, esta se publicara”, argumentan. El acuerdo de no aprobarla, sostienen, se tomó “basándose en criterios técnicos y académicos objetivos”. La universidad admite que, cuando una convocatoria contempla la estabilización, debe cumplirla, pero matiza que en otras “no establecen la obligatoriedad” y disponen de “cierto margen”. Ella, sin embargo, es de la convocatoria de 2022, que sí la lleva aparejada, y tiene un compromiso firmado.
Monterrubio no es la única afectada. El 14 de julio de este año, más de 30 investigadores firmaron y entregaron una carta al Director de la Agencia Estatal de Investigación. En ella trasladaban su preocupación y vulnerabilidad por la incertidumbre que rodea la estabilización del personal contratado mediante el programa. Algunos de los investigadores “se han visto obligados a financiar temporalmente su propia continuidad mediante proyectos competitivos, buscar oportunidades en otros países o abandonar la institución en la que se habían incorporado a través del programa”, defienden en el escrito. Este periódico ha tenido conocimiento de al menos otros ocho casos similares, pero muchos prefieren mantener su anonimato. Otros abandonan antes el contrato y se quedan en el camino. “Es increíble el nivel de miedo con el que vivimos la excelencia investigadora del Estado”, opina Monterrubio. A otros, como Diego Lozano, la Universidad de Barcelona lo instó directamente a rechazar su estabilización.
De Canadá a Barcelona
A Jordi Honey-Rosés le pasó algo parecido. Tras ocho años investigando en Canadá, se trasladó a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) como Ramón y Cajal, vinculado al Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA-UAB), un centro ajeno a la estructura de departamentos. Su contrato acaba el 31 de agosto. “Me dicen que si no tengo departamento, no tengo lugar para un contrato permanente”, expone. Dejó un puesto en el extranjero para cobrar menos de la mitad en España y, cuatro años y diez meses después, la única salida que le ofrecen es un contrato temporal. “Me proponen un contrato para que no me vaya al paro. Rechazo aceptar menos de lo que ya se habían comprometido”, aclara. En febrero le avisaron de que no cumplirían la estabilización: “Una vicerrectora me dijo que me engañaron”.
La UAB defiende que el contrato de investigador distinguido que le ofrece es una vía válida de estabilización. Honey-Rosés lo niega con un matiz técnico decisivo: un contrato de cinco años puede ser indefinido, pero no permanente, y el programa Ramón y Cajal exige lo segundo. “Mis investigadores postdoctorales tienen contratos indefinidos”, ilustra. La propia Agencia Estatal de Investigación (AEI), en un escrito al que ha accedido EL PAÍS, recuerda a la universidad su obligación de crear “un puesto de trabajo de carácter permanente”.
Consultada por este periódico, la UAB niega el incumplimiento. Sostiene que ofrece a sus Ramón y Cajal la estabilización mediante concursos públicos —Honey-Rosés llegó a presentarse a uno el pasado octubre, pero se retiró al desconfiar del proceso— y que en febrero le propuso pasar a investigador distinguido, con “condiciones salariales equiparables a las de profesor agregado”. “Seguimos esperando su respuesta a ese ofrecimiento”, afirman, pese a que el investigador y 23 colegas de su instituto lo rechazaron por escrito. Él lanza un reto: que la UAB muestre la oferta “en firme” que dice haberle hecho. “No la hay. Lo único que tenemos es el acta que escribí aquella tarde, y que nunca contestaron”.
El coste de no estabilizar
¿Cuánto cuesta incumplir la estabilización? La convocatoria lo mide: si la universidad no crea la plaza permanente, debe devolver la ayuda correspondiente a la quinta anualidad del contrato y pierde la ayuda destinada a financiar ese puesto estable. A ello se suma la indemnización por la finalización del contrato. Honey-Rosés sostiene que la vicerrectora de Personal Académico le cifró el conjunto en unos 150.000 euros, una cantidad que —según su relato y el acta del instituto— la UAB asumiría antes que estabilizarlo. La universidad lo niega y asegura que le ha ofrecido una alternativa. Preguntado por este periódico sobre si esa penalización económica basta para disuadir a una institución que puede optar por pagarla y no cumplir, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades respondió que las consecuencias “constituyen un mecanismo reglado”.
El Ministerio de Ciencia, responsable del programa, aporta datos de que desde 2012 hasta la de 2019, alrededor de un 94% de las ayudas culminan con la estabilización. Un incumplimiento tiene precio, pero ninguna consecuencia más allá de la económica; y a una universidad puede salirle a cuenta pagarlo. Según fuentes de ese ministerio, “los casos en los que no se crea la plaza representan una minoría y responden a circunstancias diversas, por lo que los datos no permiten considerar que exista un problema estructural del Programa Ramón y Cajal”.
Los casos de Honey-Rosés y Monterrubio comparten que nadie se responsabiliza de ellos. El coste, para el investigador, va más allá de su contrato: ha conseguido por su cuenta financiación europea, lo que le permite marcharse a otra universidad y “salvar” su carrera. “Sin eso, sería un postdoc, con peores condiciones y con los términos incumplidos”. Su lectura es la de un sistema que capta a investigadores de fuera y luego no les hace sitio: “Los departamentos no quieren gente de fuera, quieren meter a los de la casa”. Lo que está en juego “es la credibilidad del sistema investigador en España”, critica Monterrubio. Ella ha conseguido más de 22.625 euros de financiación para un proyecto, en beneficio de la universidad que pretende despedirla. “Es inaceptable la indefensión y abandono que sufrimos los investigadores, a merced de las arbitrariedades de las entidades beneficiarias”, concluye.
Sociedad en EL PAÍS
