Las administraciones públicas españolas se juegan hasta 16.000 millones, casi un punto del PIB, en litigios abiertos por empresas y particulares. A ellos hay que sumar varias sentencias desfavorables firmes que ya han costado al erario público más de 4.500 millones por, en algún caso, mala praxis legislativa. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha elaborado un completo estudio sobre esta amenaza para el déficit público.
La mala praxis legislativa ya ha supuesto un coste de 4.500 millones
Las administraciones públicas españolas se juegan hasta 16.000 millones, casi un punto del PIB, en litigios abiertos por empresas y particulares. A ellos hay que sumar varias sentencias desfavorables firmes que ya han costado al erario público más de 4.500 millones por, en algún caso, mala praxis legislativa. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha elaborado un completo estudio sobre esta amenaza para el déficit público.
Las sentencias desfavorables para las administraciones supusieron el reembolso de más de 3.000 millones solo en el 2025. La Airef identifica tres resoluciones judiciales conocidas: la relativa a la desgravación fiscal de empresas extranjeras, por importe de 1.255 millones; la reforma del impuesto de sociedades del 2016, que acarreó la devolución de más de 1.000 millones en el pasado ejercicio, y la sentencia del complemento de paternidad, por 529 millones. A los mutualistas, por su parte, se les devolvieron el año pasado 2.717 millones.
Compañías de hidrocarburos, telecos, fondos internacionales o IAG están pendientes de resoluciones judiciales
El problema no está ni mucho menos solucionado, apunta el supervisor fiscal. Al contrario. En el horizonte se vislumbran varias sentencias judiciales que, si fueran desfavorables, podrían generar el citado agujero a las arcas públicas de hasta 16.000 millones.
Uno de los litigios por resolver es el que afecta al tramo autonómico del impuesto especial de hidrocarburos. La sentencia del TJUE de mayo del 2024 declaró que el tributo, en vigor entre el 2013 y el 2018, no se ajustaba al derecho comunitario. El Ministerio de Hacienda estima un impacto de hasta 6.500 millones. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado este año “en contra del Estado en diversas sentencias”, recuerda la Airef. El coste de las devoluciones asciende a unos 315 millones, más intereses, que se registrarán como déficit en el ejercicio 2026. La cifra, señala el supervisor, irá creciendo.
Otra sentencia que impacta en el déficit este mismo año es la del bono social eléctrico. El Supremo declaró nulo que las comercializadoras eléctricas tuvieran que financiarlo. El coste acumulado en los últimos cuatro años ha sido de 913 millones, y se prevé que siga también aumentando. Hacienda considera inviable estimar el coste total. El litigio sobre el impuesto de actividades económicas de operadores de telefonía móvil tiene, por su parte, una provisión de 1.480 millones. El Supremo también declaró nulo este gravamen al IAE, ya que consideró que no cumplía con los principios de no discriminación, transparencia, justificación y proporcionalidad. Las principales teleco aspiran a recuperarlo.
Estos litigios ya han llegado al Supremo, pero hay otros procesos en curso que no tienen sentencia firme y, por tanto, su gasto no está provisionado. La Airef destaca en este paquete el conflicto por los arbitrajes internacionales en materia de energía. La cuantía de condena de los laudos desfavorables es de más de 1.370 millones, aunque la UE ha instado a España a no efectuar pagos. En materia de transportes hay varios recursos contenciosos-administrativos en la Audiencia Nacional por un importe de 346 millones. También está pendiente de resolver la reclamación de las concesionarias de autopistas, que amenaza hasta 1.800 millones. Igualmente, hay problemas judiciales con subvenciones del Ministerio de Industria, con Acuamed y con la Autoridad Portuaria de Gijón. El llamado “impuesto a pérdidas” también se encuentra pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional.
Otro litigio sin resolver es el que afecta a las tasas por prestación del servicio de gestión de residuos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya lo ha hecho, obligando a devolver la tasa a quienes reclamaran. La sentencia podría reproducirse en otros ayuntamientos, apunta la Airef. También se han presentado demandas contra la llamada tasa Enresa (residuos radioactivos), y de las empresas de telefonía móvil contra la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. Por último, el grupo IAG tiene pendiente conocer cómo queda la carga tributaria de la fusión de Iberia y British Airways.
La Airef también identifica un aumento de los riesgos fiscales asociados a los avales que gestiona el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además de las ayudas aprobadas durante los últimos años (en la pandemia, tras la guerra de Ucrania, por la dana de Valencia, para la adquisición de la primera vivienda y para apoyo a empresas afectadas por los aranceles impuestos por Trump), se suma ahora una nueva línea destinada a cubrir el impago del alquiler. El supervisor fiscal recuerda que es el Estado quien debe financiar la cobertura de estos avales con cargo a los presupuestos generales del Estado (prorrogados). El Gobierno ha presupuestado más de 300 millones en los próximos tres años para sufragar esos impagos en contratos de arrendamiento. El ICO, en definitiva, es identificado por la Airef como otro actor de riesgo fiscal.
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