Las empresas dedicadas a los centros de datos han salido con “preocupación” de la reunión celebrada este miércoles con el Gobierno acerca del proyecto de real decreto para el sector en el que se cribará la conexión de instalaciones mediante la fijación de los estándares ambientales más exigentes.
Los grandes proyectos anunciados en Madrid o Aragón deberán cumplir los máximos estándares ambientales fijados en el próximo decreto
Las empresas dedicadas a los centros de datos han salido con “preocupación” de la reunión celebrada este miércoles con el Gobierno acerca del proyecto de real decreto para el sector en el que se cribará la conexión de instalaciones mediante la fijación de los estándares ambientales más exigentes.
Según indican desde la asociación que las representa, SpainDC, su inquietud tiene que ver sobre todo con que “determinados requisitos puedan dificultar la viabilidad de nuevos proyectos”, además de “generar inseguridad para inversiones ya planificadas o provocar que parte del crecimiento de la infraestructura digital termine desplazándose hacia otros mercados europeos”.
SpainDC es, junto a la asociación de telecomunicaciones Ametic, la organización elegida por el Gobierno para trasladar a las empresas los nuevos requisitos, que solo permitirán la conexión de plantas que tengan la máxima puntuación dentro de un etiquetado de referencia europeo relacionado con la eficiencia energética y el consumo de agua. También deben cumplir nuevas exigencias acerca del consumo de electricidad renovable y la soberanía digital.
Las empresas piden una regulación “proporcionada, técnicamente viable y alineada con el marco europeo”
A falta de conocer en detalle el contenido del decreto y de una valoración definitiva, SpainCD pide una regulación “proporcionada, técnicamente viable y alineada con el marco europeo”, que evite nuevas exigencias y que no sitúe a España “en desventaja frente a otros países europeos que compiten directamente por las mismas inversiones”.
El Gobierno adopta la medida después de que los permisos para la instalación de centros de datos hayan alcanzado los 12 gigavatios (GW), tres veces por encima de la planificación, que cifra en 4 GW el máximo de conexión a la red para el 2030. Según su posición, España se encuentra en condiciones de elegir los proyectos de mayor calidad para garantizar el uso más racional del agua y desarrollar las renovables.
Fuentes del sector señalan que estos nuevos requisitos pueden afectar a algunos de los grandes proyectos anunciados en comunidades autónomas como Madrid o Aragón, al surgir nuevos criterios estatales que van más allá de la conexión a la red. Puede darse el caso de que hay centros de datos catalogados de estratégicos en algunas comunidades autónomas que no puedan conectarse, no tanto por falta de acceso a la red como por no cumplir los requisitos adicionales.
Para SpainDC, “España tiene una oportunidad extraordinaria para consolidarse como uno de los grandes polos digitales de Europa y cualquier nuevo marco regulatorio debe contribuir a aprovecharla, no ponerla en riesgo”. El país, asegura la asociación, “no puede permitirse convertirse, por decisión regulatoria, en uno de los mercados europeos más difíciles para desarrollar infraestructura digital”.
Fuentes del Gobierno aseguran que se seguirán dando permisos, de modo que la medida no es una moratoria. También indican que la regulación es proporcional y permite racionalizar una avalancha de permisos en los que, en algunos casos, hay afán especulativo sin proyectos de calidad detrás.
En la reunión, el Gobierno ha trasladado a las empresas su disposición a trabajar conjuntamente con el sector durante el proceso de audiencia pública de la norma.
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