España y seis socios comunitarios, entre ellos Francia, Portugal o Dinamarca, han pedido que la Unión Europea no rebaje las exigencias sobre emisiones de CO2 para no debilitar las inversiones hechas en la transición eléctrica, según un documento difundido este lunes.
La Unión Europea tiene sobre la mesa la reducción de los objetivos de emisiones para el 2035
España y seis socios comunitarios, entre ellos Francia, Portugal o Dinamarca, han pedido que la Unión Europea no rebaje las exigencias sobre emisiones de CO2 para no debilitar las inversiones hechas en la transición eléctrica, según un documento difundido este lunes.
El texto llega mientras se debate la propuesta de la Comisión Europea de rebajar el objetivo de reducción del 100% de las emisiones al 90% para el 2035, planteado a finales del año pasado, momento en el que España ya se opuso al movimiento. En la práctica, supone dar marcha atrás en la prohibición de los coches de combustión en el 2035. El 10% de margen planteado se podría compensar con acero verde, combustibles sintéticos o biocombustibles.
España ya se opuso al movimiento a finales del año pasado
“Socavar la integridad y la previsibilidad de este marco regulador sería un error estratégico en un momento en el que las inversiones pasadas están dando resultados significativos y en el que los progresos deben ir más allá”, sostienen los siete países -España, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia-.
Si en las negociaciones entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo se respeta la idea de la Comisión, la revisión permitiría que híbridos enchufables, vehículos con motores de combustión interna, híbridos ligeros o coches con extensores de autonomía siguieran teniendo un papel más allá de 2035, junto a los eléctricos de batería y los de hidrógeno.
España y sus socios admiten que puede haber flexibilidades para los fabricantes, pero reclaman que sean “estrictamente limitadas, condicionadas y cuidadosamente diseñadas” para no diluir la señal de inversión hacia la electrificación ni ralentizar la transición industrial de la cadena automovilística europea.
Los siete países también defienden reforzar las condiciones que faciliten el despegue del vehículo eléctrico, como el despliegue de puntos de recarga, los incentivos a la demanda y el desarrollo del mercado de segunda mano, para mejorar el acceso de hogares y empresas a la movilidad eléctrica.
Economía
