La presunta trama corrupta encabezada por la exmilitante socialista Leire Díaz y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre el 2018 y el 2019, ha causado un enorme daño a las empresas públicas. Resulta paradójico que uno de los símbolos más emblemáticos de la izquierda, la defensa de lo público, esté siendo erosionado desde dentro. La corrupción actúa como una plaga de termitas en un edificio histórico: devora sus muros de carga hasta provocar su derrumbe.
La presunta trama corrupta encabezada por la exmilitante socialista Leire Díaz y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre el 2018 y el 2019, ha causado un enorme daño a las empresas públicas. Resulta paradójico que uno de los símbolos más emblemáticos de la izquierda, la defensa de lo público, esté siendo erosionado desde dentro. La corrupción actúa como una plaga de termitas en un edificio histórico: devora sus muros de carga hasta provocar su derrumbe.Seguir leyendo…
La presunta trama corrupta encabezada por la exmilitante socialista Leire Díaz y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre el 2018 y el 2019, ha causado un enorme daño a las empresas públicas. Resulta paradójico que uno de los símbolos más emblemáticos de la izquierda, la defensa de lo público, esté siendo erosionado desde dentro. La corrupción actúa como una plaga de termitas en un edificio histórico: devora sus muros de carga hasta provocar su derrumbe.
Algo similar ocurrió con las cajas de ahorros: su politización y mala gestión, agravadas por la corrupción, acabaron provocando su quiebra y desaparición porque se convirtieron en bancos. Bankia, bajo la dirección de Rodrigo Rato, es el caso más emblemático, pero tanto la derecha como la izquierda abusaron de unas instituciones que debían proteger.
La SEPI está en el foco de las investigaciones de la policía judicial y de la Fiscalía Anticorrupción por dos grandes tramas que suman 180 millones de euros bajo sospecha
Durante la transición, las empresas públicas se convirtieron en una pesada carga para el crecimiento de la economía española. Muchas de ellas estaban en quiebra. Estaban agrupadas en el Instituto Nacional de Industria (INI). Fue creado por Franco en 1941 a imagen del modelo fascista italiano de Mussolini para sostener una economía autárquica. Dos décadas después, el resultado fue un auténtico desastre. En 1995, tras un intenso proceso de privatizaciones, el gobierno socialista de Felipe González puso fin al INI y creó en su lugar la SEPI, una entidad de derecho público dependiente del Ministerio de Hacienda. Pedro Solbes, socialdemócrata moderado y entonces ministro de Economía, redujo el papel de la SEPI a una posición marginal como tenedora de participaciones en empresas estratégicas para el Estado. El problema quedó parcialmente encauzado y allanó el camino para el gobierno de José María Aznar.
Entre 1996 y 2004, el PP vendió 52 compañías estatales y recaudó más de 30.000 millones. Esos ingresos contribuyeron a sanear las cuentas públicas y permitieron a España cumplir los requisitos exigidos por Europa para incorporarse a la zona euro desde el primer momento. Rodrigo Rato, que pilotó la operación desde el Ministerio de Economía, buscaba modernizar la economía española bajo la premisa de que la gestión privada aportaba mayor eficiencia, competencia y competitividad.
Los objetivos se cumplieron y la economía mejoró de forma notable, pero la corrupción volvió a ser el gran problema. Los allegados de Rato y Aznar se enriquecieron y repartieron el botín con sus aliados nacionalistas de Convergència i Unió, liderados por Jordi Pujol, cuyo apoyo les permitió gobernar. La empresa pública se utilizó como moneda de cambio.
La situación volvió a cambiar con la llegada al poder de Pedro Sánchez, que formó un gobierno de coalición progresista con Podemos, heredero de los antiguos comunistas y liderado por Pablo Iglesias. Lo público recuperó protagonismo y, con el apoyo del llamado bloque de coalición, la SEPI se convirtió en una pieza clave de una política económica mucho más intervencionista. Y, como no podía ser menos, la corrupción ha vuelto a campar a sus anchas. La SEPI está en el foco de las investigaciones de la policía judicial y de la Fiscalía Anticorrupción por dos grandes tramas que suman 180 millones de euros bajo sospecha. Las pesquisas apuntan a presuntos cobros de comisiones ilegales, tráfico de influencias y amaño de contratos públicos y rescates estatales entre el 2021 y el 2023. Tubos Reunidos, Plus Ultra, Enusa, Sepides, Correos y Mercasa figuran entre las empresas investigadas.
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