El Tribunal de Cuentas aprecia deficiencias en los sistemas de control de blanqueo de capitales en España y pide al Gobierno que lance una estrategia nacional y que dote de más medios al organismo encargado de esta actividad, el Sepblac.
Reclama más medios para el Sepblac y los sistemas de supervisión, en los que trabajan 193 personas en España para un volumen de transacciones sospechosas de casi 47.000 millones de euros
El Tribunal de Cuentas aprecia deficiencias en los sistemas de control de blanqueo de capitales en España y pide al Gobierno que lance una estrategia nacional y que dote de más medios al organismo encargado de esta actividad, el Sepblac.
En un informe, el tribunal reconoce que no existen estadísticas oficiales sobre el blanqueo de capitales, si bien en el 2024 el Sepblac recibió indicios de operaciones de este tipo por importe de 46.894 millones, al tiempo que Europol cifra en unos 20.000 millones las transacciones sospechosas. Estas cifras, dice, “dan cuenta de la importancia del problema”.
Sin embargo, lamenta que no se haya definido “una estrategia de ámbito nacional de la política de prevención del blanqueo” en la que se fijen objetivos específicos o indicadores que permitan valorar los esfuerzos por reducir estas operaciones.
También cifra en 193 personas los efectivos dedicados en España a controlar y prevenir estas prácticas, una vez sumados los del Banco de España, la CNMV, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y el propio Sepblac.
Por eso, pide al Gobierno que adopte “las medidas pertinentes para asegurar la adecuada dotación de recursos humanos, técnicos y financieros”. Las propias directivas europeas indican que la unidad de inteligencia financiera debe “obtener y emplear los recursos necesarios para desempeñar sus funciones”.
Un trabajo de cinco años y en cinco países
Este informe del Tribunal de Cuentas forma parte de una iniciativa conjunta para fiscalizar de forma paralela cómo se supervisa el control de capital en España, Alemania, Países Bajos, Polonia y Chipre. Es fruto de un análisis entre el 2020 y el 2024.
España, concluye, ha incorporado la normativa europea a la legislación nacional y ha seguido las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, hay carencias, empezando por la falta de una estrategia con objetivos específicos e indicadores para valorar las medidas adoptadas.
“No se dispone de datos reales para su valoración ni es posible determinar la contribución concreta a los resultados de cada medida”, lamenta el tribunal a la hora de intentar valorar las políticas de lucha contra el blanqueo. Debería recabarse más información y comunicarse tanto al Congreso como al propio Sepblac, afirma.
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