Considera, en un fallo sobre privar de los derechos de ciudadanía a los hijos de inmigrantes, que las cortes no tienen competencias para imponer restricciones a nivel nacional. Los demócratas avisan de un «paso aterrador hacia el autoritarismo» Leer Considera, en un fallo sobre privar de los derechos de ciudadanía a los hijos de inmigrantes, que las cortes no tienen competencias para imponer restricciones a nivel nacional. Los demócratas avisan de un «paso aterrador hacia el autoritarismo» Leer
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado este jueves una nueva e importantísima victoria a Donald Trump usando como instrumento uno de los casos más polémicos desde el inicio de esta administración, el de los derechos de ciudadanía para los hijos de inmigrantes sin papeles. La Constitución estipula claramente que «toda persona nacida o naturalizada en los EEUU, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida», pero Trump y su equipo, en medio de su cruzada para deportar a millones de personas, quieren cambiar algo que lleva en vigor desde el final de la Guerra Civil, cuando se introdujo la XIVª enmienda precisamente para dar derechos a los descendientes de esclavos.
En su primer día en el cargo, el presidente firmó una orden ejecutiva para declarar nula esta práctica centenaria. Más de 20 estados, organizaciones de defensa de los inmigrantes y de mujeres embarazadas denunciaron el caso y en pocos días, jueces federales de Washington, Maryland y Massachusetts bloquearon temporalmente la orden ejecutiva. El caso ha llegado hasta el Supremo, que sin entrar en el fondo de la materia, ya que el Gobierno astutamente no lo ha pedido, ha concedido una doble victoria al Ejecutivo, abriendo una puerta trasera para que en la práctica logre sus objetivos mientras al mismo tiempo mina las competencias de los tribunales inferiores para que hagan de contrapeso a las decisiones de Trump.
«¡GRAN VICTORIA en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por nacimiento ha sido, indirectamente, duramente golpeado. [Ese derecho] tenía que ver con los bebés de esclavos (¡el mismo año!), no con la ESTAFA de nuestro proceso de inmigración. Felicitaciones a la Fiscal General Pam Bondi, al Procurador General John Sauer y a todo el Departamento de Justicia», ha celebrado Trump en sus redes sociales. Poco después, en una rueda de prensa, ha calificado la victoria como «histórica» y ha afirmado que el fallo de la Corte Suprema allana el camino para «poner fin al fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento , el fin de la financiación de las ciudades santuario, para suspender el reasentamiento de refugiados y congelar fondos innecesarios, no hay dinero de impuestos para cirugías transgénero», ha festejado dando las gracias uno por uno a los conservadores de la Corte: «EEUU está orgulloso de vosotros».
En la decisión, el Supremo, por 6 votos a favor y 3 en contra, reflejo de la división ideológica entre los conservadores y las tres magistradas progresistas, suspende la entrada en vigor de las órdenes para privar de ciudadanía de Trump durante 30 días. Lo que da margen para que las asociaciones y los estados perfilen una estrategia. De hecho, apenas una hora después del fallo, un grupo ha presentado ya una nueva moción en Maryland siguiendo las pautas esbozadas por los magistrados.
Pero el fallo sobre todo aplica un cambio de importancia capital en el ordenamiento legal, al anular la facultad de jueces federales individuales de emitir órdenes (injunctions) que paralicen una decisión del Gobierno en todo el país, lo que ha ocurrido en decenas de ocasiones desde el 20 de enero, cuando Trump juró el cargo. El senador demócrata Chuck Schumer, líder de la minoría, ha reaccioando diciendo que la decisión de hoy marca un «paso aterrador hacia el autoritarismo. Los republicanos deben defender los valores democráticos estadounidenses fundamentales y no el poder presidencial descontrolado del tipo que nuestros fundadores temían más profundamente».
Las injuctions son un instrumento jurídico controvertido, ya que dan un gran poder a más de 600 magistrados de todo el país. Han sido cuestionadas en el pasado, pero con Trump han dado un salto de nivel. Así por ejemplo, durante los ocho años de George W. Bush sólo hubo seis decisiones de ese tipo de un tribunal paralizando una decisión del Gobierno. Pero en el primer mandato de Trump llegaron a 64. Y ahora, dado que ha optado por prescindir de sus mayorías en el Congreso y lo hace casi todo mediante órdenes ejecutivas, algo parecido a un decreto ley español (con todas sus diferencias), hay un centenar de ellas en los tribunales.
La sentencia publicada hoy, el último día de sesiones antes de la pausa de verano, estipula que el Congreso, al crear los tribunales federales inferiores en 1789, no dio a los jueces de distrito la facultad de aplicar medidas cautelares de alcance nacional o universal que prohíban la aplicación de una política gubernamental, incluso si parece abiertamente ilegal Lo que tiene que hacerse, según el Supremo, es conceder medidas cautelares a los demandantes específicos que hayan pleiteado. O como mucho, como sugiere el conservador Kavanaugh, mediante una demanda colectiva «o si un demandante solicita a un juez la anulación de una nueva norma en virtud de la Ley de Procedimientos Administrativos». Lo que tendría, por lo menos, aplicación en todo un estado.
Para los críticos, la decisión del Supremo supone institucionalizar la ilegalidad e ir contra el espíritu de la Constitución. Porque en cuestiones como el derecho de ciudadanía supone que quien no tenga recursos y conocimientos, por no hablar de papeles para acudir a un tribunal pagando a un abogado, podría ver a sus hijos privados de la nacionalidad. «Ningún derecho está a salvo en el nuevo régimen legal que crea la Corte Suprema. Hoy, la amenaza es la ciudadanía por nacimiento. Mañana, una administración diferente podría intentar confiscar armas de fuego a ciudadanos respetuosos de la ley o impedir que personas de ciertas religiones se reúnan para celebrar sus cultos», denuncia una de las jueces en una opinión en solitario.
En su escrito, la mayoría dice por boca de la juez Amy Coney Barrett, que no entran ahora en el fondo de la cuestión, esto es, si es Constitucional o no el intento de Trump de privar de ciudadanía automática a los nacidos en suelo estadounidense de inmigrantes indocumentados o visitantes extranjeros que no tengan una green card. Sin embargo, la minoría disidente replica en unos escritos muy duros que el Supremo ha entrado al juego sabiendo perfectamente lo que hace.
«El Gobierno no solicita la suspensión total de los mandatos judiciales, como suele hacer ante este Tribunal. ¿Por qué? La respuesta es obvia: para obtener dicha suspensión, el Gobierno tendría que demostrar que la Orden probablemente sea constitucional, una tarea imposible a la luz del texto de la Constitución, la historia, los precedentes de este Tribunal, la ley federal y la práctica del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el Gobierno, en cambio, prueba suerte en una estrategia diferente. Solicita a este Tribunal que declare que, por ilegal que sea una ley o política, los tribunales nunca pueden simplemente ordenar al Ejecutivo que deje de aplicarla contra nadie. En cambio, el Gobierno afirma que debería poder aplicar la Orden de Ciudadanía (cuya legalidad no defiende) a todos, excepto a los demandantes que presentaron esta demanda», denuncia la juez progresista Sotomayor.
«La jugada en esta solicitud es evidente y el Gobierno no intenta ocultarla. Sin embargo, vergonzosamente, este Tribunal le sigue el juego. La mayoría de este Tribunal ha decidido que estas solicitudes, de entre todos los casos, brindan la oportunidad adecuada para resolver la cuestión de los mandatos judiciales universales y poner fin a esta práctica centenaria de una vez por todas. En su prisa por hacerlo, el Tribunal ignora los principios básicos de equidad, así como la larga historia de medidas cautelares otorgadas a terceros», afirma.
En otra opinión particular, la jueza Jackson coincide con Sotomayor, pero añade además que la decisión de la mayoría permite al poder ejecutivo violar la Constitución en lo que respecta quienes aún no hayan demandado, «lo que representa una amenaza existencial para el estado de derecho» y afirma que los argumentos técnicos sobre la autoridad judicial en el siglo XVIII son una cortina de humo para dar al presidente la autorización para ejercer, en ocasiones, el poder arbitrario e incontrolado que los Fundadores de Estados Unidos pretendían erradicar con la Constitución.
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