El Gobierno aprobará este martes un anteproyecto de ley para blindar a los trabajadores que denuncien la corrupción en sus centros de trabajo. Para ello, se abordará la reforma de diversos artículos del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos el artículo 4 relativo a los derechos laborales; en el 14, referente al periodo de prueba; en el 17, de la no discriminación en las relaciones laborales; en el 53, de la forma y efectos de la extinción por causas objetivas del contrato; y en el 55, de la forma y los efectos del despido disciplinario.
El Consejo de Ministros aprobará un anteproyecto de ley para prohibir el despido y el acoso laboral a los trabajadores de empresas privadas, funcionarios o personal laboral que denuncien casos de corrupción en sus centros de trabajo
El Gobierno aprobará este martes un anteproyecto de ley para blindar a los trabajadores que denuncien la corrupción en sus centros de trabajo. Para ello, se abordará la reforma de diversos artículos del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos el artículo 4 relativo a los derechos laborales; en el 14, referente al periodo de prueba; en el 17, de la no discriminación en las relaciones laborales; en el 53, de la forma y efectos de la extinción por causas objetivas del contrato; y en el 55, de la forma y los efectos del despido disciplinario.
La normativa busca proteger a los trabajadores y evitar que los jueces den por válidos despidos amparándose en un supuesto deber de sigilo de los trabajadores. Con la reforma quedará prohibido despedir a un trabajador que haya denunciado un caso de corrupción en su empresa. Una acción que será declarada directamente nula. También se prohíbe cualquier modalidad de acoso en el puesto de trabajo, como rebajas salariales, cambios de tareas, etc.
Fuentes de Trabajo han explicado que el objetivo de esta legislación es convertir la denuncia de la corrupción en un derecho fundamental de los trabajadores y blindarlo como tal.
La protección se extenderá a los familiares cercanos del trabajador denunciante, para evitar que la presión pueda canalizarse a través de sus allegados.
Fuentes del Ministerio han comentado que el texto ha sido trabajado por ellos, pero que se ha hecho llegar una copia a los agentes sociales. A pesar de que la norma supondrá tocar el despido, Trabajo espera que la patronal no esté en contra de que los trabajadores denuncien la corrupción.
Trabajo también recalcó que esta medida de protección para los trabajadores denunciantes de corrupción no está relacionada con el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que anunció el año pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse los casos de corrupción que salpicaron al PSOE.
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