El Gobierno se prepara para aplicar una gran criba para poner orden en la gran cantidad de permisos concedidos para la construcción de centros de datos en España, cuyo volumen, de instalarse en su totalidad, pondría en serios aprietos una red eléctrica ya de por sí cuestionada tras el apagón.
La gran expansión del sector tensiona la red eléctrica y el suministro de agua
El Gobierno se prepara para aplicar una gran criba para poner orden en la gran cantidad de permisos concedidos para la construcción de centros de datos en España, cuyo volumen, de instalarse en su totalidad, pondría en serios aprietos una red eléctrica ya de por sí cuestionada tras el apagón.
Los datos que maneja el Gobierno son que los permisos concedidos de centros de datos sumarían una demanda equivalente a una potencia de 12 gigavatios (GW), algo así como el mismo número de centrales nucleares. Es una cifra muy elevada, sobre todo cuando en un día normal el consumo eléctrico de España no suele superar los 40 GW, o cuando la estrategia de inteligencia artificial hasta el 2030 calcula que no se necesitarán más de 4 GW de centros de datos.
Cada megavatio de consumo en un centro de datos deberá ir asociado a otro nuevo de renovables
La solución del Gobierno para contener el boom consistirá en admitir solo los proyectos que superen la mejor nota de un nuevo etiquetado de la UE, además de otros requisitos. Solo sobrevivirán los mejores, en términos de eficiencia energética, consumo de agua, soberanía digital y respaldo de la renovables. La duda está en cómo sentará la medida a los inversores que estén trabajando en proyectos de peor calidad.
La medida, indican las fuentes, se pondrá en marcha con todo tipo de precauciones legales y tras hablar con las empresas del sector. Este mismo miércoles está prevista una reunión con la asociación de centros de datos SpainDC y con la de tecnología Ametic. Desde el Gobierno sostienen que la criba es proporcionada y no retroactiva, sin dar detalles de su alcance. “No hay un numerus clausus”, dicen. Tampoco implica ningún tipo de moratoria, ya que se seguirán concediendo permisos.
El Gobierno se reúne este miércoles con las asociaciones del sector
Sí existe la percepción entre los ministerios involucrados, el de Transición Ecológica y el de Transformación Digital, de que junto a los proyectos de grandes grupos tecnológicos, figuran otros no tan maduras, lanzados en algunos casos por inmobiliarias o empresas oportunistas que han ido acaparando permisos para luego venderlos. Las fuentes evitan la palabra burbuja, pero sí usan términos como avalancha o especulación.
Este miércoles el Gobierno tiene previsto sacar a consulta publica las nuevas medidas, a través de un real decreto de tramitación urgente para impulsar los centros de datos sostenibles, eficientes y soberanos. La norma desarrolla el real decreto-ley 7/2026 de marzo, en el que se recogen medidas para responder a la crisis en Oriente Medio y ya se alude al actual proceso de “acaparamiento de acceso”, en el que se conceden los permisos sin más criterio que el orden de llegada.
Solo se conectarán los centros de datos que cumplan la máxima calidad
Hace unos meses, ya se lanzó un mecanismo llamado reserva de capacidad que encarece cada seis meses los proyectos que no avanzan. Es una forma de eliminar permisos especulativos que, sin embargo, se queda corta frente al gran criterio de selección que ahora se impulsa.
La idea es racionalizar un negocio tan estratégico como desafiante para la red, y hacerlo antes de que sea demasiado tarde y haya que imponer medidas traumáticas. “España está en disposición de escoger los mejores centros de datos”, argumentan desde el Gobierno. En la nueva selección natural, solo sobrevivirán los más verdes, sostenibles y soberanos.
Entre las exigencias, una de las medidas estrella es la de que cada megavatio nuevo de consumo en redes eléctricas debe venir respaldado por una potencia similar de renovables. Además, el 80% del consumo tiene que tener origen renovable, lo que debe acreditarse hora a hora. A estos principios los llaman en Transición Ecológica adicionalidad y correlación.
Es una buena noticia para los productores de renovables que sufren precios cero de la electricidad en algunos momentos del día. Ahora podrán cerrar acuerdos de venta de electricidad a largo plazo con estos grandes consumidores a un precio fijo, lo que les evitará los vaivenes del mercado mayorista.
El Gobierno también será muy exigente con el consumo de agua y la eficiencia energética. En agosto del año que viene, la UE lanzará un nuevo etiquetado para centros de datos, y España solo admitirá instalaciones de categoría A para los centros con una potencia superior a un megavatio. Los que no lleguen a este nivel de calidad, quedan fuera de juego. Es un lujo que puede permitirse un país con un excelente recurso renovable cuyas recursos hídricos en cambio no son abundantes.
Otro de los requisitos tiene que ver con la resiliencia tecnológica y la soberanía digital. Un centro de datos puede perder su derecho de acceso a la red si no garantiza que todos los datos y metadatos de los ciudadanos permanecen en la UE, y que controla el posible acceso de terceros. La calidad de los centros de datos también se medirá por su capacidad de consumir electricidad de forma estable, sin generar oscilaciones en la red.
Una vez publicada la norma, los proyectos que se encuentren en tramitación tendrán apenas seis meses para adaptarse y acreditar el cumplimiento. De lo contrario, tendrán que renunciar a los derechos de acceso a la red y dejar hueco a proyectos de mejor calidad.
El Gobierno considera que, con el real decreto, se adelanta a medidas que ya se están debatiendo en Europa. Las fuentes insisten en que no existe ninguna inquina hacia los centros de datos, sino al revés. “Queremos los más eficientes y sostenibles”, afirman. Se necesita además, dicen, un “despliegue proporcional” para evitar un mayor uso de centrales de gas y un incremento de los precios para los consumidores.
El Gobierno quiere actuar a tiempo ante un auge de proyectos que en otros países ya ha obligado a imponer moratorias. Es el caso de Irlanda o Países Bajos, donde, según las fuentes del Gobierno, las autoridades se han visto obligadas a tomar medidas de este tipo.
Citan además otros lugares donde el crecimiento desordenado de centros de datos está generando problemas hídricos o en la red eléctrica, lo que ha obligado a aplicar medidas regulatorias más estrictas. Es el caso también de Singapur y de 23 estados de Estados Unidos, donde algunos sectores económicos ajenos al digital se han encontrado con problemas de suministro de agua o electricidad. “No queremos que pase”, dicen desde el Gobierno.
El momento se encuentra marcado no solo por la carrera de milmillonarias inversiones entre los gigantes estadounidenses para desarrollar las infraestructuras con que alimentar la inteligencia artificial. Es también un momento sensible para los precios de la energía debido a la guerra de Irán y para el proceso de electrificación de la economía, centrado en las redes y las renovables.
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