La consellera Esther Niubó ha tenido que comparecer en el Parlament para explicar por qué la muestra de alumnos que el año pasado realizaron las pruebas PISA no es aceptada por la OCDE como representativa de la escuela catalana, lo que implica que no podremos saber cómo ha evolucionado desde los alarmantes resultados del 2022.
La consellera Esther Niubó ha tenido que comparecer en el Parlament para explicar por qué la muestra de alumnos que el año pasado realizaron las pruebas PISA no es aceptada por la OCDE como representativa de la escuela catalana, lo que implica que no podremos saber cómo ha evolucionado desde los alarmantes resultados del 2022.Seguir leyendo…
La consellera Esther Niubó ha tenido que comparecer en el Parlament para explicar por qué la muestra de alumnos que el año pasado realizaron las pruebas PISA no es aceptada por la OCDE como representativa de la escuela catalana, lo que implica que no podremos saber cómo ha evolucionado desde los alarmantes resultados del 2022.
Las explicaciones de la consellera se han centrado en la hipótesis de que los centros aplicaron los criterios de exclusión de alumnos que rigen las pruebas de evaluación de competencias de 4º de ESO que efectúa la Generalitat con criterios propios. En estas pruebas se permite excluir al alumnado que se haya incorporado a las aulas en los dos últimos años y que no tenga un dominio suficiente de las lenguas de las pruebas y a alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Aplicando estos criterios, los centros habrían excluido a una cuarta parte de los alumnos, cuando las normas PISA permiten excluir un máximo del 5% del alumnado.
La Fundació Bofill ha cambiado su nombre por el de Equitat.org; no Excelencia.org
Lamentablemente, el debate político se ha centrado en aspectos marginales: si la Generalitat había sido advertida de los hechos un año antes, quién es el responsable de que la información no escalara, y si la conselleria pretendía esconder unos resultados previsiblemente peores que los del 2022.
Lo importante no es esto, sino que, de una muestra representativa de la escuela catalana, una cuarta parte de los alumnos tienen necesidades educativas especiales. Obviamente, en estas condiciones sus resultados no pueden ser sino mediocres.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? Porque la respuesta de la clase media catalana a la incorporación a medio curso de alumnos provenientes de la inmigración ha sido huir de la escuela pública evitando cuestionarla por miedo a ser acusada de racismo.
Especialmente censurable es el caso del empresariado y de los expertos. En cuanto a los primeros, no se han cansado de manifestarse a favor de la reducción de impuestos, de la simplificación de la regulación, de las grandes infraestructuras y de la disponibilidad de inmigrantes –baratos, por supuesto–, pero, en cambio, no les hemos oído manifestarse con semejante contundencia respecto de lo que realmente importa para la prosperidad colectiva: la formación de los niños. En cuanto a los expertos, basta recordar que el think tank educativo más importante en Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, acaba de cambiar su denominación por la de Equitat.org; no Excelencia.org, sino Equidad.org. Obviamente, una escuela “inclusiva” con una altísima proporción de alumnado con necesidades especiales no tiene por qué preocupar a alguien que ha hecho de la igualdad de oportunidades el centro de todo.
¿Debe la consellera Niubó dimitir, tal y como ha pedido la oposición? Debería hacerlo si fuera la responsable de la situación o si se viera incapacitada para remediarla. Obviamente, la primera opción no le aplica, y ella debe decidir si le aplica la segunda.
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