Regresa en la Europa central y nórdica la susceptibilidad por el ‘bienestar’ del sur
Alemania está en crisis. No es una crisis como la que sufrimos los países del sur de Europa a partir del año 2008, a medida que los activos tóxicos del mercado financiero estadounidense fueron impactando en las finanzas europeas, y el gobierno de Angela Merkel decidió bajar un telón cortafuegos para proteger a su banca, a su industria, a sus ahorradores y a su consenso político interno. Ese telón cortafuegos recibió el nombre de Política de Austeridad y los países del sur fueron cariñosamente bautizados como PIGS. Cortesía de la prensa económica anglosajona, a la que le brillaban los ojos ante la posibilidad de que el euro entrase en colapso.
Alemania está ahora en crisis porque cuatro de los pilares de su modelo económico se hallan en situación de fragilidad: el precio de la energía, la industria del automóvil, el comercio con China y la calidad de sus infraestructuras. Esos cuatro pilares han entrado en estrés en el breve plazo de cuatro años. Podríamos decir que todo empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero del 2022. Alemania se vio bruscamente obligada a renunciar al gas ruso, combustible que había empezado a adquirir a buen precio en 1973 en el marco de la gran crisis del petróleo y de la Ostpolitik del canciller socialdemócrata Willy Brandt. Ostpolitik, el acercamiento al Este que tantos recelos provocaba a Henry Kissinger, el poderoso secretario de Estado de Richard Nixon. Medio siglo después, la conexión gasista Rusia-Alemania contaba con dos grandes autopistas bajo el mar Báltico, los gasoductos Nord Stream, que un día de septiembre del 2022 estallaron por efecto de sendas cargas de explosivo plástico, colocadas por expertos submarinistas. La energía que ahora consume la industria alemana es más cara.
Las relaciones comerciales con China también se han complicado. China está inundando Europa de productos a muy buen precio (coches, eléctricos, acero, manufacturas, bienes de consumo), que perjudican a las exportaciones alemanas. En lugar de vender más automóviles alemanes en China, son las ágiles empresas automovilísticas chinas las que están conquistando el mercado europeo con coches eléctricos de menor coste para clientes que hace quince años aprendieron la dura lección de la austeridad. La crisis de empleo que se cierne sobre el grupo automovilístico Volkswagen pone los pelos de punta. Por primera vez, el Gobierno alemán acusa a la República Popular China de alterar el mercado con productos fuertemente subsidiados. Alemania, finalmente, ha comprobado que muchas de sus infraestructuras (vías férreas, carreteras, puentes, conexión a internet) están quedando atrasadas y necesitan renovarse. Alemania, por ejemplo, tiene menos red de fibra óptica que España, país muy avanzado en ese ámbito, con una cobertura que alcanza casi al 96% de los hogares.
Han roto con Rusia, las relaciones comerciales con China son cada vez más tensas, su industria automovilística presenta serios problemas estructurales y el Gobierno de los Estados Unidos se inmiscuye en sus procesos electorales para favorecer a Alternativa para Alemania, pujante formación de extrema derecha que este año puede empezar a ganar elecciones regionales. El canciller alemán Friedrich Merz, miembro de la CDU, partido conservador de histórica filiación democristiana, ha pedido formalmente a Washington que no interfiera en las elecciones territoriales alemanas, tras conocer que el Departamento de Estado norteamericano ha creado un fondo de cinco millones de dólares para financiar a grupos civiles y centros de pensamiento afines al trumpismo en diversos lugares del mundo. Atención a las elecciones en el lander de Sajonia-Anhalt, antigua Alemania del Este, previstas para el 6 de septiembre.
El actual gobierno federal alemán está intentando reaccionar con una inversión masiva en infraestructuras (500.000 millones de euros en una década) y una fuerte apuesta por el rearme como palanca tecnológica. Rearme alemán. Eso son palabras mayores. Alemania también parece decidida a aceptar el paraguas nuclear francés, si Francia se lo sigue ofreciendo el año que viene. 2027: elecciones presidenciales en Francia, y legislativas en Italia, Polonia y España.
Alemania se rearma, mientras en Polonia, Finlandia y las repúblicas bálticas se extiende el miedo a sufrir un ataque militar de Rusia en los próximos dos años, según cómo evolucione la guerra de Ucrania. Se está acumulando mucha tensión en el cuadrante geográfico que delimitan Berlín, Varsovia, Vilna, Riga, Tallin, Helsinki, San Petersburgo, Minsk, Moscú y Kyiv. España se halla lejos de ese cuadrante, pero es conveniente visualizarlo para entender algunas de las cosas que están pasando actualmente en Europa.
En este contexto, el gobierno alemán acaba de anunciar un plan de reconsideración de las pensiones. El gobierno de coalición formado por la CDU-CSU y el SPD (conservadores y socialdemócratas) encargó a un grupo de expertos que estudiara fórmulas para garantizar la sostenibilidad del sistema, y estos acaban de entregar sus conclusiones. La primera propuesta es crear un sistema de capitalización privada, obligatorio y complementario al sistema público: trabajadores y empresas deberán destinar hasta el 2% del salario anual a esta pensión. Además, se seguirá retrasando la edad de jubilación, que en 2031 alcanzará los 67 años, y se vinculará a la esperanza de vida. La perspectiva es llegar a los 70 años. Pensiones a la baja en un país en el que solo el 51% de los jubilados son propietarios de su vivienda. En España, la tasa de propiedad de la vivienda entre los mayores de 65 años se eleva al 85%.

Hay nervios y en Alemania se empieza a hablar de las pensiones en España, ese simpático país que acaba de ganar el Mundial de Fútbol, dando una lección de trabajo en equipo, compenetración y estilo. Ese país que regulariza inmigrantes –que en su mayoría hablan la lengua castellana desde su infancia– y se niega a pagar más del 2% de su riqueza en gastos militares. Un país cuyo PIB sigue creciendo por encima del 2%, mientras el crecimiento de Alemania no llega al 0,5%. Una España que ha establecido relaciones especiales con China en los últimos tiempos. Una soleada y ardiente España que este año volverá a batir récords de afluencia turística y en el que aumentan los inversores extranjeros en busca de segunda residencia, por lo que pueda pasar en sus países. Los inversores polacos, por ejemplo, ya figuran entre los principales compradores. España, tranquilo país de retaguardia. Un país seguro, de gente sosegada, con una política muy tensa, muy tensa, muy tensa, especialmente en el horno de Madrid, que es un mundo en sí mismo. “Sánchez, hijo de puta”. “Feijóo, que no te enteras”. Un país cuyas pensiones se revalorizan cada año según la inflación.
“Las contribuciones alemanas a la UE deben reducirse drásticamente. No podemos seguir permitiendo que nuestro dinero, ganado con tanto esfuerzo, desaparezca en los presupuestos de asistencia social europeos mientras las infraestructuras se desmoronan en Alemania, la industria se traslada y las pequeñas y medianas empresas sufren las consecuencias de los altos costes energéticos. El presupuesto federal no debe seguir siendo utilizado como un derroche personal de Bruselas”. Este reciente texto de la AfD refleja una idea muy extendida en Alemania, Holanda y otros países del norte de Europa sobre los estados del bienestar de España, Italia, Grecia y, en buena medida, también Francia. Creen que son demasiado generosos. ¿Es realmente así? La propiedad de la vivienda nos dice algo al respecto.
CaixaBank Research publicó recientemente un análisis sobre la riqueza de las familias europeas, a partir de las sucesivas olas de la Encuesta de Finanzas y Consumo de los Hogares del Banco Central Europeo. Merece la pena detenerse en la comparación entre España y Alemania. En Alemania, solo el 49% de los hogares tiene vivienda en propiedad, mientras que en España esa cifra supera el 75%. En los tramos de renta más bajos, apenas el 26% de los alemanes es propietario de su vivienda, frente a una media europea del 50%. En el sur de Europa el panorama es muy distinto: 75% en Italia y casi un 80% en España. 54% en Francia.
Todavía más reveladora es la comparación de los regímenes de propiedad entre los mayores de 65 años. A partir de datos del Banco de España, CaixaBank Research estima que el 85% de los mayores de 65 son propietarios de su vivienda en España. En Alemania, también con datos oficiales, el Pestel Institut sitúa ese porcentaje en el 51,3%. Una diferencia de 33 puntos.
Un dato poco conocido: pese a que la renta per cápita española sigue siendo muy inferior a la alemana, la riqueza neta mediana de los hogares españoles (196.365 € en el segundo trimestre de 2024) es muy cercana a la alemana y supera a la francesa (171.000 €). Esta paradoja se explica por la vivienda: su precio ha subido en España con mucha más intensidad que en Alemania desde 2014, y ya representa el 64,2% de la riqueza neta total de los hogares españoles, frente a solo el 52,1% en Alemania.
El estudio del Instituto Pestel fue encargado por la patronal alemana del comercio de materiales de construcción, y parte de una tesis central: la vivienda en propiedad es un instrumento clave contra la pobreza en la vejez.
¿Son sostenibles las pensiones en España? La relevancia de las pensiones en las relaciones entre la Comisión Europea y el gobierno de España se hizo evidente durante la negociación del Plan de Recuperación. Recordemos, España recibiría de la UE 80.000 millones de euros en subvenciones que no debía devolver, pero para ello debía acometer reformas estructurales. Ese era el principio básico de los fondos Next Generation EU, un principio que con frecuencia se olvida.
El plan incorporó más de cien reformas, pero la Comisión exigió especial ambición en tres: mercado de trabajo, reforma fiscal y pensiones. En el caso del mercado de trabajo, el objetivo era reducir la temporalidad; la reforma fiscal debía incrementar la recaudación tributaria para acercarla a la media comunitaria, y en el caso de las pensiones se debía garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. El Gobierno decidió no afrontar una reforma fiscal en profundidad, no quiso tocar ese avispero, y sí aprobó, por los pelos, una reforma laboral que hoy casi todo el mundo considera exitosa en la medida en que ha reducido la temporalidad del empleo.
La discusión sobre las pensiones fue tremenda. La apuesta inicial de la Comisión era imponer recortes, pero el Gobierno apostó por todo lo contrario: garantizar la subida de las pensiones de acuerdo al IPC. El punto de encuentro no fue fácil. En vez de reducir gastos con recortes, se apostó por incrementar los ingresos. Para ello se abordaron reformas estructurales que acercasen la edad de jubilación real a la prevista, limitando las prejubilaciones; se incorporó a los autónomos al sistema general y se facilitó una transición más flexible entre trabajo y jubilación, haciendo viable compatibilizar el cobro de una parte de la pensión y el trabajo.
Con el objetivo de incrementar los ingresos, se crearon dos instrumentos. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una nueva cotización adicional que pagan todos los trabajadores y empresas, que comenzó en el 0,6% en 2023 y subirá gradualmente hasta el 1,2% en 2050. Adicionalmente, se ha puesto en marcha la denominada cuota de solidaridad, que solo pagan los salarios más altos. Es una cotización adicional, empezando en el 1% en 2025, que subirá gradualmente hasta el 6% en 2045. Pagar esta cuota no genera derecho a una pensión mayor: es puramente solidaria, entra en el sistema, pero no se traduce en más prestación para quien la paga.

La Comisión dudaba de la previsión de ingresos defendida por el equipo del entonces ministro José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, y exigió disponer de un mecanismo de control automático, por encima de las mayorías parlamentarias. Se estableció como barrera infranqueable que el gasto neto en pensiones no supere, en promedio, el 13,3% del PIB para el periodo que va hasta 2050. Cada dos años, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) debe revisar la viabilidad del sistema. Si faltan ingresos, se debe corregir. La ley contempla una subida automática de las cotizaciones sociales si no hay acuerdo en el Congreso. La Comisión Europea se garantiza, por tanto, un mecanismo de control del gasto en pensiones del Reino de España. No es poco.
En plena crisis de perspectiva histórica, Alemania reformula sus pensiones. El mejor país de la retaguardia europea las protege. Los españoles se hallan lejos del frente del Este. No se imaginan en guerra dentro de dos años. Son gente tranquila, tienen una selección de fútbol que invita a seguir creyendo en el trabajo en equipo, su atmósfera política es insufrible, pero en sus ardientes debates apenas se discute estos meses sobre economía. Nadie habla de las pensiones, aunque ya ha empezado en España un masaje psicológico para querer presentar a los jubilados como unos gorrones que viven como marajás. El 42% de la población española tiene más de 50 años. El 54% del censo electoral español ya ha cumplido medio siglo de vida. Y crece en todo el país la brecha entre propietarios de vivienda y un joven inquilinato precario.
(Penínsulas se despide de ustedes hasta el próximo día 1 de septiembre. En esta entrega ha colaborado el geógrafo Santiago Fernández Muñoz, experto en geopolítica y políticas públicas, socio de SILO).
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