El acuerdo alcanzado esta semana entre Meta y 52 fiscales generales de EE UU para que estos retiren su demanda contra la compañía, a la que acusan de diseñar productos adictivos para los niños, apaga solo uno de los fuegos que arden en el cuartel general de Meta. Porque hay otros cuyas llamas no flaquean, sino que los recientes acontecimientos hacen que prendan con más fuerza. Es el caso de la demanda colectiva interpuesta por miles de familias contra varias tecnológicas: Meta, ByteDance (empresa dueña de TikTok), Snap (por Snapchat) y Alphabet (por YouTube), a quienes acusan de estar perjudicando seriamente la salud mental de los jóvenes estadounidenses. Los abogados que llevan este pleito aseguran a EL PAÍS que, aunque ven el acuerdo con “moderado optimismo”, ellos seguirán con su causa hasta el final.
La compañía tecnológica todavía se enfrenta a dos grandes bloques de demandas: las de los afectados y las de los distritos escolares. Los letrados explican a EL PAÍS que continuarán con el pleito hasta lograr una indemnización
El acuerdo alcanzado esta semana entre Meta y 52 fiscales generales de EE UU para que estos retiren su demanda contra la compañía, a la que acusan de diseñar productos adictivos para los niños, apaga solo uno de los fuegos que arden en el cuartel general de Meta. Porque hay otros cuyas llamas no flaquean, sino que los recientes acontecimientos hacen que prendan con más fuerza. Es el caso de la demanda colectiva interpuesta por miles de familias contra varias tecnológicas: Meta, ByteDance (empresa dueña de TikTok), Snap (por Snapchat) y Alphabet (por YouTube), a quienes acusan de estar perjudicando seriamente la salud mental de los jóvenes estadounidenses. Los abogados que llevan este pleito aseguran a EL PAÍS que, aunque ven el acuerdo con “moderado optimismo”, ellos seguirán con su causa hasta el final.
Meta se comprometió este miércoles a pagar casi 18.000 millones de dólares en los próximos años, así como a implantar algunas modificaciones en el diseño de sus herramientas. Las más destacadas son la limitación a dos horas del tiempo de navegación de los menores en las redes, la prohibición de las notificaciones en horario lectivo y el modo nocturno, que les impedirá manejar Instagram o Facebook por la noche. Tampoco se les mostrará el número de “me gusta” y se reforzarán los mecanismos de verificación de edad para identificar con mayor precisión a los menores.
“El acuerdo [de Meta y los fiscales generales] dirime las demandas interpuestas por los gobiernos estatales, pero no resuelve, exime ni compensa ni una sola de las miles de reclamaciones individuales presentadas por las familias de los menores incluidas en nuestro procedimiento. Tampoco resuelve las reclamaciones de los distritos escolares, los ayuntamientos y otras entidades públicas”, dice a este periódico Joseph VanZandt, del despacho Beasley Allen.
VanZandt coordina, junto a Mariana Aroditis y Rachel Lanier, de Lanier Law Firm, y a Rahul Ravipudi, de Panish Shea Ravipudi, la gran demanda colectiva (class-action lawsuit) de las familias contra las redes sociales. Los padres de algunos menores que han sufrido las consecuencias adversas de las plataformas empezaron a unir fuerzas en 2022 bajo la batuta de este equipo de abogados. El número de adhesiones fue aumentando según iban logrando hitos: desde la admisión a trámite de la demanda hasta el rechazo del sobreseimiento solicitado por las empresas acusadas y las primeras victorias judiciales de este año. Hoy representan ya a miles de clientes. De acuerdo con el ordenamiento jurídico estadounidense, cualquier ciudadano puede unirse a la demanda colectiva si considera (y puede probar) que encaja en el perfil de los perjuicios denunciados.
Entre los casos incluidos en esta gran demanda se cuenta el de Kaley G. M., de 20 años, la mujer que deberá ser compensada por Meta y YouTube con seis millones de dólares después de que un jurado popular declarara en marzo a estas empresas culpables de generarle adicción cuando era menor de edad y de engancharla a sus plataformas. Fue una sentencia histórica por ser la primera vez que un tribunal estadounidense constataba que las redes sociales causan adicción.
La joven empezó a ver vídeos en YouTube a los seis años. A los nueve, ya con su primer móvil, usaba Instagram. A los 10, TikTok (que entonces se llamaba Musical.ly). Y a los 11, Snapchat. Pasaba hasta 16 horas al día en dichas aplicaciones. Su madre relató en el juicio los ataques de pánico que le daban a su hija cuando le trataba de restringir el uso del teléfono. Kaley pasó por depresión, ansiedad y sufrió problemas de dismorfia corporal. El tribunal decidió que Meta y YouTube tienen que indemnizar a la mujer con seis millones de dólares (el 70% lo pagará Meta y el 30% YouTube) por daños morales y otros perjuicios económicos. La cifra a pagar y el número de tecnológicas responsables podrían aumentar si el proceso, que entra en una nueva fase, determina que hubo también otros delitos.
Seis millones de dólares, asumiendo que la cuantía de la indemnización no aumente, pueden parecer poco para dos gigantes del tamaño de Meta y Alphabet. Pero si se extrapola la cifra a la cantidad de posibles damnificados de todo EE UU (la demanda colectiva solo incluye casos de California), que se podrían contar por decenas o centenares de miles, el resultado es aplastante hasta para las big tech.
El de Kaley G. M. es solo una gota en el mar de casos que llevan estos abogados. Los representados de este equipo de juristas buscan rendición de cuentas por “daños específicos, individuales, que incluyen depresión, autolesiones, desórdenes alimenticios y la muerte”, apunta VanZandt. Daños que, según sostiene la demanda colectiva que han preparado, eran el resultado previsible de las decisiones que tomaron las plataformas, que optaron por hacer que fueran adictivas. “Nada en este acuerdo cambia eso, y nada en ese acuerdo habla por nuestros clientes”, subraya.
“Felicitamos a los fiscales generales por haber conseguido compromisos vinculantes por parte de Meta, como las restricciones nocturnas predeterminadas para los adolescentes, límites de tiempo diarios, normas más estrictas de verificación de la edad de los usuarios, controles parentales y auditorías independientes”, apunta VanZandt. “Si se aplican fielmente, estas reformas suponen un paso en la dirección correcta para la seguridad de los niños en internet, e instamos al resto de redes sociales a que adopten medidas de protección que sean, como mínimo, igual de estrictas”.
Pero, conociendo a la empresa, VanZandt y sus colegas no se fían y prefieren asegurarse tras ver cómo se acaban aplicando estas medidas. “Nuestro optimismo es moderado. Estos cambios llegan tras años de litigios y como consecuencia de la presión de los tribunales. Una cosa son los compromisos escritos en un papel y otra los cambios reales. Estaremos muy atentos para ver si Meta cumple con lo prometido”.
El letrado y su equipo llevan meses preparando los juicios contra Meta y el resto de las plataformas que arrancarán en octubre. “Seguimos en el buen camino. Nuestra campaña para garantizar que se haga justicia con todas las familias implicadas en este proceso continúa”, asegura.
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