La ley que tramita el Parlament de Catalunya para limitar la compra de vivienda ha generado un fuerte rechazo en el sector empresarial e inmobiliario. Foment del Treball se ha unido este jueves a las críticas y ha cargado con dureza contra la iniciativa, impulsada por los Comuns y acordada con el Govern para aprobar los presupuestos de la Generalitat.
La patronal considera que la iniciativa pactada entre el Govern y los Comuns ataca la propiedad privada
La ley que tramita el Parlament de Catalunya para limitar la compra de vivienda ha generado un fuerte rechazo en el sector empresarial e inmobiliario. Foment del Treball se ha unido este jueves a las críticas y ha cargado con dureza contra la iniciativa, impulsada por los Comuns y acordada con el Govern para aprobar los presupuestos de la Generalitat.
La patronal considera que la medida, de aprobarse, no incrementará la oferta residencial, el principal problema del mercado de la vivienda a día de hoy. Al contrario, avisa que podría producir el efecto contrario, ya que, a su juicio, genera inseguridad jurídica y sustituye las políticas de vivienda “por un mayor intervencionismo administrativo”. “Agravará la crisis” de acceso, subrayan en un comunicado.
El Parlament aprobó ayer con los votos de PSC, ERC, Comuns y la CUP tramitar la proposición de ley por la vía exprés -lectura única- para acortar los plazos y aprobarla lo antes posible. Ésta modifica la ley de Urbanismo y permite a los ayuntamientos restringir la adquisición de los pisos según su uso, siempre que el municipio se encuentre en una zona de mercado tensionado.
La entidad empresarial ve “sesgos ideológicos”
Así, las viviendas solo se podrían destinar o a residencia permanente del comprador o a alquiler habitual con el precio topado en las localidades que así lo decidan. Quedarían excluidos otros usos, como el alquiler de temporada, el alquiler turístico o los negocios. Tampoco se podría comprar para volver a vender al cabo de poco tiempo, una práctica que en el negocio inmobiliario se conoce como house flipping. Fija, además, un máximo de una segunda residencia por comprador en estas zonas.
La entidad que preside Josep Sánchez Llibre critica asimismo la manera en la que se promueve esta iniciativa. Primero, porque “una reforma estructural del derecho de propiedad” se tramita por la vía de un acuerdo presupuestario. Y segundo, porque la vía exprés evita que se tengan que crear comisiones o contar con el criterio de ayuntamientos, universidades, el sector jurídico o los sectores afectados.
Críticas a que el Parlament la tramite por la vía exprés
Observa también determinados “sesgos ideológicos”. Los Comuns denominan la propuesta “ley contra la compra especulativa”, lo que, según Foment, no describe objetivamente una realidad jurídica, sino que incorpora ya un juicio político sobre la actividad de los ciudadanos. “Da por supuesto que toda adquisición que no responda a los usos deseados o preferidos por el legislador constituye una forma de especulación”, afirman.
Todo ello, continúa la patronal, hace que la propiedad privada “deje de ser un derecho para convertirse en una autorización o concesión administrativa” en unción del “modelo de vida que el Gobierno considera aceptable”.
Partidos y sectores contrarios a esta ley han avanzado ya que empujarán para llevarla al Tribunal Constitucional si se acaba aprobando. Como previa, Junts y el PP han pedido el dictamen, no vinculante, del Consell de Garanties Estaturàries. Ahora, la proposición de ley se encuentran en fase de enmiendas, que los grupos parlamentarios podrán presentar hasta el 20 de julio. Con ello, es probable que la votación definitiva se retrase al otoño.
Economía
