Un grupo de chavales espera con sus padres a la puerta del colegio público de Alcántara, en Cáceres, a 10 kilómetros de la frontera con Portugal. Quedan cuatro días para que termine el curso, son casi las nueve de la mañana y el aire es fresco, aunque para mediodía se anuncian 34 grados. De la fachada del centro educativo cuelgan las banderas de Extremadura, de España y de la Unión Europea. Al lado, grabado en letras azul oscuro, sobre azulejos blancos decorados con motivos florales, se lee: Colegio Público Miguel Primo de Rivera.
La escuela pública de Alcántara, en Cáceres, ha aprobado cambiar su denominación, pero el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura se resisten
Un grupo de chavales espera con sus padres a la puerta del colegio público de Alcántara, en Cáceres, a 10 kilómetros de la frontera con Portugal. Quedan cuatro días para que termine el curso, son casi las nueve de la mañana y el aire es fresco, aunque para mediodía se anuncian 34 grados. De la fachada del centro educativo cuelgan las banderas de Extremadura, de España y de la Unión Europea. Al lado, grabado en letras azul oscuro, sobre azulejos blancos decorados con motivos florales, se lee: Colegio Público Miguel Primo de Rivera.
El nombre del centro educativo, que honra al dictador, admirador de Mussolini, que gobernó España hace un siglo, entre 1923 y 1930, genera una gran división en el pueblo, de 1.326 habitantes. E incluso miedo entre algunos de los vecinos que apoyan el intento de cambiarlo. “Estamos en una sociedad que se está polarizando cada vez más, y es muy difícil ir contracorriente en algunos temas”, dice Sara, una madre del colegio, que pide que no se publique su verdadero nombre.
Hace más de un año, el claustro de profesores y el consejo escolar, donde están representadas maestras, familias y alumnos, aprobaron cambiar su denominación por la de Puente Romano de Alcántara, la impresionante obra de ingeniería levantada a principios del siglo II sobre las aguas del Tajo. A diferencia de Primo de Rivera, el monumento, argumenta el colegio en el expediente administrativo del caso al que ha tenido acceso este diario, “no está asociado a ideologías políticas”, “es un patrimonio artístico y cultural” del pueblo, y tiene el simbolismo de un puente, “que une y no divide”.
El Ayuntamiento, gobernado por el PP, se opuso al cambio. La Junta de Extremadura, cuyo Ejecutivo está integrado por populares y Vox, ha dejado sin responder las peticiones presentadas por el colegio desde principios de este año para hacerlo efectivo, con el agravante de que la actual consejera de Educación de la Junta, Sandra Valencia, tiene su plaza de maestra en el centro. Y el paso dado por el consejo escolar desencadenó una lluvia de insultos y amenazas en redes sociales hacia las maestras y el equipo directivo (que no han querido hablar en este reportaje), así como una concentración de miembros de Vox a las puertas de la escuela, en cuya valla apareció colgada una sábana contraria a la modificación.
Un dictador de manual
Miguel Primo de Rivera, padre del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, fue un dictador de libro, explica su biógrafo Alejandro Quiroga, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Dio un golpe de Estado, cerró el Parlamento, suspendió la Constitución, sustituyó a los alcaldes por militares, cesó a jueces a voluntad, impuso la censura y ejerció una represión terrible, con miles de encarcelados por sus ideas políticas, cientos de condenas de destierro y asesinatos de sindicalistas utilizando la ley de fugas. Fue responsable, además, sigue Quiroga, del brutal uso de armas químicas, gas mostaza, en el Rif, durante la guerra colonial en el norte de Marruecos, lo que causó “auténticas matanzas de civiles”. Los aviones bombardeaban poblados y zocos, contaminando los objetivos durante dos o tres semanas. “Además de los muertos directos por inhalación, de los que no tenemos cifras totales, pero debieron ser cientos, los gases causaban ceguera, enfermedades respiratorias y, a largo plazo, cáncer”, añade el historiador.
Existen dudas sobre si su figura está incluida en la legislación de memoria histórica. La normativa obliga de forma inequívoca a retirar nombres vinculados al franquismo, pero, según una interpretación, la ley de 2022 extiende dicho deber a los elementos contrarios a la memoria democrática a un periodo mayor, que arrancaría con la Constitución de Cádiz de 1812. Lo que el colegio considera claro es que la denominación contradice la ley de Educación, que establece entre las misiones del sistema educativo la de transmitir los valores democráticos. “Las escuelas son espacios de formación en ciudadanía. Su nombre debe reflejar valores como la libertad, la diversidad y el respeto de los derechos humanos, no glorificar figuras vinculadas a regímenes totalitarios”, señala la memoria justificativa de la propuesta de cambio de nombre.
“Se lió una considerable”
Desde hace más de un año, el Ayuntamiento de Alcántara se resiste a emitir un informe sobre el cambio de nombre. El pasado verano, la alcaldesa, Mónica Granados, del PP, aseguró que celebraría una consulta popular para decidir la postura del Consistorio, pero no ha llegado a hacerlo. Sentada en su despacho, la regidora afirma que la hará, e insiste en que su prioridad es la paz social: “Yo me guardo mi opinión personal, pero me debo al pueblo. Y al ver cómo reaccionó, porque se lió una considerable, tengo muy claro que, sin la consulta, no muevo nada. Somos un pueblo muy pequeñito y enfrentarnos los vecinos no nos viene bien a nadie”.
Basta dar una vuelta por las estrechas calles de Alcántara y preguntar a los vecinos para comprobar que el tema resulta polémico. Algunos se oponen al cambio por razones ideológicas. Como Rafael Magro, dueño del bar Lisboa. “Estoy en contra porque Miguel Primo de Rivera no tiene nada que ver con el Generalísimo ni con la memoria histórica, aunque también estoy en contra de las leyes de memoria histórica. Y porque el primer asfalto que se echó en España fue durante su gobierno, evitó que se adelantara la Guerra Civil, potenció la educación pública y creó muchas empresas públicas, aunque también estoy en contra de lo público, porque soy liberal”, resume Magro apoyado en la barra de su bar.
“Primorrivera”
La mayor parte de los partidarios de mantener el nombre apelan, sin embargo, a que siempre, desde que recuerdan en el pueblo, se ha llamado así. “Es el nombre con el que lo hemos conocido toda la vida. Y para que veas que no tiene una connotación política, hablando entre nosotros decimos Primorrivera”, dice, pronunciando el apellido como si fuera una única palabra, Santos Moreno, de 59 años, operario jubilado de la cercana central hidroeléctrica. Otros vecinos defienden, en línea con la alcaldesa, que la modificación debería ser decidida, en todo caso, por el conjunto del pueblo.
No es tan fácil, en cambio, dar con personas que defiendan abiertamente la sustitución. Una de ellas es María José Acosta, trabajadora social, de 53 años, que pasea a su perro por la calle que baja hacia el puente romano. “Me gustaría que lo cambiasen. Porque Primo de Rivera fue un dictador, estamos en una democracia, y en un colegio público no tiene sentido ninguno que se ensalce a un personaje así”. Sara, la madre del colegio que pide que no se publique su nombre, añade que ni cuando ella estudió, ni ahora que lo hacen sus hijos, se ha trabajado en la escuela nada relacionado con el personaje. “Nunca hice una redacción sobre él, ni nos explicaron quién era este señor, yo creo que porque daba vergüenza, mientras que seguro que en el colegio Dulce Chacón de Cáceres sí que saben quién fue Dulce Chacón”.
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