El Tribunal Supremo ha condenado a prisión permanente revisable a una auxiliar de enfermería por el asesinato de una anciana de 98 años a la que inyectó insulina que no necesitaba, tras propinarle golpes en la cabeza y zarandearla, en una residencia de León. La Audiencia Provincial de León condenó a la acusada a 20 años de prisión, tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular, si bien el alto tribunal estima el recurso de la Fiscalía y eleva el castigo a prisión permanente revisable dada la situación de vulnerabilidad de la víctima.
La Audiencia Provincial había condenado a la mujer a 20 años de cárcel, pero el alto tribunal estimó la petición de la Fiscalía de elevar el castigo
La Audiencia Provincial había condenado a la mujer a 20 años de cárcel, pero el alto tribunal estimó la petición de la Fiscalía de elevar el castigo

El Tribunal Supremo ha condenado a prisión permanente revisable a una auxiliar de enfermería por el asesinato de una anciana de 98 años a la que inyectó insulina que no necesitaba, tras propinarle golpes en la cabeza y zarandearla, en una residencia de León. La Audiencia Provincial de León condenó a la acusada a 20 años de prisión, tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular, si bien el alto tribunal estima el recurso de la Fiscalía y eleva el castigo a prisión permanente revisable dada la situación de vulnerabilidad de la víctima.
Los hechos se remontan al 17 de agosto de 2022, cuando, tras la cena, la trabajadora del centro llevó a su habitación a la víctima, que sufría demencia con dependencia para cuidados básicos y actividades cotidianas, según declaró probado la sentencia de instancia. Allí la agredió con varios golpes en la cabeza y la zarandeó. Los gritos de la víctima alertaron a otra auxiliar, que fue a la habitación. También los responsables del centro y una dotación de la Policía Nacional acudió al lugar, donde la anciana fue atendida por personal sanitario.
Cuando la acusada iba a marcharse, conminada por la directora de la residencia, entró en el cuarto de enfermería y cogió del carro de curas un bolígrafo de insulina de otra residente que inyectó, con cuatro pinchazos, a la víctima, “con el propósito de causarle la muerte”. Al día siguiente, cuando otras auxiliares fueron a levantar a la mujer, comprobaron que no respondía a estímulos. Ingresó en coma en el hospital por una intoxicación de insulina que días después le provocó la muerte.
Tras el juicio, en el que la acusada negó los hechos, un jurado la declaró culpable, y resultó condenada a 20 años de cárcel por asesinato alevoso y al pago de una indemnización de 5.000 euros a cada uno de los 10 sobrinos de la víctima, que después, sin embargo, rebajó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
De la mano del fiscal, que ya en el juicio pidió prisión permanente revisable para la acusada, el caso ha llegado al Tribunal Supremo.
Para el alto tribunal, “no hay duda de que inyectar insulina en esas dosis a una anciana con sus facultades mentales deterioradas y rendida a los cuidados de los empleados de la residencia en que estaba ingresada es acción alevosa” que justifica la condena a la acusada.
Los magistrados destacan “la forma sibilina e inimaginable” en que se produjo el crimen en un contexto en el que una persona “está siendo atendida y cuidada como usuaria de una residencia” y en el que, además, se trata de una persona “especialmente vulnerable por su edad y estado psíquico”. Es decir, hay “un factor añadido que incrementa la gravedad de la conducta”.
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