La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “va a la ofensiva” para aplicar un registro horario que permita un cumplimiento real de la jornada y con ello reducir el tiempo efectivo de trabajo. Después del fracaso de la reducción de la jornada legal a las 37,5 horas, llega la hora de la reacción o al menos, del premio de consolación. Intentar por la vía práctica rascar una parte de lo que no se consiguió con el cambio legislativo.
Trabajo da por hecho que la CEOE lo impugnará pero lo considera blindado jurídicamente
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “va a la ofensiva” para aplicar un registro horario que permita un cumplimiento real de la jornada y con ello reducir el tiempo efectivo de trabajo. Después del fracaso de la reducción de la jornada legal a las 37,5 horas, llega la hora de la reacción o al menos, del premio de consolación. Intentar por la vía práctica rascar una parte de lo que no se consiguió con el cambio legislativo.
Es el real decreto que ya salió a consulta pública al día siguiente de que el Congreso de los Diputados tumbara las 37,5 horas, y que Trabajo quiere aplicar a marchas forzadas. Un registro horario donde se detalle el tiempo de trabajo especificando si es efectivo o de disponibilidad, o si las horas son ordinarias o extraordinarias; y con garantías de fiabilidad, formato digital y accesible a distancia.
En el ministerio dan por descontado que la patronal impugnará en los tribunales la norma, pero resaltan que el nuevo registro está blindado jurídicamente. Consideran que las voces que apuntan a un potencial conflicto de protección de datos no tienen ninguna base. “Es absolutamente sólido jurídicamente”, apuntan desde Trabajo y añaden que la patronal suele recurrir sus normas ante los tribunales, y que suelen perder. En este caso, el potencial problema podría venir porque tanto el trabajador, como su representante sindical y la inspección de trabajo, tendrán acceso a su registro horario, pero en el Ministerio lo descartan.
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Otro elemento que destacan en el equipo de Yolanda Díaz es que ahora “no se va a negociar nada”. Ya pasó el tiempo de la negociación, con los once meses que estuvo abierta la mesa de diálogo con los agentes sociales. Por tanto, ahora toca aplicar el registro. Tienen prisa, aunque reconocen que no estará disponible hasta el próximo año, dado que desarrollar un real decreto lleva un mínimo de cuatro o cinco meses en poder aplicarse.
El registro tiene que ser objetivo, fiable y accesible, por lo tanto, para Trabajo esto significa que tiene que ser digital y con acceso en remoto. Es algo que no se especifica en la consulta pública abierta, pero que en el ministerio lo tienen muy claro. A partir de ahora, cuando el 26 de septiembre termine el plazo de la consulta, Trabajo elaborará un texto más articulado que pasará por las consultas que correspondan, entre las cuales está la del Consejo de Estado y probablemente también la de la Agencia de Protección de Datos, antes que el Consejo de Ministros pueda aprobarlo. En ese momento ya entrará en vigor, con, previsiblemente, un margen de adaptación que se dará a las empresas todavía por definir.
En el Ministerio no descartan que se ponga a disposición de las empresas una herramienta para ayudar a adoptar el registro, aunque la decisión no está tomada.
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