Hace un par de meses, Esperanza recibió una factura del Hospital La Princesa, en Madrid. El importe: 185 euros. El concepto: “Gastos de asistencia sanitaria por los servicios prestados en la fecha”. La fecha es de un año antes, de abril de 2024, cuando ella fue las Urgencias de ese centro público derivada por el centro de crisis 24 horas de violencia sexual de la Comunidad de Madrid. Esperanza no entendía nada. Ella, llegada unos meses antes desde Colombia, no sabía que en España ―de forma más frecuente en Madrid―, y a pesar de que se supone que la sanidad pública es eso, pública, y además universal, podían cobrarle si su situación administrativa no era regular. Fueran las que fueran sus circunstancias, o los motivos por los que necesitara atención médica.
La mujer, que es demandante de asilo, fue derivada desde el centro de crisis 24 horas de la Comunidad de Madrid a las urgencias de La Princesa
Hace un par de meses, Esperanza recibió una factura del Hospital La Princesa, en Madrid. El importe: 185 euros. El concepto: “Gastos de asistencia sanitaria por los servicios prestados en la fecha”. La fecha es de un año antes, de abril de 2024, cuando ella fue las Urgencias de ese centro público derivada por el centro de crisis 24 horas de violencia sexual de la Comunidad de Madrid. Esperanza no entendía nada. Ella, llegada unos meses antes desde Colombia, no sabía que en España ―de forma más frecuente en Madrid―, y a pesar de que se supone que la sanidad pública es eso, pública, y además universal, podían cobrarle si su situación administrativa no era regular. Fueran las que fueran sus circunstancias, o los motivos por los que necesitara atención médica.
Esperanza cumplirá 50 este año y aterrizó en España en el otoño de 2023. Se marchó de Colombia para huir de una violencia que amenazaba su vida, después de haber sido víctima de violación y torturas por parte de varios hombres, “razón por la que pidió asilo en España poco después de llegar, en enero de 2024”, explica su abogado, Juan Rubiño. En febrero, comenzó a ir al centro de crisis 24 horas de la Comunidad de Madrid. Terrores nocturnos, ansiedad y ataques de pánico son solo algunas de las secuelas que le dejó aquella violencia. En abril de 2024, y en medio de una crisis aguda por esas secuelas, desde el centro la enviaron de forma urgente a La Princesa.
La atendieron, pero casi medio año después, en otoño 2024, “le pidieron desde el centro una fotocopia de su pasaporte y el documento que acreditara que tenía derecho a la asistencia sanitaria”, relata Rubiño.
Esperanza ―un nombre ficticio para proteger su identidad― envió entonces esa copia del pasaporte; un certificado emitido y sellado por el centro de crisis en el que consta que era usuaria desde febrero de ese mismo año; el resguardo de la cita que tenía para que le dieran el DASE (el Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España), que era justo un día después al que ella tuvo que ir al hospital; el justificante de la petición de asilo que había hecho en enero de 2024; y la petición de que no le cobraran la asistencia por todo lo anterior.
“Pues incluso con todo eso, el hospital desoyó las alegaciones de ella y le enviaron la factura”, detalla Rubiño. Cuando eso ocurrió, fue cuando Esperanza entró en contacto con la plataforma Yo Sí Sanidad Universal y desde ahí, encontró a Rubiño, uno de los abogados de la cooperativa Red Jurídica que colabora con esta organización formada en 2012 por usuarios y trabajadores del Sistema Nacional de Salud contra la exclusión sanitaria.
“Que afecta siempre a quien más vulnerable es”, alega el letrado. Y que lo hace más desde hace más de una década. El problema, explica una de las portavoces de Yo Sí, médica, empezó en 2012, “con el Real Decreto del gobierno del Partido Popular de exclusión sanitaria a las personas migrantes”, que a partir de ese momento podían ser atendidos solo en urgencias o en las maternidades, es decir, para dar a luz.
Luego, en 2018, el PSOE llegó al Gobierno y uno de los primeros decretos que aprobaron ―con los votos en contra del PP y la abstención del ya extinto Ciudadanos― fue para recuperar la sanidad universal. “Pero no se hizo bien, dejó recovecos burocráticos y al año siguiente emitieron unas recomendaciones a las Comunidades Autónomas en las que se mantuvieron las trabas, por ejemplo, la petición de demostrar que llevas al menos tres meses empadronada en España para la gratuidad. Y puede ser que no lleves tres meses en España, y estás fuera, o puede ser que no puedas demostrarlo, y estás fuera también”, explica la sanitaria.
Al ser una recomendación, cada autonomía lo ha gestionado a su voluntad, “y hay algunas más excluyentes que otras”, como Madrid o Castilla y León, enumera la portavoz de Yo Sí. Madrid es, además, una de las autonomías con más población migrante, según el INE; con datos de 2022, hay un 14,03% de personas extranjeras residiendo en la comunidad, con distintas casuísticas y problemas.
Rubiño explica que, por ejemplo, en el caso de Esperanza, “no cuenta con la formación suficiente para saber qué está pasando, ni podía entender por qué le había llegado esa carta de la comunidad ni qué era. No sabía qué tenía que hacer”. Recuerda además que tanto la ley contra la violencia de género de 2004 como la de Libertad Sexual de 2022 garantizan la asistencia sanitaria, inmediata y a largo plazo, para las víctimas de ambas violencias.
La sanitaria añade una normativa más: “La ley específica de Madrid de violencia de género, de 2005, y que fue pionera respecto al contexto nacional, estableció ya que la cobertura ha de ser para todas las mujeres independientemente de su origen o situación administrativa”.
Piensa Rubiño en qué hubiese ocurrido si a Esperanza “la llegan a ingresar. Se le queda una hipoteca de por vida”. El abogado ha presentado ya un recurso administrativo y unas alegaciones de ampliación de recurso ante el gerente del hospital [que es quien firma la factura]: “Y ahora vamos a hacer otro escrito de ampliación de alegaciones y una solicitud de revisión de oficio, que es cuando la Administración se da cuenta de que ha hecho algo injusto, y puede revocar su decisión, y esto es algo que pueden hacer ellos mismos cuando quieran”.
Desde el hospital confirman tanto la atención en Urgencias como el envío de la factura: “Como se actúa siempre en los casos en que no se aporta la cobertura sanitaria vigente, se procedió a la regulación administrativa (el envío de una notificación con el coste de la atención)”. Y añaden que en esa notificación “enviada a la paciente se explicita que existe un plazo en el que la interesada puede alegar los motivos que se consideren , aportar documentación de cobertura sanitaria o interponer un recurso, que el centro valora por si procede desestimar el cobro”. Según el hospital, en el caso de Esperanza, “no se ha recibido ningún recurso dentro plazo establecido”.
Algo que Rubiño contradice explicando que no solo el hospital no hace mención a las alegaciones que ya presentó Esperanza, sino que no entiende por qué no les consta el recurso, cuando “fue enviado por correo administrativo el 29 de mayo”, un día antes de que acabara ese plazo, y a cuyo justificante de envío ha tenido acceso este diario, como al resto de documentación.
Mientras se resuelve la parte administrativa, suma Rubiño, “el dolor añadido para Esperanza después de la situación que ha vivido y los motivos por los que acudió a la sanidad pública, está hecho”. La portavoz de Yo Sí afirma que “la burocracia manda sobre el cuidado”, incluso en situaciones extremas, como en las que se produce violencia de género.
Es ella quien explica que las mujeres que han sufrido violencia sexual pueden tener secuelas directas e inmediatas y también posteriores, intermitentes o permanentes en el tiempo y que “cómo sea el primer contacto con el sistema es muy determinante en el impacto que eso va a tener en su evolución psicológica y social y evidentemente en sus futuras interacciones con el sistema”.
De hecho, sigue, los protocolos en torno a la violencia sexual están configurados para que la mujer esté bien atendida tanto en la atención inmediata como en el largo plazo, “porque en la mayoría de los casos el primer contacto de estas mujeres con las instituciones no es inmediato, no se lo dicen a nadie, no acuden al sistema y cuando lo hacen, después, sigue siendo tremendamente importante para que ellas puedan recuperarse, a la hora de que acepten ayuda, o acompañamiento, o lo que necesiten”.
Sin embargo, “Esperanza no es la primera víctima de violencia sexual en situación administrativa irregular de la que tenemos constancia que o bien en la puerta de los centros se les dice que les van a cobrar y entonces ellas se dan la vuelta porque no tienen dinero para poder pagarla, o bien las atienden y les mandan la factura a casa”. También lo dice Rubiño, “que es Esperanza y otras tantas Esperanzas. La situación de precariedad en la que están estas personas es absoluta”.
Facturas de cientos de euros, de miles o de cientos de miles
A veces económica, pero a veces también social, de apoyos, o de herramientas para manejarse en un país que no es el suyo con sistemas que desconocen: “Nos estamos encontrando facturas o trabas administrativas para la atención, siempre a personas migrantes y a veces incluso en riesgo vital”.
Y dice el abogado que si los 185 euros son algo de lo que no puede desprenderse Esperanza, cualquiera puede imaginar enfrentarse a facturas de miles de euros, o de cientos de miles: “De alguien que necesitaba un trasplante de médula, un niño, cuya vida corría peligro y para lo que tuve que pedir medidas cautelares. O el caso de una mujer embarazada con VIH, que tenía derecho a ser atendida, pero tuvo un parto prematuro y querían cobrarle 3.500 euros”.
Cuando van a juicio, Rubiño hace el cálculo de que ganan en un 98% de las causas, “pero, ¿y las que no? Son personas que llevan poco tiempo en España, no conocen sus derechos, a veces está la cuestión del idioma, o el miedo a que cualquier cuestión afecte a su situación en el país”.
En el caso de Esperanza, dice, “su miedo es si esto le va a dificultar su estancia en España, como muchas otras personas. Dicen además a veces desde las autonomías que no, que eso no se cobra, pero tenemos mujeres en fase de apremio. Si tienes deudas, es una barrera a la regularización administrativa”. Y luego, “hay otro problema con lo de llegar hasta los tribunales, que es que cuando son facturas pequeñas, te cuesta más el collar que el perro, también por eso el porcentaje que lleva su causa a juicio es muy pequeño”.
Para Rubiño, como para la portavoz de Yo Sí, estas circunstancias, “institucionalmente, son violentas”. Para el abogado, “otra simple recomendación por parte del Ministerio ayudaría mucho a que esto no siguiera sucediendo”. En casos como los de Esperanza, cuando las necesidades derivan de haber sufrido violencia, dice la médica, “la facturación debería paralizarse de forma inmediata. Son situaciones que conllevan mucho estigma y garantizar un derecho a posteriori, cuando ya ha sido vulnerado, no es garantizarlo, y la victimización por parte del sistema ya está hecha”.
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