La guerra de las bandas de origen extranjero duplica las condenas de prisión respecto a 2014 y colapsa el sistema penitenciario sueco Leer La guerra de las bandas de origen extranjero duplica las condenas de prisión respecto a 2014 y colapsa el sistema penitenciario sueco Leer
La guerra de las bandas ha sometido al sistema penitenciario sueco a tal presión que el Gobierno tripartito formado por moderados, cristianodemócratas y liberales ha alcanzado un acuerdo con Estonia para enviar a hasta 600 presos condenados en Suecia a que cumplan sus penas en una cárcel situada en la ciudad de Tartu, en el este del país báltico.
La sobrepoblación y la falta de plazas en las prisiones suecas se ha agravado en los últimos años debido al aumento de la violencia de las bandas, cuyos miembros son casi exclusivamente de origen extranjero, procedentes en su mayoría de Oriente Próximo, Turquía, África o los Balcanes.
Sólo en 2023, los tribunales suecos emitieron condenas de prisión por una duración total de casi 200.000 meses, un incremento del 25% con respecto al año anterior y el doble del total de 2014. El sistema penitenciario sueco dispone en estos momentos de unas 9.000 plazas. Si continúa la evolución actual, se considera que para 2033 necesitará unas 27.000.
De acuerdo con el plan, Suecia alquilará 400 celdas con capacidad para un máximo de 600 reclusos. Antes de que los presos puedan ser transportados a Tartu, el acuerdo debe ser firmado por ambas partes, lo cual se prevé que ocurra a lo largo de este verano. Además, el pacto debe ser aprobado en el Riksdagen, el Parlamento sueco, por una mayoría de dos tercios.
Los presos susceptibles de ser trasladados a Estonia serán hombres mayores de 18 años, tanto suecos como extranjeros, que hayan sido condenados en Suecia por crímenes graves como asesinatos o agresiones sexuales. Sin embargo, no se enviará a aquellos que requieran de un alto nivel de cuidados o que representen un elevado riesgo de seguridad.
Ninguno de los presos deberá pasar toda su condena en Tartu, ya que la ley estipula que el cumplimiento debe comenzar y terminar en un establecimiento sueco. De acuerdo con las previsiones, los primeros traslados se producirían en la primavera de 2026.
El personal de la cárcel estará compuesto por unos 400 funcionarios estonios que hablen inglés. En cualquier caso, los reclusos tendrán derecho a ser asistidos por intérpretes. En la prisión se aplicará la legislación estonia, aunque se introducirán reglas especiales que permitan que las condiciones de la estancia sean lo más parecidas posibles a las condiciones habituales en Suecia.
«La cárcel entera estará a nuestra disposición, por lo que este acuerdo aliviará considerablemente la presión sobre el sistema penitenciario», ha afirmado el ministro de Justicia sueco, el moderado Gunnar Strömmer. Su homóloga estonia, la liberal Liisa-Ly Pakosta, considera que el pacto «reforzará la seguridad en los dos países».
Existe también un factor económico. Suecia pagará 8.500 euros mensuales por cada plaza, mientras que el coste equivalente estimado en las cárceles en territorio sueco es de 11.500 euros. Un ahorro de 3.000 euros por plaza, aunque aquí no se incluyen los gastos de transporte.
Estonia negocia también un acuerdo similar con Países Bajos, que en principio se limitaría a 500 presos. Se estima que en la actualidad, debido a la falta de plazas en las cárceles neerlandesas, hay unas 2.000 personas que se encuentran en libertad pese a que deberían estar entre rejas.
El proceso del acuerdo entre Suecia y Estonia ha sido rápido. El Gobierno sueco inició investigaciones para alquilar plazas de prisión en el extranjero en diciembre de 2023 y el informe final se presentó en enero de 2025, tras lo cual se iniciaron las conversaciones con los estonios. Ambos países tenían ya establecida una colaboración previa en el área penal y, como miembros de la UE, están ligados a las mismas convenciones internacionales. El ministro Strömmer asegura que sus sistemas penitenciarios son «muy parecidos».
Suecia adelanta así a otro país escandinavo, Dinamarca, que inició este camino con el alquiler de 300 plazas de prisión en Kosovo, aunque en este caso exclusivamente para extranjeros condenados a deportación una vez hayan cumplido sus condenas. El Parlamento kosovar aprobó el acuerdo en mayo de 2024, pero la reforma de la cárcel a la que serán trasladados los reclusos llevará 26 meses, por lo que todavía no está en uso.
Este plan, que responde también a la falta de plazas y personal, implica el alquiler de 300 celdas en la prisión de Gjilan, en el sureste del país. Dinamarca comenzará pagando 15 millones de euros anuales. No obstante, si el acuerdo se mantiene durante el periodo previsto de 10 años, el total ascenderá a 210 millones de euros.
Se estima que el sistema de prisiones de Kosovo, que a diferencia de Estonia no es miembro de la UE, tiene actualmente entre 700 y 800 plazas vacantes. La cárcel de Gjilan se encuentra a unos 50 kilómetros de la capital, Pristina. El pacto excluye el envío de individuos condenados por terrorismo y crímenes de guerras, así como de aquellos que sufran enfermedades mentales.
Instituciones como la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) o el Observatorio Europeo de Prisiones critican estos acuerdos, ya que estiman que incumplen las convenciones internacionales respecto a los derechos de las personas privadas de libertad, así como que pueden incurrir en una potencial discriminación de los presos extranjeros.
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