El gobierno anunció este miércoles que los militares se unirán a las fuerzas policiales para despejar la carretera entre Oruro y Cochabamba Leer El gobierno anunció este miércoles que los militares se unirán a las fuerzas policiales para despejar la carretera entre Oruro y Cochabamba Leer
El desafío de Evo Morales al gobierno de Bolivia parece no tener límites. Dos oficiales de la Policía Nacional son las víctimas mortales de la emboscada, como la han definido las autoridades, realizada contra un contingente policial por seguidores de Evo Morales en la entrada de Llallagua, del departamento de Potosí.
El teniente Brayan Barrozo y el subteniente Carlos Apata perdieron la vida durante el desbloqueo de la carretera por disparos realizados desde los cerros, al parecer por francotiradores que formaban parte del bloqueo de carreteras impuesto por los radicales del expresidente.
Otro grupo de agentes resultó herido por disparos y pedradas. El capitán Daynor Miranda se encuentra en estado crítico. «Fueron vilmente asesinados por disparos de arma de fuego mientras cumplían su deber de proteger a la ciudadanía y la libre transitabilidad del país, en medio de una jornada marcada por la violencia promovida por sectores afines a Evo Morales», confirmó en redes sociales Roberto Ríos, ministro de Gobierno y mano derecha del presidente Luis Arce.
«El proceder es el mismo que en 2019, el uso de francotiradores desde los cerros», denunció la asambleísta Azucena Fuertes y corroboró el comandante de la Policía de Llallagua.
El gobierno anunció este miércoles que los militares se unirán a las fuerzas policiales para despejar la carretera entre Oruro y Cochabamba.
Los dos líderes de la revolución indígena encabezan una guerra fratricida entre sus sectores, agravada con los bloqueos puestos en marcha por los seguidores del exmandatario, dispuestos a forzar la candidata presidencial de Morales, que no figura entre quienes disputarán la primera vuelta electoral en agosto tras la decisión del Tribunal Constitucional. Los rebeldes también buscan forzar la dimisión del presidente.
La justicia boliviana mantiene desde octubre pasado una orden de búsqueda y captura contra el exmandatario, que se encuentra atrincherado en el Trópico de Cochabamba. A las siete acusaciones por estupro, trata y tráfico de menores se ha sumado la denuncia penal del gobierno por terrorismo y obstaculización de procesos electorales.
Los bloqueos de carreteras, iniciados hace 10 días, han provocado escasez de alimentos y gas en algunas localidades, además de graves enfrentamientos con la fuerza pública, contra la que también se han empleado explosivos. Bolivia ya sufría antes una grave crisis socioeconómica, pero las largas colas para conseguir pollo y aceite y el malestar de los ciudadanos han profundizado aún más la deriva del país andino.
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