La encrucijada política de Pedro Sánchez se resume en que en los próximos días debería demostrar la máxima firmeza ejecutiva para que su propuesta de continuidad sea creíble, justo cuando se encuentra en su momento de más extrema debilidad. Firmeza para convencer a sus aliados y soportes parlamentarios de que la legislatura tiene por delante un futuro creíble, mínimamente sólido. Debilidad, con un partido noqueado y que le atribuye a el la máxima responsabilidad en la elección de dos secretarios de organización sucesivos sospechosos de corrupción. Y debilidad de un gobierno que en la vigente legislatura ha tenido muchas dificultades para aplicar su agenda y que camina a remolque de su presidente. ¿Puede resistir, por echar mano de su manual, en las actuales circunstancias?
La encrucijada política de Pedro Sánchez se resume en que en los próximos días debería demostrar la máxima firmeza ejecutiva para que su propuesta de continuidad sea creíble, justo cuando se encuentra en su momento de más extrema debilidad. Firmeza para convencer a sus aliados y soportes parlamentarios de que la legislatura tiene por delante un futuro creíble, mínimamente sólido. Debilidad, con un partido noqueado y que le atribuye a el la máxima responsabilidad en la elección de dos secretarios de organización sucesivos sospechosos de corrupción. Y debilidad de un gobierno que en la vigente legislatura ha tenido muchas dificultades para aplicar su agenda y que camina a remolque de su presidente. ¿Puede resistir, por echar mano de su manual, en las actuales circunstancias?Seguir leyendo…
La encrucijada política de Pedro Sánchez se resume en que en los próximos días debería demostrar la máxima firmeza ejecutiva para que su propuesta de continuidad sea creíble, justo cuando se encuentra en su momento de más extrema debilidad. Firmeza para convencer a sus aliados y soportes parlamentarios de que la legislatura tiene por delante un futuro creíble, mínimamente sólido. Debilidad, con un partido noqueado y que le atribuye a el la máxima responsabilidad en la elección de dos secretarios de organización sucesivos sospechosos de corrupción. Y debilidad de un gobierno que en la vigente legislatura ha tenido muchas dificultades para aplicar su agenda y que camina a remolque de su presidente. ¿Puede resistir, por echar mano de su manual, en las actuales circunstancias?
A su favor, sus socios son los primeros deseosos de que Sánchez no convoque elecciones, tanto por el pobre resultado que se presuponen cada uno de ellos como por el más que probable escenario que resultaría: un gobierno PP-VOX. ¿Este interés común es suficiente para que Sánchez pueda exigirles el compromiso de aprobarle, por ejemplo, unos Presupuestos del Estado para el 2026, los primeros de la legislatura?. Podría ser una primera prueba de su capacidad de mantener vivo el actual Congreso; lo que a día de hoy se antoja difícil.
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En el frente económico, otro de los primeros expedientes será el de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Varios de sus socios, sobre todo Sumar y Junts, esperan que el gobierno emita a finales de mes una dura resolución que la haga descarrilar. En esa partida también se juega parte de su credibilidad el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha apostado a su fracaso y al mantenimiento independiente de la entidad financiera vallesana. Pero, claro, la pregunta de nuevo es ¿Está Sánchez en condiciones de cumplir esos deseos y enfrentarse a gran parte del poder económico español y a la presión de Bruselas para que de luz verde sin más a la operación?
A caballo de la política y la economía aparece también la financiación singular de Catalunya y la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas con el FLA. Las que gobierna el PP, la mayoría, mantienen una oposición cerrada, en parte impuesta por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, especialmente en el tema del perdón de la deuda, en parte por reservas propias respecto al nuevo modelo. Parece una quimera acometer ese objetivo con la debilidad adicional sobrevenida y con una amenaza de rebelión autonómica sobre la mesa.
Mané Espinosa
En términos de autoridad política interna, estará pendiente de resolución el enfrentamiento con el primer accionista de PRISA, Joseph Oughourlian. Los socios apoyados por el gobierno esperaban presentar a final de mes una oferta, de dudosa viabilidad, para hacerse con el control de la división de medios de comunicación: El País y la Ser. Una apuesta que se desvanecería si el ejecutivo pierde la capacidad de transmitir fe en su continuidad.
El mundo empresarial anhela la caída de Sánchez, excepto en Catalunya
En el frente externo, el gran asunto son las presiones de EE.UU., la OTAN y varios socios de la UE para elevar el listón del gasto público en Defensa, el 5% de impuesto imperial decretado por Donald Trump y al que Sánchez se ha opuesto con firmeza hasta ahora. El Gobierno ha elevado ya el dinero destinado a esa partida en unos 7.000 millones de euros en lo que va de año, con lo que acudirá a la cumbre de la OTAN del 24 y 25 de este mes, con un gasto cercano al 2% del PIB. Pero su margen prácticamente se agota aquí. ¿Hasta qué cantidad permitirán Sumar y Podemos que suba ese gasto sin provocar una crisis? También es cierto que los socios europeos y de la OTAN pueden tomar notar de la situación interna y optar por no presionar en exceso, para evitar el descarrilamiento definitivo de uno de los gobiernos más europeístas.
En el ámbito de las relaciones con el mundo económico, especialmente el empresarial, la complejidad también es notable. Un sector mayoritario del empresariado español sueña con la caída del gobierno de Sánchez, especialmente por sus políticas impositivas. La elite económica anhela una contrarrevolución fiscal y espera que un gobierno del PP, tanto en solitario como aliado con Vox, haga realidad sus aspiraciones.
En Catalunya, sin embargo, no se comparte esa posición. El descontento fiscal con Sánchez y su ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, es equiparable al del resto de España y directamente proporcional al volumen de la fortuna acumulada. Pero el efecto político se calibra de manera diferente.
En Barcelona no solo se apoyó desde el primer momento la línea de normalización adoptada por Sánchez tras las elecciones de julio del 2023 y que pasaba por priorizar un pacto de investidura que incluyera, además de a las fuerzas de izquierda y el nacionalismo vasco del PNV, a los independentistas de Junts. Fueron sus impulsores iniciales.
De paso, los patronos catalanes pensaban en reconducir la línea política del partido de Carles Puigdemont hacia una versión actualizada de la antigua línea posibilista de la Convergència de Jordi Pujol. Y para ello era necesario asegurar el retorno en libertad del presidente instalado en Waterloo, es decir la amnistía. En ambos casos consiguieron sus objetivos. La amnistía está en marcha y Junts ha actuado de valladar parlamentario contra las iniciativas de la izquierda que no les gustaban. La última, la reducción de jornada.
Tras un compromiso sobre los Presupuestos, el primer asunto será la OPA del BBVA
Una caída del gobierno de Sánchez sin haber culminado ese objetivo supondría una amenaza grave tanto para la tranquilidad política en Catalunya como para la consolidación de una fuerza nacionalista de derechas con influencia en España. Por eso las fuerzas económicas catalanas preferirían que se mantuviera la actual situación; por lo menos hasta que la amnistía esté asegurada y sea irreversible.
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