El presidente salvadoreño introduce la cadena perpetua y concentra más poder, socavando la democracia y acumulando denuncias por violaciones de Derechos Humanos Leer El presidente salvadoreño introduce la cadena perpetua y concentra más poder, socavando la democracia y acumulando denuncias por violaciones de Derechos Humanos Leer
«Por muchos años fuimos contactados por personas que se dedicaban a extorsionar. Ahora, como microempresarios, hemos sido muy beneficiados con la seguridad que hay», relata Lilian Escobar, desde su tienda de lubricantes en el distrito de Ilobasco, en El Salvador. Antes de que iniciara el Estado de excepción, que este viernes cumplió cuatro años de haber sido instaurado, pagaba por seguridad privada para esquivar la entrega de extorsión a las maras.
Pero lo que para ella ha sido un alivio, para personas como Reyna Aguilar ha sido un suplicio. Su nieta, una bebé de 15 meses, falleció después de permanecer encarcelada junto a su madre, a quien las autoridades han acusado de tener vínculos conpandillas. «Mi hija ya va a cumplir cuatro años de estar detenida injustamente porque la capturaron por una llamada anónima. Necesito justicia para ella y para la niña muerta», dice Reyna.
Lilian y Reyna viven en universos paralelos dentro de El Salvador. Desde que empezó el Estado de excepción, el 27 de marzo de 2022, lo excepcional solo quedó en el nombre. El Congreso salvadoreño ha prorrogado 48 veces la medida que suspende garantías constitucionales. Han sido capturadas más de 91.000 personas, las pandillas fueron neutralizadas y disminuyeron los homicidios. El Salvadordejó de ser el país más violento de América. Pero mientras se sacudía el mote de «La capital de la muerte», aparecieron cientos de denuncias de capturas arbitrarias, torturas y violaciones de Derechos Humanos en las cárceles del Gobierno de Nayib Bukele.
La revelación más reciente fue la del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), conformado por cinco reconocidos abogados. El pasado 10 de marzo, el grupo presentó un informe que concluye que, conforme a los estándares aplicados por la Corte Penal Internacional (CPI), existen indicios de que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, «como encarcelamiento, tortura, asesinato, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos, en el marco de la política de seguridad».
La investigación, elaborada con base a documentos oficiales y testimonios directos de víctimas, tiene el respaldo de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), InterJust, el Proyecto de Investigación IMPACTUM y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto, de la Universidad Ghent (Bélgica).
Los expertos instaron al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a crear una misión internacional que investigue los hechos para asegurar la rendición de cuentas del Gobierno de Bukele. Y también pidieron a los Estados Parte del Estatuto de Roma que remitan la situación de El Salvador a la Fiscalía de la CPI para que inicie una investigación.
Esta nueva denuncia acaparó la atención de varios medios internacionales. Y la respuesta de Bukele no se hizo esperar. Reaccionó como suele reaccionar cuando le señalan posibles arbitrariedades o le exigen rendición de cuentas: atacando y descalificando a los autores del informe. Los acusó de abogar por la liberación de pandilleros, algo que ellos han salido a desmentir. «Las organizaciones de Derechos Humanos se han convertido en los bufetes legales de los delincuentes«, tuiteó el presidente salvadoreño.
Pero más allá de la reacción en redes sociales, vino una reforma constitucional. Una semana después de que el grupo de expertos señalara la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, el Gobierno de Bukele decidió ponerle esteroides a su músculo punitivo e instauró la cadena perpetua para quienes cometan homicidio, violación o terrorismo.
La cadena perpetua estaba prohibida en la Constitución salvadoreña. El Congreso, controlado por el oficialista Nuevas Ideas, reformó el artículo 27 de la Constitución y eliminó la prohibición. En los últimos cuatro años el partido oficialista ha modificado la legislación penal para extender los plazos de detención, para crear la figura de jueces sin rostro y para permitir los juicios masivos.
La antesala a la cadena perpetua
«Con estas reformas, sistemáticamente comenzaron a violentar Derechos Humanos y el derecho al debido proceso, reconocido en los tratados internacionales. Han ido limitando el ejercicio de la defensa», dijo a EL MUNDO David Morales, ex procurador para la defensa de los Derechos Humanos en El Salvador y actual abogado de la organización Cristosal.
Para Morales, lo que realmente hace que el Estado de excepción se perpetúe es el control que tiene el presidente salvadoreño del Poder Judicial. En mayo de 2021, Bukele descabezó el tribunal constitucional para tomar el control absoluto de la Corte Suprema de Justicia y, cuatro meses después, jubiló forzosamente a un tercio de la judicatura y puso jueces afines.
«¿Cómo logran hacer funcionar un aparato penal de manera tan arbitraria, que viola sistemáticamente los Derechos Humanos? Porque ahora es una estructura judicial tomada por el poder político. Estos jueces están funcionando de facto en la práctica como tribunales de excepción, como tribunales ad hoc«, opina Morales.
La base de todo, señala el abogado, es la destrucción de la democracia y la concentración de poder del popular presidente salvadoreño.
Santiago Cantón, uno de los abogados que participó en la investigación del GIPES, coincide con ese análisis: «El famoso modelo Bukele se sustenta en definitiva en la destrucción del Estado de Derecho. Es la única manera de que funcione. Este modelo está siendo usado como un ejemplo para toda la región… Estos modelos pueden mostrar un resultado rápido, pero no es de larga duración», declaró en una entrevista con Aristegui Noticias.
Para Reyna, la abuela de la bebé que falleció tras permanecer en prisión, lo que explican los abogados sobre la falta de garantías procesales se traduce en cuestiones prácticas: la defensora pública que llevaba el caso de su hija no se ha presentado a los tribunales desde noviembre pasado: «No me contesta el teléfono, no me contesta nada. Ya no sé qué hacer porque, como me dijo un agente, ahora el papel aguanta con todo lo que le pongan».
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