El Gobierno intenta forzar a Madrid y Andalucía, donde existe la posibilidad de privatizar las viviendas de protección oficial, a cambiar su normativa para blindar de por vida el parque público inmobiliario. El Ministerio de Vivienda trata así de confrontar su modelo de vivienda pública con el de los dos principales Gobiernos autonómicos del PP. Para ello, la fórmula elegida por el Ejecutivo central es el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, donde se contempla una inversión de 2.800 millones para ampliar el parque social. La novedad es que los fondos están condicionados a que los pisos tengan una protección permanente y no puedan pasar al mercado libre.
El Gobierno condiciona 2.800 millones a prohibir que el parque público español se privatice
El Gobierno intenta forzar a Madrid y Andalucía, donde existe la posibilidad de privatizar las viviendas de protección oficial, a cambiar su normativa para blindar de por vida el parque público inmobiliario. El Ministerio de Vivienda trata así de confrontar su modelo de vivienda pública con el de los dos principales Gobiernos autonómicos del PP. Para ello, la fórmula elegida por el Ejecutivo central es el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, donde se contempla una inversión de 2.800 millones para ampliar el parque social. La novedad es que los fondos están condicionados a que los pisos tengan una protección permanente y no puedan pasar al mercado libre.
Las miradas del Gobierno se dirigen hacia Madrid y Andalucía. En Madrid, un decreto del 2009 establece que los pisos públicos pueden venderse en el mercado libre transcurridos quince años. Mientras, en Andalucía el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha iniciado los trámites para aprobar la primera ley de Vivienda y en el anteproyecto de ley recoge calificaciones de 7, 10 o 15 años antes de pasar al mercado libre, dependiendo de la tipología. Por tanto, si la ley acaba aprobándose con este redactado, los fondos estatales no llegarán a Andalucía.
En el proyecto de real decreto que regulará el próximo Plan Estatal de Vivienda, el ministerio ha reflejado que la norma pretende “asegurar la permanencia indefinida de toda la oferta protegida, evitando la descalificación y consolidando un parque de vivienda protegida permanente”. Y añade: “Solo se financiarán aquellas promociones que aseguren la permanencia indefinida de la calificación protegida, evitando así la descalificación que en décadas pasadas ha erosionado significativamente el parque protegido”. La misma condición se aplicará sobre las promociones de viviendas protegidas levantadas en suelo privado y que vayan a ser destinadas al alquiler o compraventa. La norma estatal exigirá que el blindaje permanente de la vivienda conste en la nota marginal del Registro de la Propiedad.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mencionó el pasado martes tras el Consejo de Ministros la citada aprobación de la ley de vivienda andaluza e instó al ejecutivo de Moreno Bonilla a rectificarla. “Blindar el parque público tiene un beneficio social y aúna un gran consenso social”, destacó Rodríguez. El Gobierno remarca que, aunque el “agujero negro” de la privatización de la vivienda pública está localizado en Madrid y Andalucía, el resto de comunidades -todas las gobernadas por el PP a excepción de Baleares, así como Asturias y Castilla-La Mancha, del PSOE- tendrán que blindar su parque para acceder a los fondos estatales.
La ministra Isabel Rodríguez, insta a Moreno Bonilla a modificar la ley de Vivienda andaluza
El Ministerio de Vivienda presentó el miércoles a empresarios y sindicatos el borrador de Plan Estatal para incorporar sus aportaciones. Entre las patronales hubo un apoyo explícito al blindaje permanente del parque público de vivienda. “Acceder a una vivienda pública que se puede liberalizar con los años es como si te tocara la lotería”, señala un directivo del sector. “Donde hay impuestos de todos, el beneficiario no puede ser un particular”, añade otro.
España se encuentra a la cola de la UE en parque público de vivienda. En este momento, de cada cien pisos solo tres (el 3,3%) están protegidos. La media europea de vivienda social es del 8% y países como Francia, Países Bajos, Austria y los nórdicos rondan el 20%. Para intentar revertir estos datos el Gobierno lleva desde la pasada legislatura intentando evitar que las viviendas públicas se liberalicen y pasen al mercado privado.
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Lo intentó, en primer lugar, en la ley de Vivienda, que introdujo la calificación de vivienda pública blindada de forma permanente. Se quiso aplicar a nivel estatal un modelo que se aplica en cuatro territorios: Catalunya, Euskadi, Baleares y Navarra. En la Comunidad Valenciana existió, pero la calificación indefinida fue modificada hace ahora un año. Sin embargo, el Tribunal Constitucional estableció en mayo del 2024 que la regulación sobre vivienda protegida pertenece a las comunidades autónomas y que no se puede invadir esa competencia.
El mecanismo ideado, por tanto, es el futuro Plan Estatal de Vivienda para los próximos cinco años, que condiciona los fondos del ministerio a la protección indefinida de inmuebles que financie la administración. Dicho en otras palabras, toda vivienda que reciba dinero de Estado deberá estar protegida a perpetuidad.
Los empresarios inmobiliarios apoyan el blindaje permanente del parque financiado con dinero público
El Plan Estatal de Vivienda exige un consenso en la próxima conferencia sectorial de vivienda y es ahí donde los distintos gobiernos deberán posicionarse. Hay que destacar que para acceder a los fondos estatales se tendrá que suscribir un convenio de colaboración. El Gobierno, ante la dificultad de algunas comunidades para adelantar fondos, ha decidido que la financiación para el 2026 sea aportada exclusivamente por el Ministerio de Vivienda.
En España se han promovido unas 6,5 millones de viviendas protegidas desde 1960 y 2,7 millones desde 1980 hasta 2023. Sin embargo, las continuas descalificaciones de este parque lo han reducido a mínimos. Ahora, el objetivo no es que no se puedan vender estos inmuebles sino que haya limitación de precio.
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