Propietarios y promotores de vivienda han visto avalada su oposición a la ley para limitar la compra de vivienda que impulsan el Govern y los Comunes. El informe que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha publicado este martes coincide con gran parte de las objeciones del sector privado: la norma que tramita el Parlament catalán vulnera el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa y otros puntos de la constitución. Señala asimismo que no se puede restringir la adquisición de pisos a través de la ley de Urbanismo, tal y como pretenden el Ejecutivo catalán y el partido de la ex alcaldesa Ada Colau.
El sector privado considera que el dictamen del Consell de Garanties les da la razón sobre la inconstitucionalidad de la norma
Propietarios y promotores de vivienda han visto avalada su oposición a la ley para limitar la compra de vivienda que impulsan el Govern y los Comunes. El informe que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha publicado este martes coincide con gran parte de las objeciones del sector privado: la norma que tramita el Parlament catalán vulnera el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa y otros puntos de la constitución. Señala asimismo que no se puede restringir la adquisición de pisos a través de la ley de Urbanismo, tal y como pretenden el Ejecutivo catalán y el partido de la ex alcaldesa Ada Colau.
”Celebramos la decisión del Consell de Garanties porque queda demostrado que la proposición de ley vulnera derechos fundamentales y va en contra de la Constitución y el Estatut”, subrayan desde Som Habitatge. La asociación de propietarios presentó a principios de julio un estudio elaborado por Sergio Nasarre y Héctor Simón -catedrático y profesor de Derecho Civil de la URV respectivamente- que advertía de aspectos inconstitucionales y contrarios a la legislación europea.
Críticas a que se tramite por la vía de urgencia
Este informe se hizo llegar a Junts y el PP, partidos que pidieron el dictamen del CGE, para dotar de contenido sus peticiones.Ahora, la entidad reclama al Govern que recapacite y retire la proposición de ley para abrir un diálogo con todos los actores implicados en el sector de la vivienda.
También los promotores han exigido la paralización de la norma. “No se aguanta ni por las formas ni por el contenido”, ha señalado Xavier Vilajoana, presidente de la Barcelona Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE).
La iniciativa se está tramitando por la vía de urgencia, sin comisiones ni comparecencias, para intentar acelerar su aprobación. Pero el dictamen contrario del CGE podría retrasarla. ERC, cuyos votos son indispensables para que salga adelante, ya ha solicitado replantear el texto.
La proposición de ley modifica la ley de Urbanismo y permite a los ayuntamientos restringir la adquisición de los pisos según su uso, siempre que el municipio se encuentre en una zona de mercado tensionado.
Así, las viviendas solo se podrían destinar o a residencia permanente del comprador o a alquiler habitual con el precio topado en las localidades que así lo decidan. Quedarían excluidos otros usos, como el alquiler de temporada, el alquiler turístico o los negocios. Tampoco se podría comprar para volver a vender al cabo de poco tiempo, una práctica que en el negocio inmobiliario se conoce como house flipping. Fija, además, un máximo de una segunda residencia por comprador en estas zonas.
Sin embargo, tanto el PSC como ERC introdujeron enmiendas independientes en el Parlament para que la normativa solo afecte a los grandes tenedores (cinco viviendas o más en las zonas de mercado residencial tensionado).
La Generaliat renovó recientemente estas zonas, con 22 municipios que saldrán de ellas a partir de marzo del año que viene y otros 53 que entrarán. La principal restricción está en los alquileres. Todas las ciudades incluidas en la medida tienen tope de rentas, con los precios regulados.
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