Las encuestas mensuales del CIS incluyen la “falta de acuerdos, unidad y capacidad de colaboración política” entre los problemas que más preocupan a los ciudadanos. Un acuerdo en el sector educativo, el programa María Goyri, evidencia ahora que es posible superar esa brecha. A finales de 2024, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los 17 gobiernos autonómicos pactaron cofinanciar el sueldo de nuevos investigadores y se empiezan a recoger los primeros frutos. Ya 3.725 científicos en situación precaria se han convertido en profesorado ayudante doctor ―el escalón más bajo de la pirámide académica― y aguardan su turno otros 1.893 científicos, gracias a una cofinanciación entre administraciones de 1.500 millones de euros.
El programa María Goyri está cofinanciado con 1.500 millones: ya se han cubierto casi el 100% de las plazas que paga el ministerio y el 14,5% de las autonómicas. El plazo se agota en dos cursos
Las encuestas mensuales del CIS incluyen la “falta de acuerdos, unidad y capacidad de colaboración política” entre los problemas que más preocupan a los ciudadanos. Un acuerdo en el sector educativo, el programa María Goyri, evidencia ahora que es posible superar esa brecha. A finales de 2024, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los 17 gobiernos autonómicos pactaron cofinanciar el sueldo de nuevos investigadores y se empiezan a recoger los primeros frutos. Ya 3.725 científicos en situación precaria se han convertido en profesorado ayudante doctor ―el escalón más bajo de la pirámide académica― y aguardan su turno otros 1.893 científicos, gracias a una cofinanciación entre administraciones de 1.500 millones de euros.
El programa obliga al Estado, que invierte 900 millones de euros, a sufragar seis años el sueldo de 3.400 profesores y a las regiones a otros 2.238. Y al terminar ese plazo, las autonomías, que aportan otros 600 millones, estabilizarán a los 5.638 investigadores. Año y medio después de la rúbrica, el plan de puesta en marcha se cumple. Casi el 100% de las plazas estatales se han cubierto (faltan 20) y el 14,5% de las autonómicas, según los datos solicitados al ministerio por este diario.
Las universidades públicas españolas han llegado a tener un 49% de temporalidad entre sus docentes, el triple que en hostelería, cuando la Ley Orgánica de Política Universitaria (LOSU, 2023) reclama que no se pase del 8%. Para ello, a unos 25.000 asociados se les ha convertido en indefinidos a tiempo parcial, lo que les permite ganar antigüedad y optar a complementos salariales por docencia; y a los ayudantes doctor se les considera como no temporales, porque existe el compromiso de que entren en plantilla a los seis años (son evaluados el tercer año para ver su progreso). El María Goyri aspira a dignificar el trabajo y rejuvenecer las plantillas fijas, que se vaciaron desde la crisis económica de 2012 con muchos falsos asociados ―cuya primera actividad es la universidad, no la segunda como exige la ley― o profesores sustitutos, españoles que se fueron al exterior y científicos con carrera dilatada y cansados de dar tumbos, dispuestos a un sueldo bajo pero estable a la larga.
Ciencia contaba con una incorporación escalonada para simplificar la convocatoria de concursos. Los gobiernos autonómicos tienen hasta el curso 2027/2028 para colmar los puestos. Las diferencias de ocupación de las plazas autonómicas son muy grandes y no responden a un patrón político. En el País Vasco, Baleares y la UNED (que depende del Estado) casi se han cubierto ―el sueldo base ronda los 1.500 euros netos, a los que se les puede sumar complementos salariales―, mientras que en Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Canarias, el proceso aún no ha comenzado. Por su parte, Galicia, Navarra o Asturias, que tenían que convocar pocos concursos, ya han contratado a la mitad y Extremadura, a un tercio.
El reparto de las 5.638 plazas se ha hecho en función de la tasa de temporalidad de cada universidad. Se ha beneficiado a quien, cuando terminó la crisis de 2012 ―la tasa de reposición de los jubilados no volvió a ser del 100% hasta 2017― siguió sin sacar plazas fijas, pero no había otra forma de atajar el problema.
“En España el contrato social de la universidad pública con sus trabajadores se había roto”, lamentó la ministra Diana Morant el pasado martes en un acto convocado para entregar una insignia a los beneficiarios y festejar la marcha del acuerdo. “La temporalidad en España ha caído al 10%-12% y no podíamos permitir que la isla de precariedad fuese el espacio de mayor valor añadido, que es el de generación de conocimiento”, dijo visiblemente emocionada.
La LOSU prevé que, en 10 años, los jóvenes investigadores defiendan la tesis (cuatro años) y sean profesores ayudante doctor otros seis años con pocas horas de clase (120 cada curso) para que tengan tiempo de acumular méritos suficientes para ser titulares. Pero muchos de estos goyri tienen una carrera dilatada y aceptan la plaza por el compromiso de entrar en plantilla. El riesgo es que estos contratados opten a puestos mejores y, por eso, parte de las universidades no van a permitir que se presenten los primeros años. Sin embargo, Rocío Carranza, del área de Economía, no tenía esa cláusula en Castilla-La Mancha, y ha pasado del programa Goyri a titular en poco tiempo.
Carranza lo contó en el acto, donde también habló el psicólogo José Manuel Pérez, que ha recabado en Valladolid tras moverse por España ―Castellón, Valencia y Santiago―, demostrando que no hay tanta endogamia; la palentina Sara Cano, también de Economía, pero en la Pública de Navarra, se mostró contenta de que este plan dé una oportunidad a las universidades pequeñas frente a las grandes ciudades, gran foco de atracción del talento; o la mexicana Lizbeth Arroyo, que expresó su alegría porque al fin está estable en la Universidad de Barcelona tras llegar a España en 2013.
En el acto estuvo presente Eva Alcón, presidenta de los rectores (CRUE), que se felicitó de la mediación de la conferencia entre el Estado y las autonomías. En su universidad, la Jaume I, asignan las plazas en departamentos en los que hay previsiones de jubilación de profesores titulares y catedráticos en seis años.
Cada universidad distribuye las plazas como quiere. En la Pablo de Olavide, de Sevilla, han contratado sobre todo a asociados que llevaban tiempo en los departamentos sin dinero para estabilizarlos. Mientras en la Autónoma de Madrid, la mayoría de las plazas se han cubierto con investigadores recién llegados, porque el grueso de sus asociados son de Ciencias de la Salud (400 de los 600) y su tarea principal es la sanitaria.
En la Complutense, que tiene que devolver un crédito de 34,5 millones a la Comunidad de Madrid, los sindicatos ven las 388 plazas María Goyri con cierta suspicacia. Según el Plan Económico Financiero, se prevé reponer los titulares y catedráticos que se jubilen con profesores ayudante doctor, sin apenas convocar ninguna promoción a los escalafones de arriba. No es la política que pretenden seguir en la mayoría de los campus.
Las reticencias del PP
Los ejecutivos gobernados por el PP trataron de convencer a Morant de que el Estado pagase todos los sueldos porque añade a sus arcas un gasto estructural. Pero ella se mostró implacable: las competencias están transferidas y, por tanto, la partida estatal es una excepción ante un escenario sonrojante ante Europa. Finalmente aceptaron, conscientes de que se espera la jubilación de decenas de miles de profesores. De hecho, los ejecutivos regionales iban a financiar 800 plazas, pero finalmente serán 2.238.
Esa reflexión positiva del acuerdo terminó haciéndola in extremis el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, que llegó a acusar al Gobierno central de “extorsión” e “hipoteca inasumible”. Madrid claudicó fuera de plazo, y Morant devolvió el desplante, obligando al consejero de entonces a acudir a un acto de rúbrica que se celebró con una enorme tensión. Madrid ha cubierto el 5,3% de las plazas autonómicas.
Cataluña afronta, por su parte, el problema de temporalidad más acuciante. La LOSU obliga a tener un mínimo del 51% de personal funcionario y los campus catalanes tienen en torno a un 30% y más de 4.000 docentes por encima de los 60 años. Por ello, en 2023, la Generalitat lanzó su propio plan de choque y el plan María Goyri beneficiará allí a 1.168 profesores.
Los datos hablan por sí solos: el 16,7% de la plantilla estaba en 2024 en proceso de jubilación (últimos datos oficiales), cuando hace una década era el 12,7%. La necesidad de relevo es un hecho.
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