El pasado 11 de diciembre saltaron todas las alarmas en Red Eléctrica Española (REE). El riesgo de apagón en España era inminente. La fuerte bajada de las temperaturas disparó la demanda, un anticiclón sobre la península provocó escasez de viento y sol. Pero. sobre todo, los dos reactores de la central nuclear de Ascó en Tarragona estaban parados. Ese día REE tuvo que activar un sistema de último recurso y pedir a un buen número de grandes fabricas de alto consumo energético que parasen su actividad para garantizar la estabilidad del sistema.
El sector reclama que el Gobierno le garantice al menos 60 euros por MWh
El pasado 11 de diciembre saltaron todas las alarmas en Red Eléctrica Española (REE). El riesgo de apagón en España era inminente. La fuerte bajada de las temperaturas disparó la demanda, un anticiclón sobre la península provocó escasez de viento y sol. Pero. sobre todo, los dos reactores de la central nuclear de Ascó en Tarragona estaban parados. Ese día REE tuvo que activar un sistema de último recurso y pedir a un buen número de grandes fabricas de alto consumo energético que parasen su actividad para garantizar la estabilidad del sistema.
Es el último ejemplo de los riesgos a los que se enfrentaría una España sin nucleares y con un gran retraso en baterías para acumular la energía que generan las renovables. En 2024 la energía nuclear ha aportado una media del 20,3% de la generación eléctrica de forma estable.
Según las empresas ampliar la vida útil de las nucleares es técnicamente viable y seguro
El debate sobre su futuro se agudiza con el reloj en tiempo de descuento. Según el calendario de cierre pactado en 2019 entre las propietarias de centrales nucleares,Iberdrola, Endesa y Naturgy y EDP y el gobierno España cerrará todos su reactores de forma escalonada entre 2027 y 2035. Para cumplirlo, el desmatelamiento de la primera Almaraz I, en Cáceres tiene que comenzar, como muy tarde, en los próximos seis meses. Porque para cerrar en 2027 hay que frenar pedidos de uranio, empezar a parar procesos de forma segura, etc.
Por ello en los últimos meses el debate sobre si continuar con el calendario o retrasarlo se está agudizando. La propuesta que el PP lleva ahora al congreso no hace más que recoger ese un movimiento que lleva desde 2021 en el sector.
Las principales propietarias del parque nuclear español explican que la tecnología de los siete reactores actualmente en funcionamiento en el país está más que probada en otros plantas similares en todo el mundo para garantizar que pueden extender su vida útil hasta 60 e incluso 80 años.
Ellas estarían dispuestas a hacerlo. Pero hay una condición que ese negocio sea rentable. Según Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear la patronal de las nucleares, para garantizar esa rentabilidad las empresas que explotan las centrales deben tener garantizada una remuneración de “al menos 60 euros el megavatio hora (MWh)”. En la actualidad eso no siempre ocurre puesto que la entrada masiva de renovables en el sistema lleva en muchos momentos el precio al cerro e incluso a negativo.
Es decir, si el Gobierno se plantease modificar el actual calendario de cierre de estas plantas, escalonado entre 2027 y 2035, debería articular algún mecanismo para garantizar esa rentabilidad.
Oficialmente, nada apunta a ello. Es más el Ejecutivo aprobó el pasado 11 de julio un incremento del 30% de la denominada“tasa Enresa”, por la que las empresas pagan el coste de la gestión de los residuos de estas plantas y su desmantelación a la empresa pública Enresa que es la encargada de esas gestiones. En total, las energéticas han pasado de pagar 450 millones al año a pagar 580. “Desmesurado”, según Araluce.
Las voces que reclaman mantener las nucleares se suceden. Hace poco más de un mes Jordi Sevilla ex ministro del PSOE y uno de los impulsores en los ochenta de “no a las nucleares” reclama ahora desde su puesto director de Contexto, de la consultora LLYC, “extender la vida útil de las centrales nucleares diez años para asegurar la estabilidad energética y la competitividad económica”. La consultora PwC hace un par de semana recordaba que “24 países, de los cuales 15 son europeos, acordaron triplicar la potencia nuclear mundial en la COP28 para 2050”.
Detrás de todo ello está, sobre todo la guerra de Ucrania y el ejemplo de Alemania. La que fuera su presidenta Angela Merkel decretó el cierre de toda la planta nuclear tras la catástrofe de Fukushima en 2011 encomendándose al barato gas ruso. El cierre del grifo de esta energía decretado por el presidente ruso Vladimir Putin al inicio de la invasión a Ucrania puso en evidencia el riesgo de la dependencia energética.
La referencia del desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña en Burgos es otro de los argumentos a los que el sector energético alude para cuestionar el cumplimiento del cierre establecido. El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa), José Luis Navarro, ha explicado en diversos foros que el proceso de cierre que oficialmente arrancó 2023 se desarrollará “al menos durante 10 años”. Pero la central se desconectó de la red en 2012 para evitar el pago de impuestos. En opinión de Navarro, “lo deseable es que el proceso de desmantelamiento comience a prepararse cinco años antes de la fecha prevista para el cierre”. Teresa Ribera se despidió de su cargo como Ministra de Transición firmando la autorización de cierre de Almaraz I, pero atendiendo al criterio de Navarro sería necesario ir avanzando ya con Almaraz II y Ascó I. “Eso significa que Enresa deberá desmantelar casi a la vez todo el parque nuclear español y no parece que tenga capacidad para hacerlo”, apuntan algunas fuentes del sector eléctrico. El Gobierno ha incrementado la tasa con las que las eléctricas financian a Enresa para dotarle de más capacidad financiera para afrontar el proceso. Pero las dudas que esa cuantía sea suficiente arrecian tanto en el lado político como en el empresarial
Economía
