Las universidades privadas (en las que había 442.485 matriculados en total en 2023) se ha convertido en un negocio de tal calibre que sus dueños se lanzan a ofertar todas las plazas que los gobiernos autonómicos les autorizan por si consiguen llenarlas. Y cada vez tienen más éxito, porque la población universitaria ha ido en aumento sin que los campus públicos (1,3 millones de inscritos ese año) sean capaces de responder a toda esa demanda.
El reparto provisional de puestos para septiembre refleja la voluntad de engordar los centros de pago, que acumulan el 35% de la oferta de carreras aunque matriculan a un 25% de los estudiantes
Las universidades privadas (en las que había 442.485 matriculados en total en 2023) se ha convertido en un negocio de tal calibre que sus dueños se lanzan a ofertar todas las plazas que los gobiernos autonómicos les autorizan por si consiguen llenarlas. Y cada vez tienen más éxito, porque la población universitaria ha ido en aumento sin que los campus públicos (1,3 millones de inscritos ese año) sean capaces de responder a toda esademanda.
En muchos casos, los campus públicos están infrafinanciados y eso les dificulta abrir puestos sin renunciar a la calidad, y les falta respaldo institucional. La consecuencia es que, en este escenario, aunque solo uno de cada cuatro alumnos se matricula en una privada, estas instituciones tienen mucho margen para crecer, porque se les acaba de autorizar el 47% de las plazas totales (grado, máster y doctorado) para el curso 2025/2026.Y, más concretamente en primero de carrera, acumulan el 35% de la oferta (386.600 puestos), cuando inscriben a uno de cada cuatro, según el reparto de plazas que la Conferencia General de Política Universitaria ―que reúne a los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades― autorizó la semana pasada y al que ha tenido acceso este diario.
“Las privadas proponen siempre muchas plazas, más de las que van a llenar, porque marcan territorio para el futuro. Lo hacen por competencia con otras privadas, no pensando en la pública”, explica una fuente del sector. Saben que hoy no las van a cubrir, pero acumulan poco a poco un remanente de puestos que los gobiernos autonómicos nunca recortan a las privadas. Hoy manejan unbeneficio por encima del 10% anual sobre la inversión hecha. “La clave es la financiación. Es imposible que las públicas crezcan sin más profesores, espacios y laboratorios”, subraya la misma fuente.
En ocho cursos (de septiembre de 2015 al 2023), los alumnos matriculados en primero en una universidad pública han bajado un 4,8% (de 291.100 a 274.400) ―en su cómputo se incluye también los centros adscritos de titularidad privada―, mientras subían un 61,4% en la privada (de 54.700 a 89.00), que no para de abrir centros (47 frente a 50 públicas). Las privadas suelen recoger el excedente de estudiantes de la pública que no tiene nota suficiente ―muchas veces pese a un brillante expediente― y se puede permitir pagar entre los 6.000 y 23.000 euros al año por el título de grado. Se ha llegado a ese extremo porque la mayoría de los gobiernos autonómicos está priorizando el negocio de abrir una universidad ―que repercute económicamente en el entorno local― dotándola de cientos de plazas, frente a asumir la demanda en la pública de las familias y el mercado laboral.
“Tenemos un gran problema. Por un lado, por el crecimiento sin control de las universidades privadas, no se abre una pública desde 1998. Y luego por una infrafinanciación de las públicas que les limita el absorber a todo el alumnado”, apunta César González Bueno, secretario de CREUP (Coordinadora de Representantes de los Estudiantes de Universidades Públicas). “El Ministerio de Sanidad incluso ha puesto fondos para plazas en Medicina, pero sigue sin absorberse la demanda”.
El representante de los alumnos considera que se está agrandando la brecha de oportunidades, que se abre en su opinión con el acceso al grado, “porque los estudiantes de rentas más altas suelen sacar notas de corte más elevadas, porque han podido tener apoyo educativo”. Y el remate es que las clases medias hacen un “gran esfuerzo”, tirando de ahorros o endeudándose, por mandar a sus hijos a la privada cuando no entran en la pública, cuando los más desfavorecidos no pueden permitírselo.
Este año el reparto por comunidades de las plazas de grado, que incluye públicas y privadas, la lidera La Rioja (95% privadas), por la ubicación allí de la Universidad Internacional de La Rioja, que tiene gran implantación a distancia por toda España y parte de Sudamérica. Le sigue Navarra (59,3%), donde la prestigiosa universidad privada congrega a alumnos de todo el país, aunque la Universidad Pública de Navarra, más joven, no para de crecer y ganar peso. Y la tercera es Madrid, con 12 campus privados, que cuenta con un 52% de plazas de grado de esta titularidad. Le sigue Cataluña, con el 44% de los puestos en manos privadas ―aunque estas cifras están muy condicionadas por la UOC, digital, que tiene precios públicos al estar participada por la Generalitat― y el 42% en Murcia, donde la Católica de Murcia tiene un gran tirón por sus bajos precios.
La privada Universidad Europea de Madrid, en manos de un fondo de inversión, es un ejemplo extremo. Oferta para este septiembre, porque así lo ha autorizado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, 31.749 plazas de grado, máster y doctorado ―aunque en el 2023/2024 se inscribieron 4.200 en grado, según los datos oficiales y 6.800 de posgrado (algunos de dos años)―, frente a las 21.054 de la Complutense, que matriculó ese curso a 12.400 en primero de carrera y 7.100 en sus másteres. Hace una década, la Complutense, con unas notas de acceso estratosféricas en muchos grados matriculaba a 2.600 más en grado y la UEM a 1.500 menos. La UCM acaba de pedir un crédito de 30,8 millones de euros de Ejecutivo regional para seguir abriendo,
Las universidades a distancia son las que más plazas ofertan en todas las etapas: 115.200 la Internacional de La Rioja, 44.400 la UNED (pública), 34.400 la Oberta de Catalunya y 28.500 la Internacional Valenciana. La ley las obliga ahora a que la mitad de los alumnos sean de grado y en ese proceso están. El ministerio busca de esta manera para evitar la proliferación de títulos propios no oficiales, sin apenas control de calidad.
Las universidades públicas, especialmente las generalistas de larga tradición y gran tamaño, ofertan carreras sin gran tirón de matrícula. Por ejemplo, Geografía, filologías o Geología, porque son un pilar de sabiduría al que no se puede renunciar, aunque no tengan alta empleabilidad. Ninguna privada las oferta. Tampoco las públicas más jóvenes, que directamente apostaron por titulaciones con más salidas laborales.
Y se producen sorpresas cuando las tornas cambian. Por ejemplo, el 22,1% de la oferta de plazas del grado en Ciencias Físicas se concentra este septiembre en las privadas, que se han dado mucha prisa ―poner una carrera en marcha supone burocracia entre un año y medio y tres (en el caso de las públicas)― en montar una titulación muy demandada por las empresas por la ciencia de datos y la IA. Hasta 2018 ninguna privada lo ofreció y en 2023 congregaban ya al 7% de los alumnos de primero.
Además, muchos campus públicos no agotan el cupo autorizado, y ofertan menos plazas de las que en realidad tienen. Dejan un margen sin alumnos porque no quieren renunciar a la calidad y por falta de medios. Le ocurre a la facultad de Medicina de la Complutense, cuyos alumnos están siempre entre los mejores de los MIR, que deja sin ofrecer una decena de codiciadas plazas, porque revertiría en una peor docencia por no tener los suficientes profesores de prácticas. Su presupuesto es el mismo que en 2009.
Andalucía, que en poco tiempo ha puesto en marcha cinco centros privados, ha sido el foco de la noticia este verano, tras rechazar su agencia de evaluación ―eventualmente dirigida por el consejero de universidades― el grado de Inteligencia Artificial propuesto por la Universidad de Granada, y el de Ingeniería Biomédica, conjunto de la misma entidad y Jaén, mientras se ha validado esa carrera en la privada Loyola de Andalucía. Los rectores andaluces de la red pública han sido muy críticos y hablan de una “estrategia de privatización y mercantilización del derecho a la educación superior” y de una “creciente asfixia” económica de la Junta. La polémica ha tomado tal temperatura que el ministerio ha mediado y el presidente Juanma Moreno se aviene a dialogar.
Cada vez son más las carreras con una enorme oferta privada, aunque aún estas instituciones no se hayan instalado aún en cuatro comunidades (Extremadura y Baleares, donde estarán pronto, Asturias y Castilla-La Mancha). El 24% de las plazas de Medicina previstas son privadas ―en Madrid va a ser el tercer año en el que son mayoría de los inscritos en primero―, el 53% de Fisioterapia, el 39% de Informática, el 74% de Relaciones Internacionales ―una titulación de moda― o el 45% de las de Veterinaria.
La universidad privada no es un todo. Las hay de mucho prestigio y otras que el presidente del Gobierno calificó de “chiringuitos”, pues en opinión del Ejecutivo se comportan como “meras academias”, con un tamaño muy reducido y una labor científica casi inexistente, como manifiesta cualquier ranking de publicaciones o de calidad universitaria. Y estas últimas instituciones cuestionadas se ven obligadas ahora a matricular a más alumnos ―hasta crear una comunidad de 4.500 entre todos los cursos, si sale adelante sin más cambios la modificación del decreto― si no quieren cerrar.
También tienen que llegar a ofertar 10 grados de tres áreas de conocimiento distintas (Ciencias, ingenierías, Salud, Sociales y Artes). Ello explica también el avance en plazas de la privada. Y además, tienen que ofertar estudios de doctorado que una minoría ni se planteaba. Apenas 6,3% de nuevos investigadores (712 en 2022, últimos datos) defiende su tesis en una institución privada.
Sociedad en EL PAÍS
