La propuesta para prohibir todas las llamadas spam encara su primera votación en el Congreso

La ley de Servicios de Atención a la Clientela afronta su primera reválida en el Congreso de los Diputados. La norma, que incorpora el derecho a que los consumidores sean atendidos en las lenguas cooficiales en Catalunya, Galicia, Euskadi, Navarra, la Comunidad Valenciana y Baleares y que, según el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, supone una “revolución” en todo lo relacionado con los derechos de los consumidores, llega este miércoles a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo para la primera votación del texto. Al mismo ya se han incorporado algunas enmiendas, pero hay una que aún no tiene los votos necesarios: la que prohíbe todas las llamadas spam, sean realizadas desde un teléfono móvil o desde uno fijo.

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 La ley de Servicios de Atención a la Clientela restringe las reseñas falsas en restaurantes y prohíbe la subida de precio de billetes y entradas durante el proceso de compra  

La ley de Servicios de Atención a la Clientela afronta su primera reválida en el Congreso de los Diputados. La norma, que incorpora el derecho a que los consumidores sean atendidos en las lenguas cooficiales en Catalunya, Galicia, Euskadi, Navarra, la Comunidad Valenciana y Baleares y que, según el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, supone una “revolución” en todo lo relacionado con los derechos de los consumidores, llega este miércoles a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo para la primera votación del texto. Al mismo ya se han incorporado algunas enmiendas, pero hay una que aún no tiene los votos necesarios: la que prohíbe todas las llamadas spam, sean realizadas desde un teléfono móvil o desde uno fijo.

El cambio fue registrado por Sumar. En esa enmienda el grupo parlamentario que forma parte de la coalición plantea obligar a las empresas a identificar con un prefijo todos los números desde los que realicen llamadas telefónicas comerciales y a identificar con otro código diferente a aquellas llamadas del servicio de atención al cliente. Con esa diferenciación, dijo Bustinduy, se obligaría a los operadores de telecomunicaciones a bloquear todas las llamadas de empresas que no utilicen los códigos.

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La sesión del pleno del Congreso de los Diputados comienza hoy martes a las 15:00 horas con el debate de toma en consideración de una Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural.

La propuesta de Sumar busca acabar con todas las llamadas spam, y que, según explican, existe un limbo legal por el que se están colando las llamadas abusivas que se realizan desde teléfonos fijos.

En efecto, las llamadas spam se regularon por una orden del Ministerio para la Transformación Digital que entró en vigor en marzo. Hasta agosto, el departamento dirigido por Óscar López destacó que, tras la publicación de esta orden ministerial y hasta agosto, los operadores bloquearon 48 millones de llamadas spam. Sin embargo, esa norma prohíbe las llamadas comerciales que se realizan desde números móviles y solo establece que esas llamadas puedan efectuarse desde números fijos con prefijos geográficos habilitados para uso comercial o desde líneas 800 y 900.

La propuesta de Sumar busca acabar con todas las llamadas spam porque existe un limbo por el que se cuelan las realizadas desde teléfonos fijos

Un reciente sondeo de Facua, realizado a más de 7.000 consumidores en septiembre, concluía que un 98,9% de los encuestados han seguido recibiendo llamadas spam y que un 40% recibía en septiembre más llamadas que en junio.

La enmienda de Sumar no tiene los votos necesarios porque sus socios del PSOE no han confirmado su posición. Fuentes socialistas afirmaron ayer que no tenían decidido su voto en este primer posicionamiento público. “Queremos ver qué va a pasar”, responde Sumar. Esta previsto que la comisión comience a mediodía.

Durante la negociación sí se han incorporado a la ponencia de la ley otras enmiendas. Por ejemplo, la relacionada con la restricción de las reseñas falsas en restaurantes o bares o la prohibición de que los precios de billetes y entradas de espectáculos suban durante el proceso de compra.

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