La Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes el dictamen de la proposición de ley que permitirá a miles de abogados, procuradores y arquitectos transferir sus ahorros de jubilación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
El dictamen veta el acceso al RETA de 47.000 mutualistas que ya cumplen requisitos para jubilarse
La Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes el dictamen de la proposición de ley que permitirá a miles de abogados, procuradores y arquitectos transferir sus ahorros de jubilación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
La medida busca poner fin a un conflicto histórico de profesionales que, tras décadas de aportaciones a sus mutualidades, se enfrentan a pensiones de “miseria” inferiores a los 500 euros mensuales. Sin embargo, la sesión ha estado marcada por una fractura total entre el Ejecutivo y la oposición debido al veto gubernamental de enmiendas clave, lo que deja fuera del acuerdo a unos 47.000 mutualistas y a la totalidad de los ya jubilados.
Lo que queda dentro y fuera del acuerdo
Los colectivos de mutualistas han conseguido una victoria política importante: el Estado reconoce por primera vez de forma explícita que existe un problema estructural con las pensiones del mutualismo alternativo y crea una pasarela voluntaria hacia el RETA.
La ley incorpora además mejoras relevantes respecto a los primeros borradores, como el reconocimiento del principio “uno a uno” para mayores de 52 años, un coeficiente corrector, del 25%, más favorable para las aportaciones realizadas (el anterior texto recogía un 33% de coeficiente) y el fin progresivo del sistema de alternatividad desde 2028.
También se consolida la idea de que las mutualidades dejarán de funcionar como alternativa sustitutiva de la Seguridad Social y pasarán a tener un papel complementario. Todo ello supone un cambio profundo respecto a la posición histórica del Estado, que hasta hace poco defendía que mutualidades y RETA eran sistemas completamente separados y equivalentes.
Sin embargo, muchas de las reivindicaciones centrales de las plataformas han quedado fuera. La exclusión de los mutualistas ya jubilados es probablemente la mayor derrota política y social, porque deja fuera precisamente a quienes ya están sufriendo pensiones más bajas. Tampoco se ha aceptado el reconocimiento universal “uno a uno”, ya que la equivalencia plena solo se aplicará a determinados colectivos próximos a la jubilación.
El Gobierno también ha vetado las enmiendas que pretendían ampliar la pasarela a mutualistas con carreras mixtas o con derecho ya consolidado a pensión pública, dejando fuera a unos 47.000 afectados. Este fue el punto de máxima fricción: se produjo cuando el Gobierno, amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución, bloqueó enmiendas del Partido Popular (PP) y Junts per Catalunya que pretendían ampliar la “pasarela”.
El Ejecutivo justificó este veto por un impacto presupuestario de 5.204 millones de euros, argumentando que permitir el trasvase a quienes ya tienen el periodo mínimo de cotización en la Seguridad Social o extender el régimen de alternatividad más allá de 2028 supondría una carga inasumible y una contradicción con la finalidad de la ley.
Además, han caído las propuestas de neutralidad fiscal y las enmiendas para prolongar la alternancia más allá de 2028.
Quedan además muchas cuestiones abiertas e inciertas. El desarrollo reglamentario posterior será decisivo porque la ley deja pendientes aspectos técnicos fundamentales como el cálculo exacto de equivalencias, la valoración económica de los derechos acumulados, la fiscalidad concreta del traspaso o la compatibilidad con carreras mixtas entre mutualidad y RETA.
También permanece abierta la batalla judicial: las asociaciones ya anticipan recursos contra la exclusión de jubilados, el coeficiente de conversión y las limitaciones presupuestarias impuestas por el Gobierno. Incluso dentro del Parlamento continúa el conflicto institucional, porque PP, Junts y otros grupos preparan acciones contra los vetos del Ejecutivo a determinadas enmiendas.
El dictamen, que contó con la abstención de PP, Vox y Junts, se elevará al Pleno el próximo 10 de junio antes de iniciar su trámite en el Senado. Pese al avance, la oposición ha anunciado peticiones de amparo ante la Mesa del Congreso para intentar recuperar las enmiendas vetadas en la fase final de la tramitación.
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