Los sindicatos aseguran haber movilizado a un millón manifestantes en la calle bajo las consignas «¡Justicia social!» e «¡Impuesto a los ricos!» Leer Los sindicatos aseguran haber movilizado a un millón manifestantes en la calle bajo las consignas «¡Justicia social!» e «¡Impuesto a los ricos!» Leer
Decenas de miles de franceses se han lanzado a la calle, por segunda vez en ocho días, en la jornada de huelga general convocada por ocho grandes sindicatos y seguida de una manera desigual en todo el país. Pancartas y gritos de «¡Justicia social!», «¡Impuestos a los ricos!» y «¡Macron, explosión!» han recorrido las grandes ciudades en la mayor movilización desde las protestas contra la reforma de las pensiones en el 2023 y en respuesta al presupuesto de austeridad que forzó la caída como primer ministro François Bayrou.
El nuevo primer ministro, el centrista Sébastien Lecornu, se enfrenta a su primera prueba de fuego en la calle, cuando no ha sido aún capaz de formar un nuevo Gobierno de coalición y en medio de la ira popular contra Emmanuel Macron, que es ya el presidente más impopular de la V República.
«No sé realmente si esto cuajará en un nuevo gran movimiento social, pero la gente está muy harta de la situación, y hay mucha sed de justicia social y fiscal», ha declarado en al arranque de la manifestación en París el activista Jean-Baptiste Redde, con una de sus famosas pancartas-denuncia: «Los políticos viven por encima de nuestras posibilidades».
«Necesitamos unir fuerzas ya. Por eso es importante el impulso de los sindicatos», advertía la enfermera Blanche Leroy, con su chaleco blanco de Sud Santé. «En mi hospital, la mitad de la gente ha ido a la huelga, la otra mitad no se ha unido por miedo. Así es como defienden los políticos, intimidando y exprimiendo a la gente que vive al límite».
Más de 80.000 policías se han desplegado por todo el país por orden del ministro de Interior saliente, Bruno Retailleau, criticado por el despliegue excesivo de las fuerzas de seguridad, incluidos 24 vehículos blindados Centauro, usados cada vez más frecuentemente para hacer frente a episodios de violencia urbana.
Retailleau ha asegurado este jueves que la huelga general tuvo «un impacto menor que el anticipado», aunque ha lanzado de antemano su dedo acusador contra «los grupúsculos de ultra-izquierda que intentarán infiltrarse en las marchas». «Desplegar esa fuerza policial es como echar aceite al fuego», ha declarado por su parte Sophie Binet, secretaria general de la CGT. «La inmensa mayoría de los manifestantes son pacíficos, y la violencia está precisamente causada por la estrategia de mantener el orden público».
Binet se ha sumado a la manifestación que recorrió París desde primera hora de la tarde de la emblemática Bastilla hasta la plaza de la República. A esas horas eran ya más de 80 los detenidos en diversos incidentes en toda Francia, con Marsella y Lyon como puntos calientes. Más de 250 manifestaciones están convocadas en todo el país a lo largo del día.
Decenas de piquetes se han instalado desde primera hora de la mañana en las entradas de los institutos. La huelga general fue secundada por el 17% de los profesores de educación pública, según el Ministerio. En el sector sanitario también hubo paros con simbólicas sentadas protagonizadas por los farmacéuticos. En el sector transportes, el seguimiento ha sido desigual: el metro de París ha seguido funcionando, aunque ha habido retrasos e incidentes en las estaciones de tren y en los aeropuertos.
La movilización ha sido respaldada mayoritariamente por las fuerzas de izquierda, especialmente por La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, que mantuvo un encuentro el miércoles con el nuevo primer ministro, Sebástien Lecornu, ha adevertido a la salida: «En la víspera de una gran movilización social, el mensaje que hemos trasladado es que los franceses quieren ver un cambio en sus vidas».
El Partido Socialista ha convertido en su peculiar bandera social el así llamado «impuesto Zucman» (impulsado por el economista Gabriel Zucman) que aspira a imponer una tasa del 2% a los patrimonios mayores de 100 millones de euros, una medida respaldada por la mayoría de los franceses en los sondeos y que se ha debatido ya en el Senado.
Los sindicatos han condenado, entre tanto, como «brutal para los trabajadores» el Presupuesto anticipado en julio por François Bayrou y no se dan por contentos con el anuncio de Lecornu renunciando a la supresión de dos días festivos. El Presupuesto preveía unos recortes estimados en 43.800 millones de euros, las congelación durante un año de las pensiones y de las prestaciones sociales, el despido de miles de funcionarios y la contracción del gasto sanitario.
La movilización social se produce en un trasfondo de gran incertidumbre económica, propiciada precisamente por la inestabilidad política que vive el país. La prima de riesgo de Francia, con la tercera mayor deuda pública de la eurozona (el 114,1% del PIB) adelantó la semana pasada a la de Italia. La agencia de calificación Fitch rebajó días después la nota de la deuda francesa de AA- a A+. El Banco de Francia corrigió ligeramente al alza su previsión del crecimiento del PIB al 0,7% ese año, pero rebajó sus expectativas para el 2026 y el 2027, con las elecciones presidenciales a la vista.
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