La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio de Igualdad que ponga en marcha el procedimiento administrativo para bloquear el acceso desde España a las páginas web de 13 agencias extracomunitarias dedicadas a los vientres de alquiler. El ministerio público, que señala a estas compañías por “ofrecer y realizar prácticas comerciales de gestación subrogada” declaradas “ilegales” en España, da este paso tras abrir una investigación sobre ellas al recibir varias denuncias por publicidad ilícita. El departamento de Ana Redondo explica en un comunicado que ha recibido el escrito en la tarde de este miércoles y que mañana lo analizarán con la Abogacía del Estado, y apuntan que tienen competencias para “iniciar acciones judiciales para la cesación de publicidad ilícita que afecte a la imagen de las mujeres, pero no tiene capacidad administrativa de bloquear webs”.
El ministerio público considera que estas empresas incurren en “publicidad ilícita” de una práctica prohibida en España
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio de Igualdad que ponga en marcha el procedimiento administrativo para bloquear el acceso desde España a las páginas web de 13 agencias extracomunitarias dedicadas al sector de la gestación subrogada o vientres de alquiler. El ministerio público, que señala a estas compañías por “ofrecer y realizar prácticas comerciales de gestación subrogada” declaradas “ilegales” en España, da este paso tras abrir una investigación sobre ellas al recibir varias denuncias por publicidad ilícita.
En su escrito, la Fiscalía señala a, entre otras, Go4Baby, que se define en su web como una agencia de gestación subrogada con “programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania y para toda clase de familias en Colombia y México“. ”Vuestro sueño mucho más cerca», promete a parejas y personas interesadas, que añade: “Os ayudamos a construir vuestra familia con transparencia y seguridad”. Go4Baby ya fue demandada en 2025 por el Instituto de las Mujeres por promocionar esta práctica en España. También se apunta contra Success–Maternidad Subrogada, que tiene sus oficinas generales en EE UU e Israel; contra las estadounidenses Circle Surrogacy, Growing Generations y Invest Medical LLC; contra la georgiana Betaplus Fertility; y contra la mexicana Miracle Surrogacy.
El listado lo completan las sociedades Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. Según el escrito de la Fiscalía, estas agencias centraban su actividad en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. EL PAÍS ha comprobado que todas sus webs se encontraban este miércoles accesibles desde España.
A través de una resolución firmada este martes y dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el ministerio público explica que su investigación comenzó con varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, que provocó también la intervención del Defensor del Pueblo. Las indagaciones se centraron primero en ocho entidades y, por razones de competencia, se repartieron entonces entre varias fiscalías provinciales (de Barcelona, Madrid y Málaga), que consiguieron que varias “cesaran su actividad ilícita tras un requerimiento del Ministerio Fiscal”.
Pero, durante las pesquisas de las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona, “se puso de manifiesto la existencia de otras entidades situadas fuera del territorio de la Unión Europea, que realizan prácticas comerciales sobre gestación subrogada, accesibles y visitables en su web desde España”. Esta parte se remitió así a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió la competencia y, el pasado diciembre, comenzó a recabar información sobre las 13 compañías ahora señaladas para bloquear sus páginas digitales.
En el escrito enviado al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía incide la necesidad de proceder a inutilizar el acceso a esas webs desde España para poder cumplir con la ley nacional sobre defensa de los derechos de las mujeres. En esa línea, el ministerio público recuerda que, desde 2023, la ley contempla los vientres de alquiler como una “forma grave de violencia reproductiva” e invita a tomar medidas para su “prevención” y “persecución”. Preguntada por este periódico, una portavoz del Ministerio de Igualdad ha señalado que aún no pueden valorar el escrito porque no lo han recibido.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide a la Secretaría de Estado que, “previa tramitación de las actuaciones administrativas pertinentes”, se contacte con las empresas que prestan servicios de acceso a internet en España (como Telefónica o Vodafone), para que estas bloqueen el acceso a dichas webs, así como a todos los subdominios que puedan conducir al contenido “ilícito”. Igualmente, en el caso de que Igualdad considere que esta actuación pueda afectar a datos amparados por los los derechos y libertades de expresión e información, la Fiscalía insta a que se pida la “preceptiva resolución judicial” para poder ejecutarla.
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