La Fiscalía investiga a los concejales que retrasaron la anulación de la licencia del Algarrobico

Una persona camina por delante del hotel de el Algarrobico, en Carboneras (Almería).

La Fiscalía de Almería ha abierto una investigación para aclarar si siete concejales del Ayuntamiento de Carboneras (Almería, 8.458 habitantes) cometieron un delito de prevaricación al retrasar la votación sobre la anulación de la licencia del hotel del Algarrobico. Estaba prevista para el pasado 17 de junio en un pleno municipal, pero entonces cinco ediles del PSOE y dos no adscritos decidieron posponer la decisión. Ello soliviantó a entidades ecologistas como Greenpeace o Salvemos Mojácar y ésta última lo denunció ante el ministerio fiscal porque lo consideró una “desobediencia inadmisible” y “un acto de prevaricación manifiesta”. La licencia que permitió la construcción del inmueble, símbolo de la especulación salvaje en la costa, fue anulada finalmente el 7 de julio tras un ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

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 El ministerio fiscal, que ha requerido diversa documentación al Ayuntamiento de Carboneras, responde así a la denuncia interpuesta por la asociación Salvemos Mojácar  Una persona camina por delante del hotel de el Algarrobico, en Carboneras (Almería).

La Fiscalía de Almería ha abierto una investigación para aclarar si siete concejales del Ayuntamiento de Carboneras (Almería, 8.458 habitantes) cometieron un delito de prevaricación al retrasar la votación sobre la anulación de la licencia del hotel del Algarrobico. Estaba prevista para el pasado 17 de junio en un pleno municipal, pero entonces cinco ediles del PSOE y dos no adscritos decidieron posponer la decisión. Ello soliviantó a entidades ecologistas como Greenpeace o Salvemos Mojácar y ésta última lo denunció ante el ministerio fiscal porque lo consideró una “desobediencia inadmisible” y “un acto de prevaricación manifiesta”. La licencia que permitió la construcción del inmueble, símbolo de la especulación salvaje en la costa, fue anulada finalmente el 7 de julio tras un ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

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