Rebeca Castillo estudia el doble grado de Sociología y Relaciones Internacionales en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), tiene 22 años y junto a otros 300 compañeros decide acudir este lunes a las 19.00 a un encierro pactado en la facultad de Matemáticas, cuya organización recae en la asociación UCM por la Pública, para protestar contra la asfixia económica y la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, de la que, hasta ahora, solo se conoce un borrador.
A la protesta asisten alrededor de 300 estudiantes, doctorandos, profesores y trabajadores de todos los campus públicos madrileños para manifestarse contra la asfixia y la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, de la que, hasta ahora, solo se conoce un borrador
Rebeca Castillo estudia el doble grado de Sociología y Relaciones Internacionales en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), tiene 22 años y junto a otros 300 compañeros decide acudir este lunes a las 19.00 a un encierro pactado en la facultad de Matemáticas, cuya organización recae en la asociación UCM por la Pública, para protestar contra la asfixia económica y la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, de la que, hasta ahora, solo se conoce un borrador.
Los objetivos principales son dar mayor visibilidad a la lucha, coordinarse a nivel interno y tejer lazos entre asambleas. Al encierro asisten estudiantes, profesores, doctorandos y trabajadores de todas las universidades públicas madrileñas. La convocatoria a la que han recomendado acudir con “saco, esterilla e ideas” para preparar la huelga general educativa del 28 de abril, terminará a las 8.00 de este martes, cuando está previsto que comience una concentración en el rectorado para protestar contra la nueva normativa, exigir unas condiciones de jubilación dignas para el profesorado y afear al Consejo de Gobierno de la Complutense su falta de respuesta.
“Queremos dar visibilidad a lo que nos está pasando en la comunidad, necesitamos que se cumpla la legislación estatal”, lamenta Castillo. Su autonomía tiene que invertir el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) en la universidad pública y en la actualidad no llega al 0,5%.
“Nos ha endeudado”, denuncia tras asegurar que el Programa María Goyri, una iniciativa del Gobierno para cofinanciar la contratación de profesores ayudantes doctor en las universidades con los gobiernos autonómicos, no se materializa de forma adecuada. “El personal docente e investigador trabaja muchísimas horas con el salario mínimo, como mucho, y no tiene recursos para nada”, lamenta.
Percibe en el borrador de la ley autonómica “una tendencia privatizadora que ahoga a la pública y un control para reducir la movilización estudiantil”. Cuenta que las asociaciones de alumnos no tienen dinero para organizar eventos, charlas y talleres, lo que imposibilita la vida en los campus.
La sangría económica en la educación superior no es nueva en la región con mayor PIB de España (36,5% por encima de la media), las universidades tapaban los agujeros con los 456,2 millones ganados en el Tribunal Supremo al Gobierno de Esperanza Aguirre por incumplimiento de planes de financiación, pero esta partida se terminó en 2024.
La UCM es la que está en peor situación, pero el resto también padecen la precariedad. En la Universidad Autónoma de Madrid se celebrarán elecciones este martes y solo se presenta la rectora, Amaya Mendikoetxea. La situación es tan angustiosa que nadie más parece atreverse a gestionar la entidad durante los próximos seis años.
La vicerrectora económica de la UCM, María Begoña García Greciano, anunció en diciembre la prórroga de los presupuestos para el año 2025 con una retención inicial de crédito del 35% con el objetivo de contener las facturas ordinarias de esta entidad educativa, según confirmó la propia universidad a este diario. El rectorado ya había anunciado en un claustro anterior que no saldrían adelante los presupuestos. Las facultades, los vicerrectorados y todas las unidades con competencias de gastos tienen que aplicar el recorte sobre sus fondos y redistribuirlo entre las distintas partidas.
“Se cayó un techo, las tuberías pierden agua, la biblioteca tiene falta de libros, nuestro profesor casi se lesiona porque el escenario desde donde imparte la materia tiene agujeros, nos han cambiado de aula dos veces porque las sillas están rotas, no hay enchufes para cargar los ordenadores, he llegado a ver ratas en el sótano, donde está la cafetería de estudiantes, y han tenido que suspender las clases varios días porque no había agua en todo el edificio”, cuenta Castillo indignada.
En un cuatrimestre estuvo sin el profesor de una asignatura dos meses, pero tuvo que pagar igual el precio íntegro de la matrícula. “El examen lo aprobamos todos, solo habíamos podido ver dos autores”, cuenta. En otra materia ha llegado a tener cuatro docentes porque la precariedad de los contratos los obliga a rotar de manera continuada. “Algunos profes comparten piso, tienen salarios muy bajos, están asfixiados”, cuenta.
La promoción que la sigue, contará con seis asignaturas optativas menos, pero cuenta que pagará lo mismo que ella por curso. Castillo ve imposible dedicarse a la investigación, tal y como están las cosas, aunque lo pensó durante mucho tiempo. También descarta estudiar el master de geopolítica que le gustaba en la Universidad Carlos III porque el coste ha ascendido a los 11.000 euros y no se lo puede permitir.
Jorge García tiene 27 años, estudia Derecho y Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y también acude al encierro. “Estamos preocupados porque creemos que el borrador pone en jaque a una institución fundamental de la sociedad. Subordina los intereses universitarios a la lógica del mercado”, expresa.
Cuenta que por culpa de los recortes ha pasado de tener cuatro especialistas en una asignatura a contar solo con uno. “Se ha jubilado una profesora y la tasa de reposición está en el aire. Han tardado muchísimo en conceder una nueva plaza. Además, había un profesor asociado que daba esa asignatura cuyo contrato no se ha renovado, con lo cual, otro menos”, lamenta.
Le acompaña Alberto González, de 22 años, alumno de Ciencias Políticas y Filosofía en el mismo campus. “Estamos aquí para luchar contra la asfixia de las universidades públicas y su proceso de privatización”, reivindica. Cree que en el borrador se juega la capacidad investigadora de las universidades. Cuenta que la situación es crítica: “Nos reventaron las cañerías con las tormentas”.
Están muy preocupados por las becas de excelencia. “A todo el mundo que la esperaba para cursar un máster que puede ascender a 3.000 euros, le han dicho en marzo que no van a poder contar con ese dinero”, explica García.
González asegura que en la Facultad de Geología se están eliminando las salidas de campo y “en Medicina se utilizan peluches para practicar”. García pide replantear la ley autonómica que afecta a las universidades para favorecer la estabilidad presupuestaria, la calidad en la docencia y en la investigación.
Sabela Fondevila, profesora de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, acude al encierro por la infrafinanciación que sufre su entidad con unos recortes del 35% en todos los departamentos y con una repercusión directa para acudir a congresos, desarrollar la actividad investigadora independiente o acceder a revistas y convenios con editoriales.
“Este año no se han publicado las convocatorias de los proyectos de innovación docente que se llevaban a cabo cada año. Los programas destinados a jóvenes doctores han estado dos años bloqueados para terminar teniendo unas condiciones mucho más restrictivas. La austeridad llegó hace 15 años, ahora vivimos la asfixia absoluta, la motosierra directa”, lamenta.
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