Un agujero se ha ido abriendo silenciosamente en los últimos años en el sistema educativo español, especialmente en la enseñanza pública. El número de alumnado con necesidades de apoyo educativo, una categoría oficial que engloba a los estudiantes con discapacidad, con dificultades de aprendizaje (como la dislexia y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad), así como a chavales llegados de otros países que desconocen el idioma o se hallan en situación de vulnerabilidad socioeconómica, ha aumentado un 75% desde el curso 2017-2018. Ha pasado de 621.000 a más de un millón, según el informe de inicio de curso elaborado por Comisiones Obreras, que se basa en las estadísticas del Ministerio de Educación. El presupuesto específico para atenderlos ha crecido, en cambio, mucho menos: apenas un 31%, debido, sobre todo, a la insuficiente inversión de las comunidades autónomas. La consecuencia, advierte el sindicato y coinciden docentes, orientadores y familias, es que la atención que reciben es, en muchos casos, pobre, y que el cansancio y la frustración se extiende entre las plantillas de escuelas e institutos.
El número de estudiantes que requieren apoyo supera el millón tras incrementarse un 75% en seis años, según un informe de CC OO. Los fondos para atenderlos lo hacen solo un 31%, tensionando sobre todo la enseñanza pública
Un agujero se ha ido abriendo silenciosamente en los últimos años en el sistema educativo español, especialmente en la enseñanza pública. El número de alumnado con necesidades de apoyo educativo, una categoría oficial que engloba a los estudiantes con discapacidad, con dificultades de aprendizaje (como la dislexia y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad), así como a chavales llegados de otros países que desconocen el idioma o se hallan en situación de vulnerabilidad socioeconómica, ha aumentado un 75% desde el curso 2017-2018. Ha pasado de 621.000 a más de un millón, según el informe de inicio de curso elaborado por Comisiones Obreras, que se basa en las estadísticas del Ministerio de Educación. El presupuesto específico para atenderlos ha crecido, en cambio, mucho menos: apenas un 31%, debido, sobre todo, a la insuficiente inversión de las comunidades autónomas. La consecuencia, advierte el sindicato y coinciden docentes, orientadores y familias, es que la atención que reciben es, en muchos casos, pobre, y que el cansancio y la frustración se extiende entre las plantillas de escuelas e institutos.
“Los profesionales de la educación sienten cada vez mayor sobrecarga. Quieren y hacen su trabajo con dedicación, motivación y esfuerzo, pero se necesita bajar las ratios e incrementar el número de profesionales, con más recursos y más inversión para atender con calidad y equidad al alumnado”, señala la Federación de Enseñanza de CC OO. Del total de 1.088.413 estudiantes que oficialmente requiere apoyo, 249.494 son alumnos con necesidades educativas especiales (generalmente significa que presentan algún tipo de discapacidad); 386.345, con dificultades específicas de aprendizaje; 394.034, están en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y 58.540, tienen altas capacidades.
El rápido aumento de las cifras es producto, de un lado, del incremento de chavales que se incorporan al sistema procedentes de otros países, parte de ellos con desconocimiento del idioma, desfase curricular, o un contexto económico familiar precario, y del otro, de la mejora en la detección de trastornos y dificultades de aprendizaje. Y la situación es grave, señala el informe de CC OO, porque España ya partía antes de dicho incremento de un déficit estructural. Muchos de los programas de atención a la diversidad, como las aulas de acogida para niños y adolescentes extranjeros fueron desmanteladas con la crisis económica de 2008, sobre todo a partir de 2012.
Un ejemplo de falta de recursos es el que están viviendo los docentes del instituto público Agra de Raíces, en Cee (A Coruña), que tiene cerca de 400 alumnos. El curso pasado, el personal especializado de apoyo con el que contaban, dos especialistas de Pedagogía Terapéutica, otra de Audición y Lenguaje que tenía asignadas dos horas semanales en el centro, y una cuidadora estaban volcados en garantizar la atención de los dos chavales con necesidades educativas especiales matriculados en el centro. “Su horario estaba completo con estos niños, quedando en gran medida desatendidos aquellos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, como dislexia o TDAH”, explica una docente que actúa como portavoz de buena parte del claustro y pide no ser identificada.
Este curso, el centro coruñés ha incorporado, en el conjunto de la secundaria, aparte de a otros chavales con necesidades de apoyo educativo, a tres alumnos con necesidades educativas especiales, lo que representa un incremento del 150%. Alguno de ellos requiere, además, muchos cuidados. “Y lo que nos encontramos al volver al centro el 1 de septiembre es que no solo no nos habían ampliado los recursos, sino que nos habían quitado a una de las especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y las dos horas de Audición y Lenguaje”, explica.
Las familias organizaron protestas, y la Xunta accedió a reponer a la PT, pero nada más. Para colmo, el profesorado esperaba que en primero de la ESO, donde tienen un total de 55 alumnos, se formaran tres grupos, pero la administración ha creado solo dos clases. Una está a máximos, con 30 estudiantes, y la otra a 25. “Hay días que es imposible dar clase. Por su condición, alguno de nuestros estudiantes puede tener una crisis, hay que acompañarlo fuera del aula para que se recupere, y no tenemos manos”, asegura la docente. Para asistir a los chavales que más ayuda necesitan, el instituto ha articulado uno de los apaños con los centros educativos de toda España acostumbran a afrontar la falta de recursos. “Los niños están siendo atendidos por el profesorado de forma voluntaria. Realizamos tareas de acompañamiento, de higiene, de vigilancia, y hasta de alimentación, que no nos corresponden y para las que no estamos cualificados”, afirma la profesora. Preguntada al respecto, la Xunta afirma que sus técnicos están “analizando las necesidades [del centro] por si fuera necesario ampliarlos”.
Desequilibrio entre pública y privada
La escuela pública acoge a tres de cada cuatro estudiantes con necesidades de apoyo educativo, 8,3 puntos por encima de lo que le correspondería en función de su tamaño en el conjunto de la red educativa, que es el 66,9%. En concreto, a la escuela pública va el 72,5% del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje; el 75,4% del alumnado con necesidades educativas especiales, y el 79,5% del que se encuentra en situación de vulnerabilidad socioeconómica. La situación más equilibrada es la de los estudiantes con altas capacidades, con un 64% de la matrícula (tres puntos por debajo de lo que le tocaría, de hecho; un sector de los centros privados y concertados destacan en su publicidad que están especializados en ese tipo de alumnos).
En primaria el desajuste por redes educativas es todavía mayor. La pública acoge al 77,5% (9,75 puntos más de lo que le correspondería), la concertada al 21,7% (6,5 puntos menos), y la privada, al 0,8%, muy por debajo de su peso en el conjunto de la red escolar, que es del 4%.
El profesorado ha notado el incremento del alumnado con necesidades de apoyo educativo en todas las etapas, “desde Infantil a Bachillerato y Formación Profesional”, afirma Antoni Prefaci, orientador de secundaria, logopeda, psicólogo sanitario y presidente de la Asociación de Familiares de Niños y Adolescentes con Déficit de Atención e Hiperactividad (Afnadah) de Gandia (Valencia). “La diversidad, en sí misma, es una riqueza. Pero sin los recursos adecuados se convierte en una enorme losa y un gran reto para los centros”. Su crecimiento se debe, de un lado, al aumento de los estudiantes extranjeros, parte de los cuales necesitan apoyo “para aprender el idioma o para ponerse al día en contenidos curricular muy diferentes”. Y, del otro, a una mejor detección de las dificultades. Antes, muchos más casos pasaban desapercibidos. Quedaban ocultos bajo el manto del fracaso escolar, y, al mismo tiempo, su presencia en el aula no reclamaba una atención específica por parte del profesorado.
“Hoy se identifican mejor los trastornos del espectro autista, el TDAH, la dislexia, los trastornos del lenguaje, o las dificultades emocionales. Y eso es una gran noticia. El problema es que si no se acompaña de una mayor dotación de recursos, ello nos lleva a un cuello de botella: detectamos más casos, pero no siempre podemos darles la atención que requieren”, prosigue Prefaci.
Territorios que apenas los identifican
Muchos estudiantes con necesidad de apoyo continúan, además, sin ser detectados. El informe de CC OO plantea un cálculo indirecto para estimarlos. En el caso del alumnado en situación de desventaja socioeconómica, recurre a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre “carencia material y social severa” en población en edad escolar para concluir que hay al menos 297.545 chavales sin incluir en las estadísticas oficiales de Educación, es decir, el 43% del total. Muy por encima de dicho porcentaje se sitúan algunos territorios, como Aragón (89%), Castilla-La Mancha (87%), y Andalucía (77%). En el caso del alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, el estudio recurre a investigaciones sobre prevalencia de los distintos trastornos para estimar que 863.496 niños y adolescentes que los padecen pasan por debajo del radar de la administración, un 69% del total. Aparecen especialmente mal parados, en esta categoría, según el cálculo de CC OO, Andalucía (que “no proporciona datos de ninguna casuística social del alumnado”), País Vasco (que dejaría de contabilizar al 86,5%), y Aragón (85%).
Alicia Vílchez, madre de dos niñas con dislexia que estudian en Granada, dice que es cierto que los centros “están faltos de recursos y las clases están masificadas”. Pero, por su experiencia en primaria y, peor todavía, en secundaria, cree que a buena parte del profesorado también le falta formación al respecto. “Conocimientos, estrategias y recursos para trabajar con niños con dificultades. No solo dislexia, sino TDAH, necesidades educativas especiales, etcétera. Nos encontramos con una barrera muy grande, y es muy difícil para una familia luchar contra eso”. “Hablan mucho de inclusión, y tenemos una normativa muy buena”, añade Vílchez, “pero no la están cumpliendo, y quienes se llevan la peor parte son los niños con dificultades, porque el sistema no les acompaña”.
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