La vicepresidenta tercera del Gobierno y titular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, han escenificado esta mañana la buena sintonía de ambas administraciones en el cumplimiento del acuerdo para Doñana, que se firmó hace poco más de un año y que puso fin a una espiral de hostilidades que se abrió con la ley de ampliación de regadíos en el enclave natural que había impulsado el Ejecutivo autónomo. Esas desavenencias han quedado atrás y ambos dirigentes, que se han reunido esta mañana en el Palacio de San Telmo (la sede de la Junta) han incidido en el “compromiso” conjunto y la cooperación para garantizar la protección del coto y su humedal y el desarrollo socioeconómico de la zona.
Moreno celebra la aprobación de la orden con las bases reguladoras para la primera tanda de ayudas para la permuta de tierras que permitirá a la administración regional diseñar sus subvenciones complementarias
La vicepresidenta tercera del Gobierno y titular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, han escenificado esta mañana la buena sintonía de ambas administraciones en el cumplimiento del acuerdo para Doñana, que se firmó hace poco más de un año y que puso fin a una espiral de hostilidades que se abrió con la ley de ampliación de regadíos en el enclave natural que había impulsado el Ejecutivo autónomo. Esas desavenencias han quedado atrás y ambos dirigentes, que se han reunido esta mañana en el Palacio de San Telmo (la sede de la Junta) han incidido en el “compromiso” conjunto y la cooperación para garantizar la protección del coto y su humedal y el desarrollo socioeconómico de la zona.
“Es un día feliz, porque no todos los días se pueden alcanzar acuerdos ni se cumplen. Esto genera credibilidad en las instituciones por parte de los ciudadanos y confianza y eso se hace con entendimiento y generosidad por parte de las administraciones”, ha señalado el presidente andaluz, reiterando la importancia de esa colaboración que antes había destacado la vicepresidenta tercera: “Hemos trabajado intensamente para buscar caminos para evitar la degradación gracias al compromiso de la Junta y el Gobierno por este gran acuerdo”
Uno de los hitos esenciales en esa cooperación para el cumplimiento del plan de 350 millones suscrito en noviembre de 2023 para Doñana, es la publicación este mismo sábado de la orden con las bases reguladoras de la primera tanda de ayudas de 28 millones de euros para la permuta de tierras de los agricultores para incentivar la renaturalización del entorno del Parque Natural. Este compromiso fue esencial para garantizar el acuerdo y aplacar a los propietarios de invernaderos irregulares que estaban utilizando el agua de manera ilegal para sus cultivos, los beneficiarios de la ley que había impulsado el Gobierno de Moreno. “Estas bases son fundamentales para dar luz en las sombras, para ver quién tiene derecho, para fomentar cultivos con menos demanda de agua. Es esencial para que la Junta pueda sacar las bases de las ayudas complementarias”, ha incidido el presidente andaluz.
De los 350 millones de euros contemplados en el acuerdo para Doñana, 116 irán destinados a los agricultores que levanten sus cultivos en los 14 municipios del área de influencia del parque nacional. Cada empresario fresero que decida suprimir sus invernaderos, sean legales o ilegales, para “renaturalizarlos” recibirá a lo largo de una década 100.000, de los que el Gobierno aportará el 70%; la Junta pondrá otro 20% y la Diputación de Huelva el 10% restante. Las bases reguladoras publicadas por el Gobierno para la concesión de esta subvención no contemplan diferencias para los agricultores en función de si son regulares o irregulares, ha indicado Aagesen, y tampoco estipulan número de hectáreas (en un primer momento se habló de en torno a un millar). “Si en estas convocatorias aflora que hay necesidad de renaturalización de más hectáreas, se ampliará”, ha señalado la vicepresidenta.
Moreno, que ha destacado el “elevado nivel de audacia” del trabajo del equipo del Ministerio para adaptar las bases a la normativa europea y estatal, ha indicado que espera que para el verano puedan estar operativas tanto la primera tanda de ayudas del Gobierno como las complementarias de la Junta.
El primer encuentro entre Aagesen y Moreno, desde que la primera asumió la Vicepresidencia y la cartera de Transición Ecológica, ambos han dado cuenta del grado de cumplimiento de los dos marcos de actuaciones en Doñana, el medioambiental, para proteger el espacio natural, y el socioeconómico, para garantizar la sostenibilidad de la economía del entorno, en el que se encuadran las ayudas para las permutas de tierras. Del total de 708 millones comprometidos por el Ejecutivo nacional para las distintas actuaciones, en el que están involucrados hasta 12 ministerios, se ha ejecutado el 40%, entre estas medidas se incluye el cierre de pozos ilegales y regulares, más de 1.110, la disminución de extracción de aguas subterráneas, la recuperación y restauración de distintos enclaves naturales o la mejora saneamiento y depuración. “Son soluciones basadas en la ciencia, diálogo y compromiso de los equipos y estaremos dispuestos a poner el dinero que sea necesario para salvar a Doñana”, ha incidido la vicepresidenta.
21 millones para garantizar la dignidad de los temporeros
Moreno también ha destacado la implicación de la Junta en la protección del enclave y su compromiso de 728 millones -si bien muchos de los proyectos no están directamente vinculados al corazón de Doñana, como la construcción de depuradoras en Sevilla o las ayudas al sector pesquero-. El presidente andaluz ha indicado que el 80% de esas medidas ya se han empezado a ejecutar.
Aagesen también ha puesto en valor las iniciativas para garantizar la dignidad de los trabajadores y los temporeros del campo onubense. La vicepresidenta ha anunciado una línea de ayudas para garantizar acceso a vivienda digna con una línea asociada al Ministerio de Vivienda de 15 millones de euros en tres años y otra vinculada a la inclusión social y laboral, dotada con seis millones.
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