El Estado de derecho parece deteriorarse por momentos a ambos lados del Atlántico, especialmente en Estados Unidos, donde la Administración Trump se muestra decidida a poner patas arriba lo que era una referencia de buen hacer democrático. Mientras, las opciones políticas radicales también van conquistando parcelas de poder en Europa. Un deterioro que, en su medida, también nos alcanza, siendo cada vez más las voces que ven peligrar nuestro Estado de derecho.
El Estado de derecho parece deteriorarse por momentos a ambos lados del Atlántico, especialmente en Estados Unidos, donde la Administración Trump se muestra decidida a poner patas arriba lo que era una referencia de buen hacer democrático. Mientras, las opciones políticas radicales también van conquistando parcelas de poder en Europa. Un deterioro que, en su medida, también nos alcanza, siendo cada vez más las voces que ven peligrar nuestro Estado de derecho.Seguir leyendo…
El Estado de derecho parece deteriorarse por momentos a ambos lados del Atlántico, especialmente en Estados Unidos, donde la Administración Trump se muestra decidida a poner patas arriba lo que era una referencia de buen hacer democrático. Mientras, las opciones políticas radicales también van conquistando parcelas de poder en Europa. Un deterioro que, en su medida, también nos alcanza, siendo cada vez más las voces que ven peligrar nuestro Estado de derecho.
Bajo este concepto se entiende un modelo de gobernanza sustentado en cuatro grandes criterios: el imperio de la ley, la división de poderes, el respeto de los derechos fundamentales y la legalidad de la Administración. Unos principios esenciales que vertebran tanto nuestra Constitución como el Tratado de la Unión Europea. Así, dada su trascendencia, se entiende la preocupación cuando el poder político pretende ocupar espacios que no le son propios en beneficio de intereses partidistas. Ello inquieta, aún más, en la medida en que no se percibe por dónde reconducir la deriva democrática en pleno auge populista.
Muchos ciudadanos consideran que es la democracia la que les ha abandonado
De esta especie de callejón sin salida no nos saldremos si limitamos la concepción del Estado de derecho a lo jurídico e institucional, obviando la cuestión fundamental que, aún sin figurar en las definiciones académicas, se da por implícita: la justicia social. Solo de esta manera entenderemos por qué parte de la ciudadanía se muestra indiferente ante la pérdida de calidad democrática. No es que muchos ciudadanos abandonen alegremente la democracia, sino que consideran que es la democracia la que les ha abandonado.
Un desencuentro que viene de lejos y se origina en una economía que fractura y tiende a proletarizar a la clase media, a la vez que a hundir en una marginalidad irreversible a un porcentaje significativo de la población. Cuando una parte de la sociedad se considera perdedora y le cuesta llegar a fin de mes, la calidad de la vida pública pasa a convertirse en una preocupación menor. Así, mientras no afrontemos las razones de fondo del desencuentro entre ciudadanía y democracia, los populismos aumentarán, y con ellos, el menosprecio a los procedimientos democráticos.
Una buena parte de quienes se muestran alarmados por la salud de nuestro Estado de derecho se aferran a la Constitución como tabla de salvación. Curiosamente, nuestra Carta Magna comienza señalando: “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho…”. Es decir, sus ponentes quisieron priorizar la justicia social, entendida como la base que sustenta el denso entramado de derechos y libertades. Así, de la misma manera en que si se debilitan los cimientos de cualquier edificio, este amenaza con quebrarse, algo parecido sucede con nuestro Estado de derecho. En ello estamos
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