Según han explicado varios testigos, los policías actuaron desde el primer momento con la orden de inventar un disturbio para forzar la detención de hinchas del Táchira Leer Según han explicado varios testigos, los policías actuaron desde el primer momento con la orden de inventar un disturbio para forzar la detención de hinchas del Táchira Leer
«Avisarles a sus captores que ya finalizó el partido contra UCV campeón». El chavismo y su estrategia de represión nacional no escucha a nadie, ni siquiera a Richard Páez, seleccionador de Venezuela durante siete años, cuyas palabras abren esta crónica. Cinco de los 29 hinchas del Deportivo Táchira, derrotado el domingo por la Universidad Central de Venezuela (UCV) en la final del Torneo de Apertura del campeonato criollo, han sido recluidos en la siniestra cárcel caraqueña del Helicoide por decisión judicial, acusados sin ninguna prueba de los delitos de incitación al odio, lesiones graves, resistencia a la autoridad, daños violentos a la propiedad pública y ultraje a funcionario.
El autobús en el que estos aficionados viajaban desde San Cristóbal, capital del estado fronterizo de Táchira y tradicional bastión opositor, a Caracas para presenciar la final se topó a lo largo del recorrido de 800 kilómetros con distintos obstáculos montados por agentes chavistas para impedir que llegaran a la capital. Los seguidores aurinegros calculan que una veintena de autobuses quedaron atrapados en la trampa montada por los agentes, pese a los forcejeos y a los intentos de sobrepasar el bloqueo.
Un contingente de policías decidió interceptar uno de los autobuses y, bajo engaños, trasladarlo a Caracas, en ese momento a 120 kilómetros. Los agentes excluyeron a mujeres y niños y al resto los dejaron detenidos con absoluta arbitrariedad.
Según han explicado varios testigos, los policías actuaron desde el primer momento con la orden de inventar un disturbio para forzar la detención de hinchas del Táchira. En medios opositores se atribuye la operación al dueño del equipo campeón, uno de los represores más conocidos del chavismo. Se trata del coronel Alexander Granko Arteaga, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a quien Naciones Unidas señala en sus informes como uno de los peores torturadores del régimen.
La Fiscalía de Chile también ha investigado a El Barba como enviado de la revolución bolivariana en 2024 para el secuestro, tortura y ejecución del teniente rebelde Ronald Ojeda en Santiago. Gracias a la intervención y sustracción de propiedades y bienes de perseguidos y presos políticos, sumado a negocios ilegales, Granko ha levantado un pequeño imperio empresarial cuya guinda es la UCV Fútbol Club, en donde juega su hijo, casi siempre titular pese a que sólo cuenta con 16 años.
Para que quede claro quién manda en el equipo campeón, que durante su participación en la Copa Libertadores (la Champions latinoamericana) lucía el escudo de la DGCIM, el mediocentro Alexander Makelele González celebró la victoria del domingo portando en su cabeza el casco táctico de los agentes militares.
«Este encarcelamiento es un nivel superior de represión en Venezuela, un acto injusto y arbitrario que muestra que nadie está a salvo. Si le sumamos además la epidemia de las extorsiones de muchos policías y militares en todo el territorio nacional. Un país no puede progresar a punta de represión e inculcar miedo», advirtió Marino Alvarado, activista de derechos humanos de la organización Provea, también perseguida por el chavismo.
De poco le han servido a estos aficionados que su club, uno de los más tradicionales del fútbol venezolano, esté presidido por otro de los empresarios del chavismo, Jorge Silva, vinculado financieramente con el poderoso ministro de Interior, Diosdado Cabello. Al igual que sucediera el siglo pasado en Colombia con narcotraficantes como Pablo Escobar, jerarcas de la revolución usan a los clubs de fútbol para sus negocios y para ganarse simpatías en la afición.
Incluso Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezuela de Fútbol (FVF), ha extendido sus tentáculos hasta España, gracias a sus vínculos económicos y personales con Delcy Rodríguez. Giménez no sólo viajaba con la vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Nicolás Maduro en el polémico vuelo que aterrizó en Barajas en la madrugada del 20 de enero de 2020; el empresario también aparece en el caso Koldo: es la persona a la que Víctor de Aldama reclamaba dinero en efectivo en uno de los mensajes.
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