El historiador del arte y profesor universitario de legislación y tutela del patrimonio artístico Albert Velasco ha dimitido como miembro del plenario del Museo de Lleida por su total desacuerdo con la posición de la Generalitat de Catalunya ante el traslado de las pinturas del monasterio de Sijena, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo.
Albert Velasco ha dimitido por “la posición indigna y reprobable de la Generalitat de Catalunya ”, sobre las pinturas murales del monasterio de Sijena conservadas en el MNAC
El exconservador del Museu de Lleida y hasta ahora miembro del plenario Albert Velasco ha dimitido por “la posición de la Generalitat de Catalunya, indigna y reprobable”, sobre las pinturas murales del monasterio de Sijena conservadas en el MNAC.
Su mensaje en ‘X’ a última hora del viernes, recogido por Europa Press, adjunta la carta de dimisión, donde afirma que la actitud del Govern “tendría que provocar dimisiones diversas dentro del Departament de Cultura”.
“Ha trascendido en los medios de comunicación que la Generalitat está actuando contra los intereses del MNAC (y del país)” ante la sentencia del Tribunal Supremo sobre el traslado a Aragón de los frescos románicos del Monasterio de Santa María de Sijena que están en el MNAC de Barcelona, ha concretado.
Este viernes, el patronato del MNAC dijo en un comunicado que el grupo técnico sobre las pinturas (con miembros de los gobiernos central, catalán y aragonés, Ayuntamiento de Barcelona y MNAC) ya había hecho 2 reuniones en el museo.
El comunicado añadía que el MNAC presentará “de forma inminente” ante la justicia su anunciada incidencia de ejecución de sentencia: el patronato aprobó el lunes por unanimidad informar a la justicia de la “incapacidad técnica” del museo de trasladar las pinturas en el plazo establecido por la ley de enjuiciamiento civil.
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También el viernes, el Parlament aprobó una moción que instaba al Govern a “interponer una incidencia de ejecución, y si es necesario, explorar y tomar otras acciones legales disponibles” ante la sentencia, y pedía al Gobierno aplicar los criterios empleados antes en otros bienes frágiles (la moción de Junts se aprobó con el ‘sí’ de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP y AC, y el ‘no’ de PP y Vox).
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