El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha anunciado este viernes que ha abierto una investigación a los grandes portales inmobiliarios que publiquen anuncios de vivienda en alquiler que no cumplan con la ley de Vivienda. La investigación se abre tras haber detectado prácticas que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial en viviendas en zonas declaradas como tensionadas. El ministerio no nombra ningún portal directamente ni aporta cifras de momento.
El departamento ha detectado prácticas que podrían ser consideradas “desleales por engañosas” en zonas tensionadas
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha anunciado este viernes que ha abierto una investigación a los grandes portales inmobiliarios que publiquen anuncios de vivienda en alquiler que no cumplan con la ley de Vivienda. La investigación se abre tras haber detectado prácticas que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial en viviendas en zonas declaradas como tensionadas. El ministerio no nombra ningún portal directamente ni aporta cifras de momento.
En concreto, en el punto de mira se encuentran los anuncios de pisos en zonas tensionadas que ofrezcan precios superiores a los fijados por la ley de Vivienda para los grandes tenedores o que no incluyan el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en esta vivienda, para el caso de los particulares. También afecta a viviendas de titularidad pública que se anuncian en estos portales.
Estas prácticas podrían ser infracciones de la normativa de consumo como “prácticas desleales por engañosas” y, por tanto, acarrear sanciones, alerta el ministerio.
“Como en todas nuestras actuaciones, especialmente en materia de vivienda, vamos a hacer valer los derechos de la ciudadanía, de los consumidores y consumidoras frente a cualquier forma de abuso o de fraude ”, ha señalado el ministro, quien ha recordado las recientes multas de 179 millones de euros impuestas a cinco compañías low cost y la sanción de 64 millones a Airbnb por publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia . “Quien busque lucrarse sorteando la ley a costa de los consumidores y los ciudadanos lo va a pagar caro”, ha añadido.
Esta última actuación es posible gracias a la entrada en vigor este mes de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que refuerza las obligaciones de transparencia y de información con los consumidores. En el caso de los portales inmobiliarios, la nueva norma los obliga a publicar en los anuncios online de viviendas ubicadas en zonas tensionadas de forma clara y accesible la información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa, como por ejemplo, la última renta del contrato anterior para los particulares o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.
Así, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, informó el 29 de diciembre por carta a los diferentes portales inmobiliarios de las implicaciones para sus anuncios de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y de su responsabilidad como intermediarios entre arrendador y arrendatario.
El ministro ha aprovechado su intervención para hacer un llamamiento al Partido Popular a que aplique en los territorios en los que gobierna las medidas de contención de los precios que prevé la Ley de Vivienda en las zonas tensionadas, porque estas limitaciones “están funcionando”. “El precio del alquiler en la ciudad de Barcelona ha bajado un 5% desde que se declaró como zona tensionadas. Mientras tanto, en la ciudad de Madrid, el alquiler ha subido un 10% solo en el último año”, ha asegurado.
Bustinduy ha reiterado también su oposición y la de su partido, Sumar, a la medida propuesta por el presidente Pedro Sánchez de bonificar con hasta el 100% en el impuesto del IRPF a los caseros que acepten bajar o mantener el precio del alquiler. “Abordar la crisis de vivienda que vive nuestro país mediante bonificaciones fiscales a los propietarios es algo que no compartimos y que no vamos a aceptar nunca”, ha dicho. Sumar considera esta medida “injusta” e “ineficiente”.
”La única vía hacia adelante es la rectificación y la negociación sobre la prórroga de los contratos, para abordar la emergencia habitacional que representa la finalización de estos contratos que afectan a 2,7 millones de personas” este año y el que viene, ha recordado. Bustinduy ha señalado que la medida ya se ha aplicado en ocho ocasiones y que en ningún caso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra, en respuesta al argumento del Gobierno sobre la inconstitucionalidad de la propuesta.
Economía
