La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por gravar la vivienda no habitual de extranjeros con un IRPF equivalente al 2% del valor catastral del inmueble. La medida fiscal, que lleva muchos años en vigor, es considerada por Bruselas como una discriminación hacia los ciudadanos foráneos y pide que se corrija. El Gobierno considera que el expediente se acaba de iniciar y no tiene previsto tomar medidas inmediatas de carácter impositivo.
La Comisión Europa concluye que Hacienda discrimina a los no residentes
La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por gravar la vivienda no habitual de extranjeros con un IRPF equivalente al 2% del valor catastral del inmueble. La medida fiscal, que lleva muchos años en vigor, es considerada por Bruselas como una discriminación hacia los ciudadanos foráneos y pide que se corrija. El Gobierno considera que el expediente se acaba de iniciar y no tiene previsto tomar medidas inmediatas de carácter impositivo.
La Comisión ha informado hoy, a través de un comunicado, que el hecho de que España grave a los extranjeros no residentes que sean propietarios de una vivienda en España, bajo el concepto de que el inmueble estaría generando una “renta teórica”, es discriminatorio. Hacienda considera que esas viviendas vacías durante una parte del año están generando una ganancia a sus propietarios. Aunque no están alquiladas y, por tanto, no estén generando rentas.
Los propietarios españoles también tiene que abonar este impuesto por las viviendas que tienen vacías. Es decir, una persona física que viva en Barcelona pero que disponga de un apartamento vacacional en Girona tiene que abonar este impuesto, que se corresponde con un pago en el IRPF correspondiente al 2% del valor catastral del inmueble que aparezca en el recibo del IBI.
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Para Bruselas, la legislación española en materia fiscal vulnera, en este punto, los principios de libertad de movimiento de trabajadores y de libertad de movimiento de capital. Por ello, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento al Gobierno para que resuelva esta anomalía que ha detectado.
Se inicia, por tanto, un proceso que será largo y cuyo desenlace es incierto. España dispone ahora de dos meses para contestar a los requerimientos de la Comisión Europea. Y el Ministerio de Hacienda así lo hará.
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Sin embargo, el Ejecutivo comunitario se reserva acciones futuras y advierte que, en “ausencia de una respuesta satisfactoria” por parte de España, podría enviar un dictamen motivado, que es la segunda fase en este tipo de expediente. El expediente podría acabar en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
El expediente de Bruselas se conoce en pleno intento del Gobierno de desincentivar la compra de vivienda por parte de extranjeros. El PSOE presentó hace unos días una iniciativa legislativa para introducir en la legislación española un nuevo impuesto que gravaría un 100% el precio de los inmuebles que adquieran compradores foráneos. La norma aún tiene que tramitarse en el Parlamento y lograr una mayoría de votos.
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