El Ministerio de Salud de Brasil declara la emergencia de salud pública tras varias muertes por intoxicación Leer El Ministerio de Salud de Brasil declara la emergencia de salud pública tras varias muertes por intoxicación Leer
A principios de septiembre de 2025, Ricardo Lopes Mira, un empresario de 54 años, compró una botella de vodka en un bar del bohemio barrio de Mooca, en São Paulo. Aquella noche, al llegar a casa, la mezcló con Coca-Cola, como hacía habitualmente. Pocas horas después empezó a sentirse mal. Al principio parecían síntomas típicos de una borrachera, pero en pocas horas pasó a tener dificultad para respirar y visión borrosa. Fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde los análisis confirmaron la intoxicación por metanol. Ricardo enfermó el día 12 y murió cuatro días más tarde. Su caso fue el primero en encender las alarmas sobre lo que pronto revelaría una ola de envenenamientos por bebidas alcohólicas adulteradas. En pocas semanas, comenzaron a llegar en los hospitales pacientes con síntomas similares: dolor abdominal, visión borrosa, confusión mental. Otros llegaban muertos.
El olor era acre, metálico, como el de un taller mecánico. En el interior de una nave en São Bernardo do Campo, a las afueras de São Paulo, la Policía Civil brasileña descubrió, el 10 de octubre, uno de los epicentros de la cadena ilegal. Esta destilería improvisada, que operaba sin autorización, fabricaba bebidas adulteradas (como un líquido incoloro que parecía vodka) utilizando etanol comprado en gasolineras. El producto contenía metanol. Según la policía, dos puestos de venta de combustible en la zona (incluyendo uno en São Bernardo y otro en Santo André) ya vendían el etanol contaminado, el cual era envasado en garrafas suministradas por un pequeño depósito justo al frente.
En los depósitos, además de las botellas falsificadas, las autoridades encontraron etiquetas, sellos de marcas conocidas y un rudimentario sistema de embotellado. Las bebidas, en su mayoría vodkas y licores incoloros, se distribuían a bares y comercios, que las compraban sin conocer su origen a precios muy inferiores al mercado legal. «No hay milagros si alguien vende una botella que cuesta 100 reales por 30, hay algo mal», advirtió un portavoz de la policía tras las primeras detenciones, que incluyeron a Vanessa Maria da Silva, líder de la producción.
El etanol utilizado estaba contaminado con metanol en proporciones muy superiores a las permitidas para uso industrial. En la mezcla final, los forenses hallaron concentraciones de entre un 14,6 % y 45,1%. Desde el punto de vista mecánico, esas proporciones son corrosivas y dañan los componentes esenciales del motor de un vehículo. En el cuerpo humano, si se ingiere, concentraciones de apenas 0,1 % resultan letales y, en el mejor de los casos, en dosis menores, provocan ceguera irreversible. Eso es porque, al ser ingerido, el metanol se transforma en formaldehído y ácido fórmico -usado por ejemplo para la preservación de insectos y animales disecados o en el control de plagas en apicultura-, compuestos que atacan el sistema nervioso y el nervio óptico.
Más allá de la fábrica detectada, las investigaciones apuntan a un circuito organizado que ya ha dejado seis muertos en Sao Paulo, dos en Pernambuco y uno en Paraná. Primero, los grupos criminales consiguen etanol de uso industrial que ya está mezclado o contaminado con metanol. Por su parte, se traslada ese etanol a talleres clandestinos donde se mezcla, envasa y etiqueta como si fuera bebida legítima. Así, la misma red que gestiona el desvío y la adulteración de combustibles controla toda la cadena -materia prima, producción y distribución-, lo que permite que un producto altamente tóxico llegue al consumidor sin que este lo sepa.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, reconoció públicamente la posible implicación del crimen organizado en estos casos: «No descartamos la participación de facciones criminales en estos casos de intoxicación», declaró a principios de octubre, aunque el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lo negó desde el principio. Mientras tanto, el ministro de Salud, Alexandre Padilha, insiste en la prevención: «No consumáis bebidas destiladas en este momento».
Las víctimas no se limitan a los consumidores de bares. Aunque la crisis puso en evidencia la débil fiscalización del mercado de bebidas en Brasil y el crecimiento del mercado ilegal, lo habitual era registrar alrededor de 20 casos al año. En esta ocasión, el perfil de los afectados es distinto: muchas personas sin hogar, que buscan alcohol barato o sustitutos del etílico, terminan consumiendo líquidos industriales o mezclas de procedencia desconocida.
El Ministerio de Salud declaró la situación como una emergencia de salud pública. Las cifras oficiales, que oscilan entre 41 y 46 casos confirmados y más de un centenar en investigación, podrían ser apenas la punta del iceberg. Mientras tanto, los hospitales continúan atendiendo intoxicaciones, principalmente en São Paulo, Paraná, Pernambuco y Río Grande do Sul, epicentro de la crisis que ya se ha extendido a 13 estados brasileños.
La crisis del metanol también ha golpeado la economía. Según declaraciones de comerciantes al periódico O Globo, las ventas en bares y restaurantes han caído entre un 30% y un 50% desde que comenzaron los casos de intoxicación, especialmente en establecimientos especializados en destilados. La caída se atribuye al temor de los clientes y a las recomendaciones oficiales de evitar bebidas alcohólicas destiladas. Muchos bares han visto amenazada su estabilidad, reduciendo contrataciones, postergando inversiones y enfrentando pérdidas significativas, mientras el público se desplaza hacia opciones consideradas más seguras, como las cervezas.
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