El Ministerio de Sanidad tiene preparado un nuevo Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia para mejorar los procesos que llevan a la muerte digna, acortarlos en caso de urgencia y dar más protagonismo al papel de la enfermería. El documento se iba a votar este viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), un día después de la mediática muerte de Noelia Castillo por este procedimiento, pero no es consecuencia del caso: surge de años de trabajo de la dirección de Salud Pública.
Un nuevo manual de buenas prácticas, que deben votar las comunidades, busca evitar trabas burocráticas y homogeneizar el acceso al derecho en toda España
El Ministerio de Sanidad tiene preparado un nuevo Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia para mejorar los procesos que llevan a la muerte digna, acortarlos en caso de urgencia y dar más protagonismo al papel de la enfermería. El documento, que se iba a votar este viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), un día después de la mediática muerte de Noelia Castillo por este procedimiento, surge de años de trabajo de la dirección de Salud Pública.
Pero la huelga de los médicos ha acaparado toda la reunión, en la que se ha acordado proponer una figura de mediación para seguir avanzando en el conflicto, que seguramente será una asociación de pacientes. El resto de puntos del orden del día, incluido el manual de eutanasia, se ha aplazado al 9 de abril, según ha confirmado Mónica García, ministra de Sanidad.
Si se aprueba ―es lo previsible―, sustituirá la guía que se usaba cuando entró en vigor la ley de la eutanasia, en 2021. Desde el principio, quedó de manifiesto que la burocracia a veces entorpecía el acceso al derecho: un tercio de las personas que la solicitan fallecen antes de acceder a la eutanasia.
La nueva edición incluye la recomendación de tramitar de forma abreviada los casos más urgentes, permitiendo reducir los tiempos al mínimo posible sin menoscabar las garantías legales, que siguen pasando siempre por un proceso muy garantista: el visto bueno de un médico, un segundo facultativo sin relación con el paciente y un comité de garantías.
La persona que solicita la eutanasia tiene que pedirla dos veces con un plazo de al menos 15 días entre ambas, periodo que se podrá acortar en estos casos urgentes en los que la vida del paciente o sus capacidades corran un riesgo inminente, siempre que el médico lo justifique en un informe.
El manual también otorga más protagonismo al papel de la enfermería. Se convertirá en una figura de referencia, de forma parecida a lo que sucede con los trasplantes: sus funciones incluyen apoyo informativo y acompañamiento a la persona solicitante, preparar el entorno y el material necesario, realizar los cuidados y procedimientos. Debe ser el pilar que apoye a los familiares y cuidadores, además de orientarlos sobre los recursos disponibles para el acompañamiento en el duelo.
Sanidad ha querido solucionar también otro de los grandes problemas con los que se ha topado la ley para su entrada efectiva en vigor: la gran inequidad territorial. Algunas comunidades realizan, en términos relativos y sin una justificación demográfica que lo explique, 20 veces más eutanasias que otras: es la diferencia entre País Vasco y Extremadura.
La nueva edición del texto incorpora una nueva estructura organizativa basada en unidades administrativas de apoyo, ya presentes en varias autonomías, para asegurar un funcionamiento correcto, accesible y homogéneo de la prestación. Estas unidades actúan facilitando información a la ciudadanía, apoyo operativo a los profesionales y coordinación con los servicios de salud, algo que, según organizaciones como Derecho a Morir Dignamente (DMD), falla en los territorios que realizan menos prestaciones.
Los tiempos del proceso también cambian: una vez reconocido el derecho a la prestación, el paciente podrá solicitar un aplazamiento de hasta seis meses (entre uno y dos con el texto vigente hasta ahora) y se incluye la posibilidad de suspender temporalmente la eutanasia por “circunstancias excepcionales y transitorias acordes con la normativa vigente”.
El texto incluye por primera vez un apartado sobre donación de órganos, para que las personas que reciben la prestación cuenten con unos protocolos claros si deciden donarlos, algo que se ofrecerá de forma independiente y sin interferir en la tramitación de la solicitud de eutanasia.
García ha calificado este manual como “muy importante”. También se ha referido a Noelia Castillo, cuyo caso no se habría visto afectado por los cambios en el manual de ninguna manera. “Ha ejercido su derecho a morir dignamente tal y como contempla la ley”, ha dicho, lamentando que “organizaciones ultras” la hayan estado “acosando y presionando” hasta el último momento.
El Parlamento de Cataluña sí está tramitando una norma que pretende evitar casos como el de Noelia, reduciendo los plazos en los recursos judiciales para intentar evitar dilaciones como los 20 meses que tuvo que aguardar Castillo hasta poder morir desde que se aprobó su eutanasia. Esta iniciativa llegará al Congreso y su aprobación dependerá de si los grupos votan mayoritariamente a favor del cambio en la ley.
Por otro lado, el Tribunal Supremo llevará a su pleno del 19 de mayo, previsiblemente, un debate para sentar jurisprudencia sobre si los familiares de pacientes que solicitan la muerte digna están legitimados para oponerse a la eutanasia.
El CISNS también tiene sobre la mesa la Estrategia de Cuidados Paliativos 2026-2030, que pretende blindar esta atención como un derecho de cualquier persona, viva donde viva y tenga la enfermedad que tenga. 25 años después del primer Plan Nacional, la nueva estrategia deja atrás una visión restringida a los últimos meses de vida y sitúa el foco en el sufrimiento provocado por la enfermedad como criterio para activar la atención.
España ocupa el 28º lugar del mundo en cuidados paliativos, y es el penúltimo país del grupo de los avanzados, solo por delante de Corea del Sur, según el primer Atlas Mundial que evalúa esta prestación, elaborado el año pasado por el Observatorio Atlantes de la Universidad de Navarra con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según el documento, cuya votación también ha sido aplazada, el 75% de las muertes se producen ya por enfermedades crónicas que generan necesidades paliativas. El cáncer representa una cuarta parte de esos casos, pero las enfermedades no oncológicas, como las demencias, las insuficiencias de órgano o la fragilidad avanzada, suponen la mitad. En una población cada vez más envejecida, el perfil más habitual ya no es el del enfermo oncológico, sino el de personas con multimorbilidad y deterioro progresivo, lo que lleva a apostar por una identificación más temprana de estas necesidades en todos los niveles asistenciales.
La estrategia reserva una atención específica para niños y adolescentes, con cobertura desde la etapa prenatal, medidas para evitar transiciones bruscas a los recursos de adultos y apoyo para sostener la educación con aulas hospitalarias y atención en casa.
También plantea atención continuada las 24 horas durante todo el año, refuerzo de la telemedicina y una mayor coordinación entre hospital y domicilio mediante profesionales de enlace.
El texto incorpora, además, una mirada social: reconoce el sesgo de género en la valoración del dolor, la sobrecarga que asumen muchas cuidadoras y la necesidad de evitar que las personas mayores en residencias reciban una atención peor, al tiempo que impulsa las llamadas comunidades compasivas para implicar al entorno en el acompañamiento al final de la vida.
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