El Ministerio de Trabajo acelera sus planes para impulsar la participación de los trabajadores en los consejos de administración y en acceder incluso a la propiedad de las empresas. Si hace un año, encargó un informe sobre el tema a una comisión internacional de expertos, hoy lo han presentado y con esta base, preparará una ley con umbrales para su participación en los órganos de dirección y en la propiedad de las compañías, en función de las plantillas.
El informe también plantea un acceso a la propiedad a partir del 2% que se modularía según la plantilla
El Ministerio de Trabajo acelera sus planes para impulsar la participación de los trabajadores en los consejos de administración y en acceder incluso a la propiedad de las empresas. Si hace un año, encargó un informe sobre el tema a una comisión internacional de expertos, hoy lo han presentado y con esta base, preparará una ley con umbrales para su participación en los órganos de dirección y en la propiedad de las compañías, en función de las plantillas.
El objetivo, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es que “es hora de que la democracia entre en nuestros lugares de trabajo”, y el punto de partida se basa en el artículo 129.2 de la Constitución que afirma que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
Los debates arrancarán con este informe de los expertos que plantea dos propuestas centrales. Por un lado, que los trabajadores dispongan de hasta la mitad de los puestos del consejo de administración en empresas de más de mil empleados; y de un tercio en el caso de las que tengan una plantilla de entre 50 y mil empleados. Por otro lado, también propone un acceso a la propiedadque oscila entre el 2% y el 10% en el caso de las grandes corporaciones.
Como elementos complementarios el informe reclama que los comités de empresa tengan un derecho de codecisión en el funcionamiento y utilización de la Inteligencia Artificial (IA), y también que se creen fondos ciudadanos que eviten la disolución de empresas viables e crisis de sucesión.
Durante la presentación del informe, la presidenta del comité de expertos, Isabelle Ferreras, del Fondo de la Investigación Científica de Bélgica FNRS-UCLouvain_CriDIS_TED, ha indicado que España está entre los países que menos desarrollado tiene el reconocimiento de las personas trabajadoras y, aunque existen comité de empresas y representación sindical, los derechos de representación que tienen los trabajadores son muy limitados y no permiten la participación estratégica.
“Dieciocho de los veintisiete países europeos han reconocido legalmente el derecho de los trabajadores en empresas del sector público y a menudo también privado a estar representados en los consejos de administración de las empresas, y aquí España se sitúa a la cola del tren europeo”, ha expuesto.
Voz y propiedad son los dos parámetros que los expertos recomiendan dar a los trabajadores y para estimular su implementación, plantean establecer un sistema de incentivos para recompensar el acceso a un mayor nivel de participación de los trabajadores. Un indicador denominado Índice de Desarrollo Democrático Corporativo serviría de guía para movilizar subsidios públicos, beneficios fiscales, y mejor acceso a la onratacion pública a los mejores cumplidores.
Economía
