El alto tribunal andaluz anula la suspensión de relaciones académicas de la Universidad de Granada con Israel por ser “discriminatoria”

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado el acuerdo que la Universidad de Granada aprobó el 17 de mayo de 2024 en el que suspendía las colaboraciones académicas, científicas y técnicas con las universidades e instituciones académicas israelíes con las que tenía suscritos convenios, por no haber condenado la violación de los derechos humanos del Gobierno de Israel en la guerra contra Gaza. El alto tribunal andaluz admite con esta decisión el recurso que presentó la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio -que fue desestimado por un tribunal de instancia- y entiende que la decisión adoptada por la UGR es “discriminatoria” al “estigmatizar” y “de alguna manera responsabilizar del conflicto” a los estudiantes, personal docente, investigador y técnico afectados por la medida. La universidad granadina ha informado de que está estudiando la posibilidad de interponer un recurso contra el fallo del TSJA.

En su escrito, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que el acuerdo aprobado por el Consejo de gobierno de la UGR no está amparado por la autonomía universitaria, que “no excluye las limitaciones que imponen otros derechos fundamentales”. “Consideramos que los pronunciamientos sobre asuntos de actualidad política de las instituciones públicas, ajenos a su concreta esfera de competencias, es contrario a derecho si contienen, como es el caso, medidas que vulneran los derechos fundamentales”.

La UGR acordó el pasado 17 de mayo suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes “que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario”, lo que incluía “suspenderla movilidad entrante y saliente de estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión, administración y servicios con universidades israelíes”, lo que afectaba al programa Erasmus y a los convenios de lectorado y cursos de verano con la Universidad Bal.Illan y la de Tel-Aviv. La dirección de la universidad adoptó esta decisión después de que la Conferencia de Rectores (CRUE) y la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) se hubieran comprometido una semana antes a revisar y suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hubieran expresado su compromiso con la paz. Las dos organizaciones reclamaban al Estado de Israel que permitiera la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, el cese de las operaciones militares de su ejército y a Hamás el cese de cualquier acción terrorista y la liberación de los rehenes secuestrados.

El TSJA considera que el acuerdo es “discriminatorio” y “vulnera la dignidad de la persona en relación con el derecho a la integridad moral”, por entender que además de estigmatizar y responsabilizar del conflicto a las personas afectadas por la suspensión -alumnos y personal docente-, las “excluye de la vida universitaria, sin ni siquiera conocer cuál es su opinión sobre el estado actual del conflicto, transmitiendo a la opinión pública una opinión negativa sobre ellos, enfrentándoles con el resto de la población y generándoles un peligro”. Para el tribunal esta situación es “extraordinariamente grave” al partir de “una institución educativa tan relevante como una universidad pública”.

Para el alto tribunal andaluz, el acuerdo “viene a responsabilizar a estudiantes, profesorado y personal del mantenimiento del conflicto por una simple circunstancia derivada de su relación con una universidad israelí” , sin que la UGR tampoco haya justificado en qué medida ese acuerdo dirigido a esos concreto destinatarios “puede coadyuvar a la solución del conflicto”.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Red Universitaria por Palestina, que participaron como codemandadas en el proceso, han expresado a través de un comunicado su “profunda preocupación” por lo que consideran un “retroceso jurídico” y recuerdan que la UGR, cuando suscribió el acuerdo, lo hizo plenamente alineada con la legislación universitaria, sus estatutos y el deber de respetar el derecho internacional. Las dos entidades recuerdan que esta sentencia del TSJA llega en un momento en el que la Comisión Internacional Independiente de la ONU ha concluido que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y que este mismo jueves la Fiscalía General del Estado ha ordenado investigar posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

No obstante, fue la Fiscalía quien se adhirió al recurso presentado por la ACOM contra el Juzgado de los Contencioso Administrativo número 3 de Granada que lo rechazó en marzo de este año por entender que la Universidad había actuado dentro de su autonomía universitaria y que el acuerdo no constituía discriminación, sino una respuesta proporcional y ajustada a derecho. La APDHA y la Red Universitaria por Palestina van a interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo: “No es discriminatorio suspender relaciones institucionales con actores implicados en graves violaciones del derecho internacional, sino un acto de compromiso y garantía de los derechos humanos”.

La UGR no es la única universidad andaluza que decidió en su momento suspender relaciones con otras instituciones universitarias e investigadoras de Israel. La de Jaén hizo lo mismo el mismo día que la de Granada y en las semanas siguientes se sumaron la de Sevilla, Málaga o Córdoba y el resto de entidades que tenían suscritos convenios con centros de ese país. Fuentes de la APDHA indican que no les consta, por el momento, que ACOM haya interpuesto recursos contra otras universidades públicas andaluzas.