El 11,6%. Ese es el porcentaje de municipios que tienen hasta ahora firmado el convenio de adscripción al Sistema VioGén, el de seguimiento de las víctimas de violencia machista y sus agresores, es decir, que solo alrededor de 12 de cada 100 aportan recursos policiales propios para proteger a estas mujeres; 807 ayuntamientos de los 6.933 que existen en España excluyendo los que pertenecen a País Vasco (252) y Cataluña (947), que tienen sistemas independientes para llevar estos casos. La casuística para no adherirse al sistema ―que no es obligatorio, pero sí recomendable para un problema estructural como es la violencia de género― es variada y los motivos a veces se entrecruzan, pero entre los principales está la falta de efectivos, cómo está distribuida la población y también la ausencia de voluntad de quienes ostentan cargos en esos ayuntamientos.
La falta de efectivos, la distribución de la población y la ausencia de voluntad política están entre los principales motivos
El 11,6%. Ese es el porcentaje de municipios que tienen hasta ahora firmado el convenio de adscripción al Sistema VioGén, el de seguimiento de las víctimas de violencia machista y sus agresores, es decir, que solo alrededor de 12 de cada 100 aportan recursos policiales propios para proteger a estas mujeres; 807 ayuntamientos de los 6.933 que existen en España excluyendo los que pertenecen a País Vasco (252) y Cataluña (947), que tienen sistemas independientes para llevar estos casos. La casuística para no adherirse al sistema ―que no es obligatorio, pero sí recomendable para un problema estructural como es la violencia de género― es variada y los motivos a veces se entrecruzan, pero entre los principales está la falta de efectivos, cómo está distribuida la población y también la ausencia de voluntad de quienes ostentan cargos en esos ayuntamientos.
Sean cuales sean las razones, las mayores y principales consecuencias recaen sobre ellas, sobre las víctimas de violencia de género, “que son las que pierden la posibilidad de que el sistema que tiene que protegerlas sea mejor”, dice Rosa Arcos Caamaño, la portavoz en Galicia de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), que son las de la parte de la geografía española a la que más afecta este hueco del sistema porque pertenecen a las poblaciones más pequeñas y por lo tanto a las que cuentan con menos personal. Porque si de algo requiere VioGén es de efectivos, y efectivos especializados en violencia de género.
Este sistema, creado en 2007 y único en el mundo, se ocupa de medir cuál es el riesgo de que una víctima pueda volver a sufrir violencia mediante entrevistas, tanto con ellas como con sus agresores; de meter esos datos en el sistema, y de tomar decisiones para protegerlas según el nivel de peligrosidad que da el programa como resultado de la información introducida.
Lleva, con datos del Ministerio de Interior, más de 6,5 millones de valoraciones de riesgo hechas desde que se activó y más de 840.000 casos recogidos, y son la Guardia Civil ―en los ámbitos rurales― y la Policía Nacional ―en los urbanos― los cuerpos que principalmente realizan este trabajo con personal formado para hacerlo, además de especialistas de la administración de Justicia, de Instituciones Penitenciarias, de servicios sociales o los equipos de violencia sobre las mujeres de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno.
La última información publicada por Interior cifra en 43.410 personas las que tienen acceso al sistema, más de la mitad son guardias civiles (22.287), después el mayor grueso es de policías nacionales (6.116), seguidos de las locales (2.734). Y estos últimos son esenciales a la hora de prestar apoyo tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil; sobre todo a este último cuerpo y sobre todo en los entornos rurales “porque son quienes conocen a las personas en cada pueblo, las que están más en contacto directo con esas mujeres, con los agresores, con las familias, pueden conocer de formas más directa y diaria qué está pasando, pueden tener una información fundamental sobre los casos”, explica Arcos, de Fademur.
En violencia de género, “cualquier recurso que sume a lo que ya se hace es o puede ser, literalmente, vital”, añade. En general, en todo el territorio, la Nacional y la Guardia Civil se ocupan de los casos de mujeres en riesgo extremo, alto y medio; y en aquellos municipios que ya están en el sistema, la Policía Local suele ocuparse de los de riesgo bajo o no apreciado.
En este momento, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, hay 102.575 mujeres en el sistema registradas como víctimas de violencia machista: 15 en riesgo extremo, 978 en alto, 13.734 en medio, 43.235 en bajo, y 44.613 en no apreciado. Y ellas son solo las que constan oficialmente, porque son los casos en los que existe denuncia, pero se estima que la bolsa de violencia oculta se mueve entre el 80% y el 90%.
Y ocurre en la mayoría de ocasiones que son los casos de los que las instituciones no tienen constancia en los que los agresores acaban asesinando a sus parejas o exparejas; y en los que sí tiene constancia, los crímenes también se dan a veces en los niveles más bajos de riesgo. Por una parte porque las que están en peligro alto y extremo tienen de forma mayoritaria una protección que evita el posible asesinato; por otra, porque hay parte de la violencia que es muy difícil de predecir y otra que directamente es imposible.
Pero para al menos intentarlo, y al menos en las situaciones de las que sí se tiene constancia, el seguimiento y el conocimiento diario de la vida de esas mujeres, de los agresores y de los entornos y los contextos es una parte fundamental. Eso quien mejor puede hacerlo es quien más cerca está, y quien más cerca está, dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en las localidades más pequeñas, son la Guardia Civil ―por ser su ámbito de actuación― y la Policía Local.
Aún así, y a pesar de la evolución en las últimas dos décadas, la inmensa mayoría de los municipios no tienen convenio de adhesión a VioGén. Desde el Ministerio de Interior explican que no puede saberse por qué un municipio concreto no solicita adscribirse al sistema, lo que sí saben es “por qué, en algunos casos, localidades que sí han querido al final no han podido hacerlo”, y eso en parte tiene que ver “con el altísimo consumo de recursos humanos que exige la operativa del sistema, y que no afecta solo a las plantillas de las policías municipales, sino también a los recursos en servicios sociales, atención jurídica, etcétera, de que dispone cada ayuntamiento”.
Algo estrechamente relacionado con el reparto de la población en el territorio y el reparto, por tanto, de los efectivos. En un análisis del año pasado del profesor de la Universidad de Salamanca Daniel Terrón Santos ―Municipios rurales de reto demográfico y garantía del servicio de policía local―, aludía al inicio del estudio a que la “gran mayoría tienen menos de 5.000 habitantes, incluso menos de 2.000, con una extensión territorial considerable y un número de localidades integradas en el municipio en no pocas ocasiones, lo que no hace sino multiplicar varias veces el número de entidades locales existentes. En proporción, el número de agentes de policía local, cuando existe, es exiguo para las funciones que se exigen hoy a este cuerpo”.
Porque esa despoblación y esa dispersión territorial hace que muchos de esos municipios no tengan cuerpo de policía local propio, por un lado, y que sea la Guardia Civil quien se encargue de esas zonas que abarcan en muchas ocasiones varios núcleos de población. ¿Es normal que pueblos de 500 o 1.000 o 2.000 habitantes no estén adheridos a VioGén? Podría serlo si ni siquiera pueden tener cuerpo propio de policía.
Los hay, sin embargo, que con esa población sí están adscritos, como Potes (Cantabria) o Piedralaves (Ávila); y los hay que superando con mucho esa población no lo están, como Cartagena (Murcia), Coslada (Madrid) o Vélez-Málaga; e incluso aún no lo están siete capitales de provincia, Las Palmas de Gran Canaria, Badajoz, Cáceres, Albacete, Toledo, Teruel y Zaragoza.
Desde razones políticas a falta de recursos
De esas siete, Badajoz, Cáceres y Albacete no han respondido a la petición de información de este diario. De las que sí, desde la capital canaria explican que ya “la Policía Local tiene una unidad especializada en atención a personas especialmente vulnerables entre ellas víctimas de violencia de genero”, y que “además esta unidad cuenta con instalaciones propias orientadas a la atención integral” donde “las víctimas reciben atención policial, social y legal y que están diseñadas de forma que no se produzca la doble victimización y sin que parezcan una comisaría”.
Añaden también que “el retraso en la inclusión es que el convenio VioGén establece un marco general para las policías locales que no encaja” con lo que ya se hace en Las Palmas. “No tendría ningún sentido incorporarse para prestar una peor atención a las víctima. Llevamos tiempo negociando un convenio de forma que nos permita integrarnos sin desmontar el servicio que damos y esperamos cerrar el acuerdo en breve”, dicen.
En Teruel ese acuerdo está también sobre la mesa y afirman que depende del proceso de ampliación de plantilla en el que ahora mismo están inmersos. “Van a salir cuatro nuevas plazas en un proceso que finalizará más o menos a final de año, y cuando se refuerce esa plantilla se estará en disposición de firmar ese convenio, aunque ahora mismo no hay fecha definitiva ni clara”.
Desde Zaragoza cuentan primero “los antecedentes” de por qué aún no están en VioGén. “Desde que se puso en marcha, la izquierda gobernó durante varias legislaturas y no se hizo nada por entrar en el sistema”, alega el portavoz de ese ayuntamiento. La primera vez que se llevó a pleno fue en 2019, “con el PP gobernando en coalición con Ciudadanos”. Fue entonces cuando se empezó a trabajar entre la policía local de Zaragoza y los técnicos de la Delegación de Gobierno.
En medio llegó la pandemia y después una propuesta de la Delegación que no quiso asumir el consistorio, que era hacerse cargo no solo de las mujeres en nivel de riesgo bajo o no apreciado sino también medio. Pensaron que no era conveniente por el nivel de especialización que requiere y propusieron empezar por los niveles más bajos y hacerse cargo del medio más adelante, pero tampoco esa solución salió adelante y comenzó otra negociación que llega hasta hoy, con el PP en el gobierno municipal. En principio ya está cerrada ―“aunque no firmada”― y supondrá hacerse cargo del 10% de los casos de nivel no apreciado y bajo tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.
Y esa cuestión política también la recuerdan desde Toledo, que entró este pasado 11 de julio a formar parte del sistema con un ayuntamiento gobernado en coalición por el PP y Vox, un partido negacionista de la violencia machista y marcadamente antifeminista. Inés Cañizares, la vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, de ese partido de ultraderecha, es quien afirma al teléfono que después de muchos años de gobierno socialista, cuando llegaron, se encontraron “con que nunca se firmó el convenio que había sobre la mesa”.
Alega que era “disperso y no concretaba nada”, por lo que empezaron “el trabajo de nuevo” para adherirse a “una herramienta eficaz, útil, que no es propaganda y para la que se ha seleccionado a personas con un perfil específico porque esta cuestión lo requiere”.
Para Rosa Arcos, de Fademur, son necesarios todos los ayuntamientos que puedan sumarse a este sistema que se activó hace ya 18 años. No solo necesarios sino que es exigible en un problema estructural que desde que hay estadística oficial registra 1.315 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, pero también miles y miles de mujeres y menores que cada día sufren violencia: “Para mejorar los mecanismos del Estado para protegerlas, para que sean lo más ágiles posibles. Y esto, muchas veces, es más cuestión de voluntad que de medios”.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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